Contexto
¿Qué motivó las citaciones del magistrado?
El juez Hurtado considera que las diligencias realizadas hasta ahora, especialmente los informes de la UCO, aportan pruebas indiciarias suficientes para citar a los tres fiscales como investigados. Estos informes detallan la presunta coordinación entre los acusados para filtrar información reservada relacionada con un ciudadano, hecho que constituiría un delito de revelación de secretos según el artículo 417 del Código Penal.
¿Qué papel tuvo el fiscal general del Estado en la presunta filtración?
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, habría dirigido los pasos que llevaron a la filtración. Según el magistrado, García Ortiz utilizó su posición jerárquica para coordinar a otros fiscales, obteniendo y compartiendo de forma indebida un correo confidencial. Este correo, fechado el 2 de febrero de 2024, terminó siendo publicado en medios de comunicación como la cadena SER y posteriormente utilizado con fines políticos.
¿Qué evidencia sustenta las acusaciones?
El juez destaca un informe de la UCO que analiza los registros de correos electrónicos, revelando la urgencia y coordinación en el acceso y distribución de la información filtrada. Además, testimonios y análisis de dispositivos incautados en la fiscal Pilar Rodríguez refuerzan los indicios de su implicación en los hechos.
¿Qué roles se atribuyen a los otros dos fiscales investigados?
Pilar Rodríguez habría actuado como intermediaria, facilitando información sensible a García Ortiz y colaborando en la elaboración de una nota de prensa relacionada con la filtración. Por su parte, Diego Villafañe, en su posición de teniente fiscal, habría solicitado y compartido documentos clave relacionados con la causa, contribuyendo así a la divulgación indebida.
¿Qué repercusiones políticas tiene el caso?
El informe judicial detalla cómo el correo filtrado fue utilizado por un portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, lo que apunta a un posible uso político de la información reservada. El intercambio de mensajes entre Presidencia del Gobierno y medios de comunicación refuerza esta hipótesis.
Cómo sigue
El caso continuará con las citaciones programadas para finales de enero y principios de febrero, cuando los tres investigados deberán comparecer ante el magistrado Ángel Luis Hurtado. En paralelo, se espera que la UCO siga aportando nuevos elementos probatorios que fortalezcan o desmientan los indicios iniciales. Asimismo, podría abrirse un debate sobre la posible responsabilidad política derivada del uso de la información filtrada, dado su impacto en el ámbito público y judicial.