El Tribunal Penal de Cagliari (Italia) ha citado a Juana Rivas y a su hijo mayor de edad para declarar como testigos el 26 de febrero en el juicio contra Francesco Arcuri, expareja de Rivas, acusado de presuntos malos tratos físicos y psicológicos habituales a sus hijos.
Según fuentes del caso, la citación se acordó durante una vista celebrada este jueves en la que el tribunal italiano fijó además el calendario de testificales que continuará en marzo con nuevas declaraciones. El proceso, de acuerdo con la legislación italiana, podría prolongarse durante varios años.
En la misma sesión, el juzgado decidió no nombrar por el momento a un tutor especial que represente al hijo menor de Rivas en el procedimiento, al considerar que no existe todavía un “conflicto de intereses” que lo justifique, a la espera de la evolución del proceso penal abierto en España contra la madre por sustracción de menores.
Rivas, condenada por sustracción de menores
Rivas, natural de Maracena (Granada), deberá comparecer el 30 de octubre ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, investigada por haber mantenido a su hijo menor con ella en España desde Navidad hasta finales de julio, periodo durante el cual el menor declaró haber sufrido presuntos episodios de violencia por parte de su padre.
El caso Arcuri-Rivas ha generado una prolongada batalla judicial entre España e Italia desde 2017, cuando la madre fue condenada por un delito de sustracción de menores.
Posteriormente, el Gobierno español le concedió un indulto parcial que redujo su pena a un año y tres meses de prisión y 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad.
El hijo menor volvió a Italia con su padre
Daniel, de once años, volvió a Italia con su padre el pasado julio, mientras que el mayor, residente en España, ha expresado públicamente su preocupación por la situación de su hermano.
Con la citación de Juana Rivas y su primogénito, la justicia italiana da un nuevo paso en el proceso penal contra Arcuri, al que la Fiscalía de Cagliari imputa formalmente por presuntos malos tratos a sus hijos comunes.
FUENTE: El Observador