El presidente de España opera con la lógica de un técnico del siglo XX. Pretende someter la conversación digital a su "botonera de mando", ignorando que la censura en la era del algoritmo solo funciona como una invitación al disenso.
Pedro Sánchez, presidente de España, en disputa con los tecno empresarios Elon Musk y Pável Dúrov.
A mediados del siglo XV, en los talleres de Maguncia, Johannes Gutenberg no solo inventó una máquina de tipos móviles; sin saberlo, fabricó la guillotina del absolutismo informativo.
Por eso mismo, la reacción del poder no se hizo esperar.
A diferencia de los luditas, que siglos más tarde romperían telares por miedo a perder su tradicional forma de conseguir el sustento cotidiano, los monarcas y la Inquisición persiguieron a los impresores por temor a perder el control de las conciencias y el monopolio del relato canónico.
Hasta entonces, la verdad era un bien custodiado en scriptoria monásticos, filtrada por el tamiz de la autoridad terrenal en nombre de la divina. Era una verdad de acceso restringido, encadenada literalmente a los atriles, pero de una pretendida validez universal.
Por eso no les molestaba la novedosa mecánica de la imprenta, no era un tema con la nueva tecnología.
El problema del poder era con la "epidemia" de ideas que, por primera vez, viajaban más rápido que sus edictos y prohibiciones.
Ya en 1487, el Papa Inocencio VIII había marcado el camino con la bula conocida por su encabezado Contra impressores librorum reprobatum, el primer gran intento del poder por establecer que la verdad era propiedad de la autoridad
Quizás como producto de la superstición reinante, creyeron que destruyendo prensas y persiguiendo tipógrafos detendrían el movimiento que la nueva tecnología había desatado. Ignoraban que la idea ya había mutado en cultura.
La estrategia, vista hoy, suena bastante ingenua, pero podría resumirse así: quien controlara la copia, controlaría la historia. Era un plan condenado al fracaso en cualquier escenario.
Elon Musk, fundador de Space X y dueño de X.
Esa misma pulsión atávica, el deseo de administrar el silencio para blindar un relato oficial, parece haber despertado con fuerza en los pasillos de Moncloa. Como a los viejos monarcas absolutos, a Pedro Sánchez la voluntad popular no le quita el sueño ni le altera el pulso.
Las elecciones democráticas, ese ritual de ganar o perder, son para él una tecnología que domina con la frialdad de un técnico de sistemas; la maneja con la destreza —y a veces la terquedad— de quien conoce cada resorte de la vasta arquitectura del aparato estatal.
El socialista español sabe exactamente qué tecla apretar para que los engranajes del poder le garanticen la supervivencia. Al igual que Frank Underwood, se ha dotado de una regla de oro: ceder en los principios y descartar sin nostalgia cualquier lastre que estorbe su marcha para permanecer en el cargo.
Pero no todo está bajo control.
Existe una gramática del siglo XXI que comprende lo suficiente como para temerle. Sánchez sabe que el poder ya no está en la pluma oficial ni en los medios tradicionales sino en la conversación ingobernable que fluye fuera de su alcance.
En su sueño de poder eterno, Sánchez pretende que el "runrún" de la esfera pública —esa amalgama caótica donde conviven la verdad y la mentira, el exabrupto y el argumento, el anónimo y el referente— se convierta en una extensión más de su botonera de mando.
Sánchez busca que el flujo de la opinión pública sea tan controlable como un pacto de investidura.
Pável Dúrov, fundador y CEO de Telegram.
La última entrega de este guion de pretendido control se escenificó cuando el presidente del Gobierno español, desde el púlpito de Dubái —donde no sufren el incordio de prensas ni redes disidentes—, anunció su intención de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años.
No se trata solo de una restricción de edad; es un salto cualitativo hacia el estatismo paternalista. En su diseño original, la ley permitía el acceso bajo autorización de los padres; ahora, Sánchez pretende borrar de un plumazo la potestad de las familias.
Para este “Estado niñera”, los padres son prescindibles: solo el Gobierno puede blandir el báculo en el “salvaje Oeste digital”.
Bajo esa premisa, Sánchez pretende tipificar la 'manipulación de algoritmos' y —en un giro tragicómico— cuantificar la “huella de odio”.
Es una distopía de bajo presupuesto: burócratas con Excel pretendiendo medir sentimientos para castigar a quienes piensan distinto. Al final, el objetivo no es proteger a nadie, sino establecer un control administrativo sobre la opinión para que discrepar tenga, literalmente, un costo legal.
Su desarrollo requerirá la tramitación en las Cortes, donde el Ejecutivo deberá negociar con sus actuales y antiguos socios. No será difícil: contará con el apoyo entusiasta de Sumar y Podemos, facciones siempre listas para vigilar y castigar en nombre de la nueva moral estatal.
Estas izquierdas nostálgicas, atrapadas en la estética de la Guerra Fría, están obsesionadas con la uniformidad de Granma y Pravda, y aún sueñan con ese pueblo único y homogéneo que solo consume la verdad oficial.
También la tarea autoimpuesta por el PSOE podría tener obstáculos imprevistos.
En Sri Lanka y Nepal, el intento de clausurar internet chocó con la furia de una Generación Z que en las redes mantiene sus vínculos afectivos y sociales, pero también los económicos.
Pero aquí es donde la soberbia de Moncloa puede tropezar.
Al señalar plataformas, perseguir a sus dueños y etiquetar contenidos como "desinformación" basándose en su ridículo termómetro de odio, el Gobierno está creando un catálogo de lectura obligatoria para el disenso.
A menudo, el poder llega tarde a la tecnología, pero llega todavía más tarde a la comprensión de la naturaleza humana: nada es más tentador que aquello que un político te prohíbe mirar.
Cuando un gobierno deja de debatir ideas para empezar a perseguir los soportes, está admitiendo su derrota intelectual y política.
Sánchez olvida que, contra la red como antes contra la imprenta, el poder termina siendo el último en enterarse de su propia irrelevancia.
Manifestantes toman el palacio de gobierno en Nepal, por las restricciones a Internet.