En medio del escándalo que desató la detención del exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, en el llamado "caso Koldo", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles un paquete de 15 medidas anticorrupción diseñadas junto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el que busca mantener el apoyo de sus socios.
El plan fue presentado en una sesión extraordinaria del Congreso, convocada para que el mandatario explicara su postura ante las acusaciones que involucran al exministro de Transporte José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García, en una trama de adjudicación de obra pública a cambio de comisiones, que ya llevó a la cárcel a Cerdán, hombre clave en el gobierno de Sánchez.
La investigación judicial incluye grabaciones de conversaciones en las que los presuntos implicados abordan el reparto de mordidas por obras públicas, o las cualidades de unas prostitutas, lo que desató la ira en el partido socialista.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que la mayoría de las medidas fueron propuestas por Sumar, socio minoritario en la coalición. "De las medidas del plan anticorrupción que presentamos, usted ha aceptado 10", aseguró en el Congreso.
Los principales ejes del plan: transparencia, control y penalización
Entre las medidas más destacadas figura la creación de una Agencia de Integridad Pública independiente, encargada de centralizar las tareas de prevención y persecución de prácticas corruptas. Esta agencia podrá realizar controles patrimoniales aleatorios y anuales a altos cargos durante todo su mandato.
Además, se implementará un sistema de “listas negras” de empresas condenadas por corrupción, que les prohibirá contratar con la administración pública.
Se endurecerá el Código Penal, duplicando los plazos de prescripción y aumentando las multas, que se calcularán en función de los ingresos anuales de las compañías y no solo de los beneficios obtenidos mediante el delito.
Auditorías externas y transparencia en la financiación política
Sánchez también apuntó al corazón de la financiación política. Se exigirá que todos los partidos y fundaciones que reciban más de 50.000 euros de fondos públicos realicen auditorías externas independientes.
Además, los partidos que mantengan en sus listas o estructuras a personas condenadas por corrupción perderán sus subvenciones públicas.
Para frenar la influencia de grandes donantes, el Gobierno propone reducir a 2.500 euros el umbral de publicación de donaciones y establecer un plazo máximo de un mes para hacer públicas esas contribuciones.
Control y tecnología en la contratación pública
El plan contempla también una reforma del sistema de adjudicación de contratos públicos, inspirada en los mecanismos de los fondos europeos Next Generation. Se introducirán herramientas de inteligencia artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público para detectar patrones de riesgo y señales de fraude.
Además, las empresas que deseen contratar con el Estado deberán contar con sistemas de compliance anticorrupción.
Medidas judiciales: tribunales especializados y decomisos sin condena
En el ámbito judicial, se crearán secciones especializadas en delitos contra la administración pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces expertos en la materia.
Como medida destacada, se introduce el decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas incluso sin condena firme, evitando que el dinero robado se evapore antes de que la justicia actúe.
Sánchez también se comprometió a reforzar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, encargada de localizar y administrar bienes obtenidos ilícitamente.
"En España no existe una corrupción generalizada"
En su intervención de 45 minutos ante el pleno del Congreso, Sánchez aseguró que “en España no existe una corrupción generalizada” y que “la inmensa mayoría de los servidores públicos actúan con integridad”, pero reconoció que hay que ir más allá y atacar con firmeza las “manzanas podridas”.
Sánchez se definió como “un político limpio que desconocía las corruptelas” de Cerdán y Ábalos, aunque admitió errores en sus nombramientos.
A pesar de las críticas de la oposición, reafirmó su intención de “estar a la altura” y aseguró que no va a dimitir ni a convocar elecciones anticipadas.
Por otro lado, atacó al PP y Vox, a quienes acusó de construir un relato de deslegitimación personal y de tener una “doble moral” ante los casos de corrupción que afectaron a sus filas. Recordó que otros gobiernos también sufrieron episodios de corrupción, mencionando explícitamente a José María Aznar y Felipe González.
