Lo que importa
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La Audiencia Provincial de Madrid avala la investigación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias.
Se examina si Álvarez abusó de su cargo para beneficiar a la mujer del presidente del Gobierno con recursos públicos en beneficio de intereses privados.
El tribunal subraya la relación entre Álvarez y las empresas del Grupo Barrabés, que podría indicar una desviación de sus funciones.
Aunque Álvarez no está acusada directamente de malversación, se investiga su posible connivencia al tolerar el uso indebido de recursos públicos.
La Audiencia también avala el acceso al registro de llamadas de Álvarez para indagar sobre su relación con diversas entidades vinculadas a Begoña Gómez.
Begoña Gómez y Cristina Álvarez
Contexto
¿Quién es Cristina Álvarez y cuál era su rol?
Cristina Álvarez desempeñaba funciones como asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Sus responsabilidades incluían gestionar la agenda y el correo de Gómez, además de ofrecer apoyo de seguridad y protocolo en sus desplazamientos y actos oficiales. La investigación apunta a que Álvarez podría haber utilizado esos recursos y funciones públicas para beneficiar intereses privados, específicamente los de Gómez.
¿Por qué se la investiga por tráfico de influencias?
El tribunal considera que Álvarez pudo haber sobrepasado sus funciones como asesora, facilitando el uso indebido de recursos públicos para favorecer el plan delictivo de Begoña Gómez, principalmente a través de relaciones con empresas vinculadas a la mujer del presidente. Se señala que su posición y cercanía con Gómez podrían haber sido utilizadas para influir en decisiones que favorecieran intereses privados en detrimento de las funciones públicas que debía cumplir.
¿Qué papel juega la relación entre Álvarez y el Grupo Barrabés?
El tribunal destaca la relación de Álvarez con el Grupo Barrabés, que supuestamente estuvo vinculada a las actividades privadas de Begoña Gómez. Se señala que este vínculo podría haber sido utilizado como base para desviar recursos públicos en beneficio de estos intereses privados. La cercanía personal entre Álvarez y Gómez, incluso como amigas, también se menciona como un factor relevante en la investigación.
¿Qué implica la posible malversación?
Aunque la Audiencia no acusa directamente a Álvarez de malversación, se menciona su posible "connivencia" al permitir el uso ilícito de recursos públicos. Este comportamiento podría no constituir un delito de malversación por sí solo, pero se considera crucial para evaluar su implicación en el tráfico de influencias, ya que la tolerancia al uso indebido de recursos oficiales podría reflejar una colaboración en el plan de Begoña Gómez.
Cómo sigue
El proceso judicial continúa con la autorización de la Audiencia para investigar las comunicaciones de Cristina Álvarez, específicamente sus registros de llamadas a teléfonos asociados a la Universidad Complutense de Madrid, entidades relacionadas con el máster o cátedra de Begoña Gómez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, quien también está bajo investigación.
El tribunal ha excluido ciertos temas de esta pesquisa, como aquellos relacionados con el rescate de Globalia o el África Center. La investigación avanzará con el análisis de estas evidencias y con el foco puesto en determinar si las acciones de Álvarez constituyen un delito de tráfico de influencias, considerando también su posible participación en la desviación de recursos públicos en favor de intereses privados.
El caso sigue siendo una pieza central en un proceso judicial que podría extenderse, con más implicados y detalles por descubrir.
FUENTE: El Observador