En ausencia de unas nuevas cuentas públicas, el año 2025 arranca con la segunda prórroga consecutiva de los Presupuestos de 2023.
A la espera de ver si el Gobierno es capaz de cumplir su objetivo de impulsar un nuevo proyecto presupuestario en los primeros meses del ejercicio, el inicio del mes de enero trae igualmente consigo la entrada en vigor de una docena de relevantes novedades tributarias, la mayor parte de las mismas derivadas de la reciente reforma fiscal aprobada en el Parlamento.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2025 ascienden a 380.822 millones de euros, en virtud del acuerdo de prórroga de las cuentas públicas aprobado en el último Consejo de Ministros de 2024. Aunque, en ausencia de unas nuevas cuentas, la extensión es automática, el Gobierno ha establecido una serie de criterios de adaptación, que permitan por ejemplo su adecuación a los cambios en las estructuras de los departamentos ministeriales que se hayan ido produciendo.
La prórroga del Presupuesto no afecta a los créditos para gastos correspondientes a actuaciones que terminen en el ejercicio 2024 y para obligaciones que se extingan en el mismo. Así, por ejemplo, las condiciones de la prórroga establecen que cada Ministerio adapte los créditos prorrogados relacionados con las ayudas europeas del fondo Next Generation hasta la aprobación de nuevos Presupuestos.
El Ejecutivo también establece la reasignación de parte de los fondos comunitarios para dar respuesta a los daños ocasionados por la DANA.
Es la décima ocasión en la que España arranca el año con una prórroga presupuestaria, tras la extensión por un año adicional de las cuentas de 1978, 1982, 1995, 2011, 2016 y 2017, mientras que la prórroga durante dos años consecutivos solo se había dado con los Presupuestos de 2018 y, ahora de nuevo, con los de 2023.
Pese a la continuidad que fija la prórroga presupuestaria del lado del gasto público, el Año Nuevo sí que introduce relevantes novedades del lado de los ingresos.
En primer lugar, la reforma fiscal supone la transposición de la directiva europea que fija el tipo mínimo global societario del 15% para multinacionales y grandes empresas que facturen más de 750 millones al año. Desde Gestha, la asociación de Técnicos de Hacienda, estiman que esta barrera -complementaria el tipo mínimo nacional del 15% en el Impuesto de Sociedades- podría elevar la recaudación en 3.600 millones al año.
En paralelo, la llegada de 2025 activa el incremento del tipo marginal del IRPF sobre los rendimientos del capital al 30%. Esta subida de la presión fiscal sobre el ahorro implica que el Fisco se quedará 30 céntimos de cada euro que supere los 300.000 euros cobrados como rendimientos de depósitos o fondos de inversión.
La medida forma parte de la reforma fiscal, en la que también se introdujo un nuevo impuesto a las entidades financieras que grava el margen de intereses y comisiones de su negocio en España a tipos progresivos, que van del 1% al 7%, y cuya recaudación disfrutarán las comunidades autónomas.
La reforma también supuso salvaguardar los ingresos del triple alza fiscal societaria que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro aprobó hace ocho años y que el Tribunal Constitucional había tumbado el pasado enero, limitando la capacidad de las grandes compañías de reducir su tarifa tributaria a costa de pérdidas pasadas.
En paralelo, las pymes que facturen hasta un millón de euros disfrutarán de un rebaja gradual del Impuesto de Sociedades, cuyo tipo bajará paulatinamente del 23% actual hasta caer en 2027 al 17% sobre los primeros 50.000 euros y el 20% en adelante.
El paquete tributario también incluye alza fiscal al tabaco y un nuevo impuesto al vapeo, pero su entrada en vigor se ha retrasado hasta abril.
Finalmente, el último Consejo de Ministros del año aprobó una prórroga del gravamen temporal sobre las entidades energéticas durante 2025. Sin embargo, el tributo no llegará a recaudarse salvo que las bonificaciones del 60% sobre inversiones en descarbonización que ha diseñado Hacienda acaben haciendo cambiar de opinión a PNV y Junts, que avanzaron su intención de impedir la convalidación del decreto dentro de un mes.
Más allá de las medidas aprobadas por el Ejecutivo en las últimas semanas, la llegada del 1 de enero supone la completa reversión de las bajadas impositivas sobre energía y alimentos que el Gobierno desplegó frente a la inflación y que ya venía retirando gradualmente. Sin embargo, el IVA del aceite de oliva y el de productos fermentados como los yogures ya no volverá al 10%, sino que se mantendrá estructuralmente en el 4%.
FUENTE: EXPANSION-RIPE