6 de noviembre de 2026 12:24 hs

Paraguay atraviesa una crisis sin precedentes. El colapso de Ueno Bank, que tenía cerca de tres millones de clientes y administraba fondos públicos, no sólo provocó masivas protestas de los ahorristas que no podían acceder a su dinero, sino que llevó a la caída de Santiago Peña. El Congreso paraguayo no aceptó la renuncia del presidente, que enfrenta ahora un juicio político.

"Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles", señaló en la publicación, en la que compartió la carta que envió al presidente del Senado, Basilio Núñez, para pedir la extensión.

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La Cámara de Diputados decidió el jueves por unanimidad iniciar el juicio político por "mal desempeño de funciones" y rechazó abrir otro contra el vicepresidente Pedro Alliana, de 52 años, a quien corresponde sucederlo. En plena crisis, el ministro del Interior, Enrique Riera, renunció el jueves a su cargo.

La diferencia entre la aceptación de la renuncia y la destitución es clave: en el primer caso, dejaría de ser presidente pero se mantendría como senador vitalicio, lo que le permite tener fueros y evitar quedar en el centro de futuras investigaciones, algo que no le garantiza el juicio político.

El debate en el Senado

El Senado paraguayo se reunió este viernes por la mañana el pedido de prórroga del mandatario, que sigue en el cargo provisoriamente. La solicitud fue rechazada por 39 legisladores, mientras que tres votaron a favor, dos se abstuvieron y uno estaba ausente, informó el medio local ABC.

Senado de Paraguay

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Antes de la sesión, la senadora opositora Esperanza Martínez manifestó a la prensa que el reglamento del proceso de destitución prevé cinco sesiones y que la primera de ellas tuvo lugar el jueves, cuando los legisladores se establecieron como jueces y escucharon los alegatos de la acusación.

Martínez consideró que, como parte del proceso, Peña debería presentarse este viernes a ejercer su defensa, luego habrá otra sesión para que se presenten pruebas, una más para que se debatan los alegatos a favor y en contra y una última para dar un dictamen.

"Algunos rumores dicen que Santiago Peña está amenazando, que tiene cuestiones que colocarle a cada uno de los actores políticos de este país", apuntó la senadora del Partido de la Participación Ciudadana, miembro de la coalición de izquierda Frente Guasú, que aseguró que el aún presidente podría intentar escapar del país.

La senadora paraguaya Esperanza Martínez

La senadora paraguaya Esperanza Martínez

"¿O acaso no puede pasar lo que pasó con Bolsonaro?", señaló, en referencia a la salida irregular del excandidato presidencial Flávio Bolsonaro de Brasil tras su derrota electoral ante Luiz Inácio Lula da Silva, pese a la prohibición de la justicia, que lo investiga por lavado de dinero.

Por su parte, la senadora liberal Celeste Amarilla, argumentó que un plazo razonable de 48 horas permitiría garantizar el debido proceso y evitar que Peña recurra posteriormente a instancias judiciales o internacionales para cuestionar una eventual destitución.

El colapso de Ueno Bank

El escándalo estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) inició un procedimiento de resolución de Ueno Bank, una entidad digital que había crecido aceleradamente desde su transformación en banco, a fines de 2023. La medida implicó la suspensión de sus operaciones y el bloqueo de retiros, transferencias y depósitos, lo que generó una situación similar a un corralito financiero.

La entidad tenía más de tres millones de clientes, cerca de la mitad de la población paraguaya, y administraba unos 850 millones de dólares en fondos públicos, de los cuales unos 380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social (IPS), que gestiona las jubilaciones y la cobertura sanitaria.

El BCP justificó su intervención porque el índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido y detectó préstamos a empresas del mismo grupo económico que superaban los límites permitidos.

"También quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí. (...) Pero hoy mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero", señaló Peña en su mensaje de renuncia.

Uno de los principales cuestionamientos contra el mandatario está relacionado con sus anteriores vínculos empresariales con el Grupo Vázquez, que controlaba Ueno Bank: Peña había tenido acciones en este grupo, pero se desvinculó de esa participación en 2025, cuando ya estaba al frente del gobierno.

Los legisladores que promovieron su destitución señalaron un posible "conflicto de intereses" y cuestionaron la evolución patrimonial del presidente, además de plantear presuntas responsabilidades por el manejo de fondos públicos y previsionales.

La crisis también provocó la salida del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, cuya renuncia había sido solicitada por el propio Peña luego de conocerse la intervención de la entidad.

Las protestas de los ahorristas y la intervención del Banco Central

La intervención del banco generó protestas de ahorristas y cuestionamientos sobre los controles del sistema financiero. La Fiscalía, por su parte, dispuso actuaciones contra directivos de la institución, mientras las autoridades debieron organizar un mecanismo para devolver los depósitos afectados.

Miles de personas protestaron el jueves por tercera noche consecutiva en Asunción y otras localidades del país, como Ciudad del Este. "Mi familia se quedó sin dinero, no tenemos efectivo. Santi (Peña) es un delincuente, tiene que ir a la cárcel", dijo Andrés Maldonado, un estudiante de 21 años, a la agencia AFP durante una protesta en Asunción.

Con pancartas en las que se leía "robar es delito solo para los pobres" y "no me sirve tu renuncia, devolvé la plata de tu bolsillo", unos 5.000 manifestantes se apostaron la víspera a las afueras de Congreso en apoyo al juicio contra Peña, según estimaciones de la policía.

Tras la intervención de Ueno, Peña promulgó una ley que fijó un plazo máximo de cinco días hábiles para devolver a los depositantes la mayor parte de los fondos. El Banco Central comenzó a pagar el jueves las garantías de depósitos a los ahorristas. El BCP informó que los pagos, de hasta 10 millones de guaraníes o 1.565 dólares estadounidenses, están destinados a un "primer grupo" de ahorristas que no tengan deudas con la entidad y cuentas en otros bancos para recibir sus fondos.

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