Alarma en la industria del cannabis en EEUU: una prohibición federal amenaza el mercado nacional y la producción en Latinoamérica
Una prohibición incluida a última hora por el Congreso de EEUU en la legislación que puso fin al cierre del gobierno fijó un límite de THC tan estricto que amenaza con ilegalizar el 95% del mercado de cáñamo. La medida no solo pone en riesgo miles de empleos, sino que también genera una profunda incertidumbre en las industrias emergentes de cannabis de América Latina.
La industria del cáñamo en Estados Unidos enfrenta una sorpresiva prohibición, que ilegaliza la mayoría de sus productos. Una nueva disposición aprobada por el Congreso, incluida a última hora en el proyecto de ley que puso fin al cierre del gobierno, estableció un estricto límite de THC total por envase, que amenaza con sacar del mercado una industria valorada en 28.000 millones de dólares. Este cambio no solo pone en alerta a la industria nacional, sino que también genera una profunda incertidumbre en las industrias emergentes de cannabis de América Latina, con un impacto significativo en su cadena de suministro y en la inversión regional.
"El cáñamo es una industria de 28.000 millones de dólares, tenemos más de 300.000 empleos y 1.500 millones de dólares en ingresos fiscales estatales y locales", dijo Jonathan Miller, asesor legal general de la Mesa Redonda del Cáñamo de EEUU (US Hemp Roundtable), en diálogo con El Observador USA. "De aplicarse, esta ley acabaría con la industria entera, es una prohibición total, ya que trata al 95% de los productos de cáñamo en el mercado como si fueran narcóticos de la Lista I, similares al fentanilo o la heroína, y el 5% restante sería imposible de fabricar debido a las normas de extracción", agregó.
Un vacío legal que llevó a la prohibición
La industria del cáñamo, un derivado de la planta de cannabis, fue legalizada durante el primer mandato de Donald Trump, por la Ley Agrícola ( Farm Bill) de 2018 para usos industriales. Sin embargo, la amplia definición de la ley creó un vacío legal en las normas federales sobre el THC, el compuesto que produce el efecto psicoactivo, que permitió a los productores lanzar al mercado masivamente productos de consumo como gomitas, bebidas y vapeadores capaces de provocar efectos similares a los de la marihuana.
La nueva prohibición, impulsada por el senador Mitch McConnell e incluida repentinamente en la legislación que puso fin al cierre gubernamental más largo de la historia, ilegaliza productos que contengan más de 0,4 miligramos de THC total por envase. Esto contrasta con la Ley Agrícola anterior, que se basaba en la concentración y permitía productos con menos del 0,3% de THC por peso, sin un límite en la cantidad total. Este nuevo límite, que entrará en vigor en 12 meses, es significativamente estricto. A modo de referencia, el Journal of Cannabis Research señala que una sola gomita de cáñamo suele contener entre 2,5 y 10 miligramos de THC.
Muchos en la industria criticaron la incorporación a última hora del proyecto en la ley de financiamiento. "Hace un año que McConnell viene impulsando esto, pero hemos podido detenerlo. Sin embargo, esta vez utilizó un dispositivo de procedimiento que obligó al Congreso a elegir entre mantener el gobierno abierto o ayudar a la industria del cáñamo. Fue una votación imposible, una manera desleal de aprobar algo que creemos que es políticamente muy impopular", sostuvo Miller.
La restricción marca una drástica inversión de rumbo. En 2018, fue el propio McConnell, republicano por Kentucky, quien promovió la legalización del cáñamo como un motor económico para su estado. Sin embargo, ahora busca "corregir" su ley insignia antes de su jubilación, argumentando que la nueva norma "restaura la intención original" de la Ley Agrícola.
La industria reclama por regulación
"Ciertamente hay malos actores que venden productos con límites de THC más altos que los establecidos por la ley, que comercializan para niños o que son mal fabricados. Todas esas personas deberían ser castigadas. Nuestra industria viene instando al Congreso desde 2018 para obligar a la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) a regular estos productos, pero el organismo se niega a hacerlo y el Congreso se niega a garantizar que lo haga. Por eso tenemos estos problemas", dijo Miller.
Productos con THC. AP.webp
Y agregó: "La solución de Mitch McConnell y Andy Harris fue: prohibamos todo. Así que están tratando de atacar a los malos actores yendo también contra todos los buenos actores. Pero la prohibición solo empodera a los malos actores. Ellos seguirán vendiendo ilegalmente y sin ninguna regulación. Así que realmente es el peor de los escenarios".
Si bien los expertos sostienen que el mercado legal se contraerá drásticamente con una prohibición, advierten que la demanda de los consumidores no disminuirá. En los últimos años, la demanda de marihuana y otros productos a base de THC aumentó, impulsada también por la tendencia de los consumidores de reducir el consumo de alcohol. Miller advirtió que la prohibición lo que hace es empoderar a los cárteles que suministran los productos en el mercado negro.
Una ventana para debatir un marco regulatorio alternativo
La esperanza de los líderes del sector es que el Congreso, en lugar de implementar la prohibición total, opte por un marco regulatorio. Al dejar 12 meses para su entrada en vigor con el objetivo de que la industria se adapte, la disposición ofrece una "ventana" para debatir un marco regulatorio alternativo.
Planatación de Cannabis . AP
"En primer lugar, vamos a pedir una extensión del período de 12 meses, a ver si podemos tener dos años, y después usaremos ese tiempo para intentar revertir esto y reemplazarlo con una regulación sólida", explicó Miller y, entre las regulaciones, planteó la necesidad de mantener los productos fuera del alcance de los menores, exigir el uso de buenas prácticas de fabricación, garantizar la veracidad en el etiquetado y solicitar pruebas de terceros. También adelantó que el congresista Morgan Griffiths de Virginia y el senador Ron Wyden de Oregon presentaran proyectos de regulación.
“Nuestra intención es ayudar al gobierno federal a comprender cómo regular el cáñamo y proteger a los estadounidenses, en lugar de prohibirlo”, sostuvo.
Consultado por la posición de la administración Trump con respecto al cannabis y al cáñamo, Miller explicó que no es clara."Creo que hay una mezcla dentro de la administración. El presidente Trump compartió un video que hablaba de lo importante que era el CBD para mucha gente y lo maravilloso que era como producto. Así que sabemos que apoya el CBD, pero realmente no se han pronunciado sobre este tema", afirmó.
El impacto en Latinoamérica
Al invalidar la mayoría de los productos de cáñamo en el mercado estadounidense, los expertos esperan una contracción inmediata de la demanda global y una fuerte presión a la baja sobre los precios. Esto afectará a países como Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, que están en distintas etapas de desarrollo regulatorio del cannabis y el cáñamo.
Cannabis cañamo. AP
AP
"Esta iniciativa introduciría un nivel de incertidumbre muy alto para toda la cadena del cáñamo en América Latina”, explicó Pablo Fazio, analista y consultor en la industria del cannabis y políticas regulatorias en América Latina, a Bloomberg.
Fazio, expresidente de la Cámara Argentina del Cannabis (Argencann), señaló que la volatilidad regulatoria en EEUU hace que el costo del capital suba y que los inversores reevalúen su apetito de riesgo, frenando proyectos en un sector que "ya venía golpeado después del estallido de la burbuja del cannabis y la caída estrepitosa del valor de sus acciones”. Esto representa una señal negativa para la planificación a largo plazo y las inversiones en los mercados emergentes de la región "que estaban evaluando inversiones para el sector”, dijo.
Fazio dijo que teme un riesgo de "contagio normativo" en América Latina, donde la tendencia prohibicionista de EEUU podría influir en el endurecimiento de las regulaciones locales.
En un contexto de creciente militarización en el Caribe, fuertes presiones de Washington sobre los gobiernos de la región y una crisis sanitaria en EEUU por el fentanilo, “estas disposiciones sugieren que podríamos estar ante el preludio de una segunda guerra contra las drogas bajo la impronta de la era Trump”, apuntó Fazio.
