La condena a cuatro años de prisión a la ultraderechista Marine Le Pen pero especialmente su inhabilitación para competir en las elecciones presidenciales de 2027 generaron un terremoto político en Francia, que se debate entre el peso de una decisión judicial basada en pruebas contundentes y el hecho de dejar fuera de la carrera a una candidata que ostenta más del 35% de las preferencias del electorado.
La heredera del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen y artífice del crecimiento y normalización de la extrema derecha en el escenario político francés, fue condenada por desviar fondos del Parlamento Europeo para la financiación de su partido Agrupación Nacional (RN).
Los jueces del Tribunal Correccional de París consideraron que existió "un sistema de malversación" que se puso en marcha "de forma concertada y deliberada", por el cual el dinero para pagar a los asistentes de los eurodiputados iba en realidad a parar al partido de Le Pen, lo que le habría permitido competir con mayor ventaja en las elecciones.
Además, señaló que la dirigente de extrema derecha heredó en 2009 el "papel central" en el sistema que su padre había urdido en 2004 para financiar su partido y que jugó ese rol con "autoridad y determinación".
Así, la dirigente de 56 años que en 2017 y 2022 llegó a alcanzar la segunda vuelta de las presidenciales, que perdió frente al actual presidente Emmanuel Macron, recibió la condena de cuatro años --aunque solo cumplirá dos y en arresto domiciliario-- pero con una inhabilitación inmediata que se mantiene incluso una vez que presente un recurso judicial.
La presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis, justificó esa decisión. "Además del riesgo de reincidencia, el tribunal tuvo en cuenta la importante amenaza para el orden público, en este caso que una persona condenada en primera instancia sea candidata a la elección presidencial".
Si bien Francia tiene antecedentes en la materia, como la condena por corrupción al expresidente Nicolás Sarkozy y por desvío de fondos al expresidente Jacques Chirac, el caso de Le Pen abre un interrogante por sus grandes chances de cerrar sus aspiraciones políticas.
En las primeras horas tras la sentencia, juristas coincidían en las pocas posibilidades que tiene Le Pen para conseguir ser candidata en 2027, lo que requeriría que un juicio de apelación la absolviera o quitara la inhabilitación preventiva pero sobre todo que concluyera en menos de dos años, lo que parece casi imposible.
"No voy a dejar que me eliminen fácilmente"
"Es una decisión política que busca que la favorita para las presidenciales (de 2027) no pueda presentarse", exclamó Le Pen en una entrevista a la TV en la noche del lunes, en la que aseguró: "No voy a dejar que me eliminen fácilmente" y confirmó que pedirá "una apelación que me permita plantear una candidatura".
"La condena debería escandalizar a quien defienda la democracia", insistió.
El mismo argumento utilizaron dirigentes de RN y de Patriotas de Europa, que denunciaron "la alarmante deriva autoritaria en la Unión Europea" y condenaron "estas tácticas represivas para silenciar a la oposición", sin menciones a los sólidos argumentos jurídicos.
Un capítulo aparte fueron las voces unánimes de la extrema derecha global, que se abroquelaron este lunes en defensa de Le Pen.
"Yo soy Marine": el grito de la ultraderecha
"¡Yo soy Marine!", escribió en la red social X el primer ministro húngaro, Viktor Orban, mientras el vocero de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, dijo que "cada vez más capitales europeas toman el camino de la violación de las normas democráticas".
El vicepresidente italiano, Matteo Salvini, sostuvo que la condena a Le Pen es una "declaración de guerra de Bruselas", y el líder del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal, aseguró que "no conseguirán callar la voz del pueblo francés".
Tampoco se quedó callado Elon Musk, el multimillonario y asesor de Donald Trump que tiene a cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), quien calificó la condena como "un abuso del sistema legal" que "la izquierda radical" utiliza cuando no puede ganar las elecciones. "Es un guion de libro en todo el mundo", insistió el dueño de Tesla y X, que respalda abiertamente a la ultraderecha mundial.
Mélenchon: "La decisión de destituir un cargo electo es del pueblo"
La defensa de Le Pen apunta justamente a poner en contradicción su condena con "el respeto" a la democracia por tratarse de una dirigente a quien el último sondeo le otorga entre 34 y 37% de las preferencias de voto.
En Francia, se replicó esa dicotomía. Mientras algunos dirigentes se mostraron a favor de "respetar la decisión judicial" y que la líder ultra cumpla su condena "como cualquier otro ciudadano", el primer ministro francés, François Bayrou, se mostró "perturbado por el enunciado de la sentencia", según explicaron voceros.
Incluso llamó la atención la postura de su mayor rival, el líder de la izquierda dura Jean-Luc Mélenchon, para quien "la decisión de destituir a un cargo electo debe corresponder al pueblo".
