El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgó este jueves una nueva versión de la ley de extranjería, después de que una primera propuesta fuera rechazada por el Tribunal Constitucional. La nueva normativa fue aprobada por la Asamblea de la República en septiembre y, según el presidente, responde a las dudas de inconstitucionalidad que se plantearon inicialmente, y que fueron confirmadas por el propio tribunal.
Una reforma aprobada por un amplio apoyo parlamentario
Rebelo de Sousa destacó que la nueva ley fue respaldada por "el 70 por ciento de los diputados", lo que refuerza su legitimidad. En este sentido, el presidente subrayó que la reforma tiene como objetivo regular de manera más efectiva el "régimen jurídico de la entrada, estancia, salida y expulsión de los extranjeros del territorio nacional", según un comunicado emitido por la jefatura de Estado.
Cambios en los permisos de residencia y en la reagrupación familiar
La reforma migratoria, impulsada el primer ministro Luís Montenegro y respaldada por el partido ultraderechista Chega, introduce modificaciones significativas en el sistema de permisos de residencia. En particular, la nueva ley promueve la entrada de extranjeros con formación, lo que refleja un cambio en la política migratoria para atraer a trabajadores calificados.
Una de las medidas más controvertidas es el establecimiento de restricciones en la reagrupación familiar de inmigrantes. Con esta reforma, aquellos que lleven menos de dos años en Portugal no podrán acceder a este derecho. Aunque se han ampliado las excepciones a este período mínimo, los inmigrantes deberán cumplir una serie de requisitos, como el conocimiento de la lengua portuguesa y el respeto a los valores culturales y legales del país, con el fin de garantizar una mejor integración en la sociedad portuguesa.
Esta segunda versión de la reforma migratoria marca un endurecimiento de las medidas hacia los inmigrantes, lo que ha generado tanto apoyo como críticas. Sin embargo, el gobierno portugués insiste en que esta nueva normativa busca equilibrar la acogida de extranjeros cualificados con el interés de garantizar la seguridad y la cohesión social en el país.
