El peso de los acontecimientos ha instaurado como mínimo un espíritu de cautela entre el Gobierno en lo que a afrontar las votaciones en el Congreso de los Diputados se refiere. Sabedores de que la minoría parlamentaria es más evidente a medida de que especialmente Junts asesta al Ejecutivo contundentes derrotas en la Cámara Baja, el prisma con el que se encara el trámite del anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, aprobado ayer en Consejo de Ministros, está plagado de reservas. De hecho, los dos ministerios principalmente implicados en la articulación de la medida, Trabajo y Economía, admiten que existen a partir de ahora multitud de avatares que pueden llegar a torcer la intención de la puesta en marcha de la reforma antes de final de año.
Tanto es así que la primera apelación que ha realizado la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha sido a los socios que sostienen la coalición sino al PP, cuestionando directamente a la formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo si va a adoptar la misma postura que con la reforma laboral o si "va a utilizar este cambio histórico para reconciliarse con los trabajadores de su país". "Cuando una medida está ganada en la calle", como según afirma el Ejecutivo respecto a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, "es muy difícil buscar razones para tumbarla", señalaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno.
Sin embargo, uno de los puntos que tienen difícil cálculo en el traslado a la aritmética parlamentaria es que el texto entrará como proyecto de ley por trámite de urgencia tal y como fue pactado entre Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO, y que fue rechazado por las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme. Y, precisamente, ese disenso en el diálogo social amenaza con moldear las posiciones de los partidos más escépticos con la medida. Por ejemplo, el PP que encontró en el acuerdo tripartito el argumento para apoyar la última reforma de pensiones aprobada por decreto el pasado mes, no tiene ahora ese mismo incentivo por el rechazo frontal de los empresarios. "El Gobierno lo único que tiene son las manos vacías, es un Gobierno que no es capaz de construir consensos, sino que vive renqueante, dando pasos hacia adelante, pero sin construir consensos sobre absolutamente nada", señalaba reaccionando a la medida el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.
De hecho, ayer mismo, las organizaciones empresariales volvieron a dejar claro los motivos de su rechazo. Según la CEOE los determinantes de su postura pivotan sobre dos ejes. Por un lado apunta la patronal que el coste de la medida sería de entre 21.000 y 24.000 millones de euros para el tejido productivo, mientras que afirman que el plan de ayudas ofrecido en los últimos compases de la negociación estaba lejos de compensar el esfuerzo. Además, señalan desde la CEOE que este cambio regulatorio afecta especialmente a las empresas más pequeñas y autónomos con empleados a cargo, toda vez que la jornada media pactada por convenio se sitúa ya en las 38,5 horas. Mientras que por otro lado defienden que la vía del cambio legislativo que modifica el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores supone una intromisión en la negociación colectiva. Sobre estos dos puntos aseguran desde la patronal que harán llegar a los grupos políticos su postura sobre el recorte de jornada sin rebaja salarial.
"Irá al Parlamento lo que tenga que ir y, como no podía ser de otra manera, defenderemos nuestras posturas y trasladaremos a los partidos políticos cuáles son nuestras opiniones, también legítimas", señala al respecto el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. "Claro que nosotros estamos dispuestos a que haya una reducción de jornada, evidentemente, estamos totalmente dispuestos, pero haciéndolo sector a sector, territorio a territorio", señala por su parte el vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, advirtiendo de que esta medida "no va a castigar a las grandes empresas", sino que "dañará muy sensiblemente a los autónomos" y a las pequeñas empresas que tienen uno, dos o tres trabajadores.
En este punto, parece claro que ante la dificultad de sumar al PP en esta votación el Gobierno deberá volver a mirar a la cuadratura cada vez más compleja de los apoyos de los partidos que sostienen la coalición de Gobierno. Aquí, Junts, una vez más, volverá a tener la última palabra. Y desde la formación que dirige Carles Puigdemont ya han puesto por delante un escenario de negociación asegurando que la medida ha sido aprobada sin consenso y sin consultar a las formaciones. Así, desde Junts apuntan que instarán al Ejecutivo a negociar y aseguran que se deberá tener en cuenta las particularidades empresariales de Cataluña. Es precisamente por esta vía por la que se pueden colar ciertas concesiones y modificaciones del texto acordado por el Gobierno y los sindicatos. Tanto que Díaz asegura que encara estas conversaciones con los partidos "sin líneas rojas".
Entre estas contrapartidas, la que parece destinada a concederse es algún tipo de ayuda para las empresas de menos trabajadores para poder aminorar el impacto económico de la medida. Una cuestión que podría dirimirse en el trámite de enmiendas. Al igual que algún tipo de extensión en los plazos de aplicación de la medida -el Ministerio de Trabajo pretende que los convenios se adapten antes del 31 de diciembre- para algunos sectores concretos.
Por último, cabe recordar que más allá del recorte de horas el anteproyecto de ley regula otras dos cuestiones fundamentales: el endurecimiento de la obligación del registro horario y el refuerzo del derecho de desconexión digital. Sobre el primero destaca que ese registro será completamente digital y accesible para la Inspección de Trabajo, que podrá agilizar las sanciones a empresas incumplidoras. Y esas sanciones también se agravan: serán de hasta 10.000 euros y se aplicarán a la empresa por cada trabajador afectado por el incumplimiento de la norma.
FUENTE: RIPE - EXPANSIÓN
