15 de octubre 2025 - 10:34hs

Lo que importa

  • Una demanda presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida acusa a los gobiernos de Bolivia, Venezuela y Cuba de operar una "Corporación criminal de Estado" que fusiona narcotráfico y represión política.

  • El expediente, identificado como "J. Doe, 1-1000 v. Rubio, et al.", describe esta estructura como la "Bolivarian Joint Criminal Enterprise (BJCE)", con el boliviano Movimiento al Socialismo (MAS) como su núcleo.

  • La demanda detalla una división de roles estratégica: Bolivia como epicentro de producción de cocaína; Venezuela, con el Cartel de los Soles, como puente logístico y financiero; y Cuba como el cerebro de inteligencia, entrenamiento y coordinación.

  • Las acusaciones se presentan bajo la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), utilizada para perseguir organizaciones criminales, detallando crímenes con conexión con EEUU, incluyendo tráfico masivo de cocaína hacia Florida y blanqueo de dinero en bienes raíces.

Corte Suprema de Florida. AP
Corte Suprema de Florida.

Corte Suprema de Florida.

Contexto

¿Qué es la "Bolivarian Joint Criminal Enterprise (BJCE)", según la demanda?

Los demandantes acusan al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) boliviano de ser el núcleo de una red coordinada conocida como "Bolivarian Joint Criminal Enterprise (BJCE)". Esta estructura, alegan, fusiona los intereses políticos del Socialismo del siglo XXI con el narcotráfico y el poder represivo de los Estados. La denuncia, difundida por The Epoch Times, acusa a altos funcionarios de Bolivia y sus aliados del eje bolivariano, como Venezuela y Cuba, de operar o facilitar una corporación criminal que busca el control geopolítico a través de la economía ilícita.

Evo Morales. AFP
Evo Morales incentiva el voto nulo para las elecciones presidenciales de 2025.

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¿Qué argumenta la demanda sobre la división de roles entre los tres países acusados?

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La demanda alega que la estructura criminal opera con una división de tareas perfectamente definida entre sus principales aliados. Bolivia, liderada por el MAS del presidente Luis Arce y del ex mandatario Evo Morales, es señalada como el epicentro de producción y distribución de cocaína, brindando cobertura institucional del Estado. La denuncia menciona una "Potencial empresa criminal MAS" paralela dentro del Estado boliviano creada bajo Morales, la cual habría trabajado con las FARC y el Cartel de los Soles. Por otro lado, Venezuela es acusada de ser el puente logístico, financiero y político, con una supuesta participación central del Cartel de los Soles, agrupación criminal supuestamente controlada por altos mandos militares chavistas que facilita las rutas. Por último, Cuba es descrita como el cerebro de inteligencia, entrenamiento y coordinación estratégica, facilitando la comunicación entre los aparatos represivos y los operadores financieros de la red criminal. Los demandantes afirman que los tres gobiernos actúan de forma sincronizada, utilizando la retórica antiimperialista como una fachada ideológica para encubrir una estructura de poder basada en crímenes de Estado y operaciones ilícitas.

Nicolás Maduro - 22-8-25 - AFP

¿Qué crímenes con conexión directa a Estados Unidos se detallan bajo la Ley RICO?

La demanda invoca la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) para demostrar que los crímenes de esta "empresa criminal" tienen un impacto directo en el territorio estadounidense. Entre los delitos detallados figuran el tráfico masivo de cocaína, con toneladas de droga boliviana que habrían ingresado por rutas controladas desde Venezuela hacia Florida. Según la denuncia, el dinero obtenido de estas operaciones ilícitas habría sido blanqueado en EEUU mediante la compra de bienes raíces y la creación de empresas de fachada.

Otros delitos mencionados son violencia política, que va desde secuestros, torturas y asesinatos de más de 300 opositores, incluyendo miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC); Guerra Digital, como campañas de desinformación y difamación digital ejecutadas desde La Habana, dirigidas a desacreditar a activistas y periodistas exiliados; y conspiración de crímenes sexuales, en particular acusaciones de tráfico sexual y explotación de menores, presuntamente facilitada por redes conectadas al MAS.

¿Por qué se habla de un testigo muerto?

Otro punto clave en la denuncia es el asesinato de un testigo protegido en Miami. Esta persona habría entregado evidencia crucial sobre contratos fraudulentos, sobornos ligados a infraestructura boliviana y la intermediación de empresarios venezolanos. Según el expediente, el crimen fue ejecutado en suelo estadounidense por una red coordinada entre operadores del MAS y agentes vinculados a la inteligencia cubana.

Miguel Díaz-Canel Presidente de Cuba - foto de AFP.jpeg

¿Cuál es la grave acusación de negligencia contra funcionarios de EEUU?

El documento no se limita a los gobiernos extranjeros, sino que también acusa a altos funcionarios estadounidenses, incluyendo al secretario de Estado, al fiscal general y al director del FBI, de supuesta negligencia y omisión deliberada bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Daños (FTCA). Los demandantes sostienen que Washington conocía desde 2020 los vínculos criminales entre el MAS, Venezuela y Cuba, pero presuntamente eligió priorizar la "estabilidad diplomática" sobre la justicia. Esta acusación se ve reforzada por la denuncia de que el Departamento de Justicia fue negligente al no supervisar fondos provenientes de activos venezolanos incautados, que supuestamente fueron desviados para financiar operaciones represivas del régimen boliviano.

Cómo sigue

Si la Corte Federal de Florida admite la demanda, el caso podría reconfigurar la relación de Estados Unidos con los gobiernos aliados del chavismo. Esto daría inicio a un proceso judicial que, según los demandantes, podría destapar rutas de financiamiento ilícito y operaciones de inteligencia cubana en América del Sur. De ser aceptadas las pruebas, el caso marcaría un punto de inflexión histórico: por primera vez, una corte federal examinaría la tesis de que el crimen organizado dejó de ser un fenómeno de frontera para convertirse en una política de Estado coordinada por tres gobiernos del eje bolivariano.

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