La medida afectaría a todos los proveedores de servicios públicos y a aquellas empresas con 250 o más empleados (más de 5.000 en España) o una facturación superior a los 50 millones de euros, y que ha provocado la inmediata y airada reacción de la principales patronales empresariales.
A la espera de conocer la letra pequeña y el verdadero alcance de lo pactado entre el Gobierno y el partido de Carles Puigdemont en el marco de la tramitación del proyecto de Ley de Servicios de Atención a la Clientela, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, insistió ayer en que "los catalanes hemos de tener los mismos derechos lingüísticos que un castellano, un francés o un inglés y, por tanto, sí, será en toda España". Con ello, prendió aún con más fuerza la mecha de la indignación de los empresarios, consultados por EXPANSIÓN, cuyos representantes no entienden que se quiera imponer por ley en todo el territorio nacional un servicio que la mayoría de compañías con presencia o relaciones comerciales en las regiones con lenguas cooficiales ya brindan por iniciativa propia, lo que incrementaría sus costes y cargas burocráticas y erosionar su competitividad.
Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso
En esta línea se pronuncian fuentes de CEOE, que muestran su "preocupación" por el aumento de las cargas que puede suponer para las empresas, "en contra de la necesaria reducción que venimos defendiendo", además del aumento de costes operativos y de adaptación con el consecuente impacto en la competitividad. El vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, concreta que de facto "es una subida del 1,5% de los costes laborales para una empresa de 250 trabajadores". Y asegura que la medida pone trabas a las empresas y los autónomos, "coartando" su libertad y cargando sobre ellas las disputas políticas del Gobierno.
"Se trata de una propuesta absurda y ridícula, además de un atentado a la libertad empresarial. Las empresas necesitamos más diálogo y menos regulación", señala el presidente de CEIM, Miguel Garrido, asegurando que la medida, además, dificulta las relaciones comerciales en un mercado con una lengua común. Lamenta el presidente de los empresarios madrileños el interés demostrado por el Ejecutivo en "mantenerse en el poder".
Partiendo de la premisa, reiterada entre las organizaciones empresariales, de que este acuerdo supone una nueva injerencia, el director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF), Antonio Barderas, apunta a la "perversión" constitucional por la imposición de la utilización de lenguas cooficiales en las empresas. Explica Barderas que el artículo 3.1. de la Constitución deja claro que sólo existe una lengua oficial en toda España, que es el español o castellano, y cuyo conocimiento es un deber general que obliga a todos los españoles, independientemente de su residencia o vecindad. "Algo que no ocurre con las otras lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas, pues la Constitución no impone el mismo deber respecto a las lenguas cooficiales, y, por tanto, no cabe la equiparación del español o castellano con esas otras lenguas", argumenta señalando que el nuevo "oprobio es "flagrantemente inconstitucional".
También ahonda el director de AMEF en el choque con la libertad de empresa. "La Administración no tiene derecho a dirigirse a los ciudadanos ni a las empresas exclusivamente en la lengua cooficial, ilegalidad que por desgracia viene ocurriendo desde hace demasiado tiempo", denuncia Barderas.
En el marco de esta denuncia generalizada de intervencionismo en el mundo empresarial, desde el sector de la construcción, el presidente de CNC, Pedro Fernández Alén, advierte de "una nueva intromisión del Gobierno" que, de facto, "elevaría los ya de por sí disparados costes laborales". Señala que, para el sector, la presión se acerca al límite, ya que el coste se acerca a los 3.300 euros por trabajador.
Sobre los costes incide igualmente el presidente de UNO Logística, Francisco Aranda, calificando la medida de "nuevo arancel interno que ataca a las pymes y al nuevo tejido productivo, a la libre competencia y a la unidad de mercado".
Las organizaciones insisten en que se trata de una medida redundante, ya que muchas compañías ya ofrecen atención en catalán de manera voluntaria como parte de su estrategia comercial. "Imponerlo por ley sólo desvía recursos que deberían destinarse a modernización y desarrollo", señala Aranda.
Perfiles profesionales
Desde la Asociación Española para la Digitalización, DigitalES, que aglutina a compañías como Telefónica, Vodafone, Cellnex, Zener, IBM o HP, recalcan que sus miembros ya garantizan los derechos lingüísticos de los ciudadanos a través de distintos canales de atención sin que sea necesario formar a la totalidad del personal en todas las lenguas cooficiales, porque "obligar a ello supondría una carga desproporcionada, especialmente en sectores con alta rotación y en regiones donde no existe suficiente disponibilidad de profesionales con ese perfil", señaló su presidente, Miguel Sánchez Galindo.
Por su parte, la Cámara de Comercio de España advirtió de que extender la atención al cliente en lenguas cooficiales a toda España, con independencia de la sede de la empresa, "obligaría a las compañías a asumir un incremento de los costes y de carga burocrática que podría menoscabar su competitividad".
Mientras que el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de España CESUR, José Manuel González, asegura que la medida es una prueba de que la política y la realidad económica siguen cursos diferentes. "Los idiomas están para unir, no para dividir", reclama.
FUENTE: El Observador
