La estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez se ve cada vez más comprometida con el avance de la investigación judicial por una supuesta trama de corrupción que involucra a dirigentes socialistas.
Este viernes, hubo operativos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil --especie de policía judicial-- en la sede del PSOE en Madrid, el Ministerio de Transportes y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en los que agentes clonaron los correos electrónicos de Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE, y del exministro de Transporte José Luis Ábalos, además de llevarse información sobre 11 obras bajo sospecha en su adjudicación. El avance en la investigación fue autorizado por el Tribunal Supremo.
El clima de incertidumbre crece a diario en España desde hace una semana cuando explotó el caso tras conocerse grabaciones de la UCO que involucraron a Cerdán, Ábalos y el exasesor Koldo García, en una supuesta trama de corrupción con contratos de obra pública.
La justicia sospecha sobre un posible delito de financiación ilegal dentro del PSOE, lo que aumenta la presión política sobre Sánchez, que hasta ahora pidió perdón, prometió desplazar a todos los investigados y colaboración con la justicia, pero apeló al "y tú más" para tirarle por la cabeza al opositor Partido Popular (PP) que ellos son más corruptos al presentarse en un Congreso que lo recibió al grito de "dimisión".
Sánchez apeló al conocido como "caso Bárcenas", por Luis Bárcenas, extesorero del PP de José María Aznar, involucrado por el pago de sobresueldos a altos cargos del partido y mantener una contabilidad paralela para una presunta financiación ilegal.
Pedro Sánchez apela a la resistencia y la negociación con los socios
Sánchez, como hizo frente a otros escándalos que opacaron su gobierno, promete resistencia, lo que dependerá de mantener los apoyos de la izquierda de Sumar y los independentistas de Junts, ERC y EH Bildu y los nacionalistas vascos, con cuyo respaldo logró armar gobierno tras la derrota en las pasadas elecciones.
Pero ese respaldo dependerá de cómo evolucione la investigación y si se ventilan nuevos audios que alimenten el escándalo, que le atestó además un duro golpe al discurso feminista del socialismo con los diálogos machistas entre Ábalos y Koldo García "repartiéndose" mujeres para el fin de semana.
La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene un rol clave en esta crisis. Pidió ser implacables con la corrupción e imponer una agenda más social al Gobierno. Al igual que el resto de los socios de izquierda sabe que una eventual caída de Sánchez podría habilitar el arribo al poder de una coalición entre PP y la ultraderecha de Vox, con un cambio copernicano en las políticas. Podemos, más inflexible, ya le dio la espalda a Sánchez.
Por su lado, los catalanes de Junts negociaron amnistía a los involucrados en el proceso independentista de 2017, y favores económicos, impositivos y de mayor autonomía para la región, lo que podrían entrar en crisis con una salida anticipada del líder socialista.
Los escenarios alternativos para una salida a la crisis
La oposición del PP pide la caída del Gobierno y la convocatoria a elecciones anticipadas, mientras Vox insiste con una moción de censura, que hasta el momento no cuenta con los votos suficientes.
“No va a poder sobrevivir a la aplicación del Estado de derecho”, le advirtió el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien calificó el viernes al caso Koldo como "la causa de corrupción más grave" en democracia.
En este escenario, si Sánchez decidiera presentar su dimisión ante el Rey, el Ejecutivo pasaría automáticamente a estar en funciones como establece el artículo 101.2 de la Constitución, lo que limitaría la capacidad del Gobierno para tomar decisiones importantes, incluyendo la aprobación de nuevas leyes o reformas constitucionales.
En ese caso, el Rey debería iniciar una ronda de consultas con los grupos parlamentarios y propondría un candidato a la Presidencia en pleno verano europeo.
Si el Congreso no logra investir a ningún candidato en un plazo de dos meses, se disolverían las Cortes y se convocarían elecciones generales, que se celebrarían dentro de los siguientes 54 días. Este calendario situaría unas eventuales elecciones entre mediados y finales de agosto.
Sin embargo, también hay otra vía posible. El presidente puede disolver directamente el Congreso y convocar elecciones anticipadas, lo que puede ocurrir si transcurrió al menos un año desde los últimos comicios y siempre que no haya una moción de censura en trámite.
En este caso, la fecha electoral también se fijaría 54 días después de la publicación del decreto correspondiente en el Boletín Oficial del Estado.
