El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, rechazó la solicitud del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de posponer su declaración como investigado por un presunto delito de revelación de datos reservados relacionados con el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
García Ortiz deberá comparecer este miércoles ante el juez.
Hurtado también desestimó otras peticiones de la defensa del fiscal general, entre ellas la declaración previa de González Amador y de varios periodistas, así como la intervención del teléfono móvil de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso.
Sin embargo, aceptó la incorporación a la causa de documentos, como instrucciones del Ministerio Fiscal y noticias que apuntan a que algunos periodistas conocían detalles de las negociaciones entre González Amador y la Fiscalía antes que el propio García Ortiz.
Que pasa con la declaración de González Amador
El juez argumentó que no era necesario tomar la declaración de González Amador antes de la comparecencia de García Ortiz con el argumento de que este tipo de testimonio, más que favorecer a los investigados, podría perjudicarlos, y agregó que la información relevante ya consta en la querella y en la actuación de los representantes legales del querellante.
En cuanto a la solicitud de intervenir el dispositivo de Rodríguez, la defensa la fundamentó en supuestas contradicciones sobre el momento en que Rodríguez habría compartido información con periodistas.
Según testimonios, la difusión de un correo clave pudo haber ocurrido antes de lo reconocido por Rodríguez, pero el juez consideró que la intervención no era necesaria ni relevante para el caso.
El foco en los correos filtrados
El caso gira en torno a dos correos electrónicos: uno del 2 de febrero de 2024, en el que el abogado de González Amador informaba a la Fiscalía de su intención de reconocer delitos contra la Hacienda Pública y de reparar el daño económico, y otro del 12 de marzo del mismo año, en el que se discutían términos de un posible acuerdo.
Según Hurtado, la relevancia delictiva radica en la filtración no autorizada del correo de febrero, que habría afectado gravemente la reputación de González Amador al presentarlo como un defraudador confeso antes de que se probara legalmente.
El juez subrayó que, aunque se investigó la difusión del correo de marzo, esta comunicación fue compartida con autorización de las partes implicadas, lo que la excluye de relevancia penal. Por el contrario, el correo de febrero habría sido filtrado por un tercero ajeno al proceso, vulnerando la confidencialidad.
Daño reputacional y contexto mediático
Hurtado destacó que la filtración del correo de febrero, donde se reconocían dos delitos fiscales, generó un daño reputacional significativo para González Amador al ser etiquetado públicamente como defraudador.
Esta situación habría sido amplificada por la cobertura mediática, que incluyó información errónea sobre las propuestas de acuerdo entre el empresario y la Fiscalía.
