Contexto
¿Qué situación enfrentan los menores migrantes no acompañados en Canarias?
Los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias están viviendo en condiciones de hacinamiento dentro del sistema de protección autonómico. Muchos de ellos han solicitado asilo o han manifestado su intención de hacerlo, lo que les da derecho a recibir un trato específico dentro del sistema nacional de acogida. Sin embargo, estos recursos no les han sido proporcionados, lo que ha generado una situación crítica.
¿Por qué el Tribunal Supremo interviene en este asunto?
El Tribunal Supremo actúa a raíz de una solicitud del Gobierno de Canarias, que alertó sobre la grave situación que enfrentan estos menores. El TS considera que la medida cautelar solicitada es "imprescindible" para corregir el hacinamiento y garantizar el acceso de los menores al sistema de acogida y protección internacional, un derecho fundamental que les corresponde.
¿Qué implicaciones tiene la resolución del TS para el Gobierno español?
La decisión del TS obliga al Ejecutivo de Pedro Sánchez a tomar medidas inmediatas para trasladar a estos menores al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional. Además, el Supremo ha establecido que el Gobierno debe informar sobre las acciones tomadas en un plazo de diez días. Si no se cumplen las medidas, el Tribunal podría convocar una vista pública para evaluar el cumplimiento.
¿Cuál es la situación legal de los menores migrantes que han solicitado asilo?
Los menores migrantes que solicitan asilo tienen derecho a recibir una serie de prestaciones sociales específicas, que incluyen servicios de acogida y atención a sus necesidades básicas. Esto debe ser proporcionado por el Sistema Nacional de Acogida, que está a cargo del Gobierno central, no del sistema autonómico de protección de menores.
Cómo sigue
El Gobierno español tiene diez días para garantizar que los mil menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y que han solicitado asilo sean trasladados al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional.
Esta medida es urgente para corregir el hacinamiento y asegurar que los menores reciban la protección que les corresponde. El Tribunal Supremo ha dejado claro que se trata de una cuestión de derechos fundamentales, específicamente el derecho de los menores a ser protegidos en un entorno adecuado.
Después de ese plazo, el Supremo decidirá si es necesario convocar una vista pública para evaluar el cumplimiento de la resolución.
