12 de junio de 2026 12:44 hs

A principios de este mes, los legisladores en Tallahassee aprobaron una enmienda constitucional histórica que aumentaría la exención para las propiedades residenciales a 150.000 dólares en 2027 y a 250.000 dólares en 2028, reduciendo de facto a cero los impuestos locales sobre la propiedad no destinados a escuelas para muchos propietarios.

En los últimos días, se han multiplicado las peticiones a los legisladores para que reconsideren recortes tan drásticos, incluso desde municipios controlados por los republicanos que anteriormente habían expresado su apoyo a la reforma del impuesto sobre la propiedad, ya que ahora temen el impacto que una reducción tan drástica tendría en sus ingresos y financiación.

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Vista de los grandes edificios sobre el río Miami en Brickell, en Miami. EFE.webp
Vista de los grandes edificios sobre el río Miami en Brickell.

Vista de los grandes edificios sobre el río Miami en Brickell.

Los más afectados por la baja de impuestos

Si bien en este momento es difícil determinar qué servicios públicos se verían afectados por los recortes a los impuestos a la propiedad y de qué manera, un análisis del 29 de mayo realizado por el Florida Policy Institute (FPI) calculó cuánto perdería cada distrito escolar y condado en ingresos si se aprobara la enmienda.

Según los analistas, los distritos escolares de los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach sufrirían la mayor pérdida de ingresos con una exención de impuestos de 250.000 dólares, con descensos de más de 512 millones, 473 millones y 418 millones de dólares, respectivamente.

En general, los condados de Florida perderían un promedio de 4.800 millones de dólares anuales con la exención de U$S250.000, según el FPI. La calificadora de riesgo como S&P advirtió que los recortes al impuesto a la propiedad en Florida podrían deteriorar la capacidad de pago de la deuda local, en un episodio representativo de la ola de alivios fiscales subnacionales con consecuencias crediticias para municipios dependientes del ingreso inmobiliario.

Vizcaya Village Miami 3
Representaciones realizadas por Beyer Blinder Belle Architects & Planners + NBW, con MAQE.

Representaciones realizadas por Beyer Blinder Belle Architects & Planners + NBW, con MAQE.

La propuesta de Ron De Santis

La propuesta, una versión modificada de la presentada recientemente por el gobernador saliente Ron DeSantis, fue respaldada por la Cámara de Representantes y el Senado de Florida, dominados por los republicanos, y aprobada como resolución conjunta.

Estos son sus puntos principales, tal como se describen en el proyecto de ley:

-Eximir de impuestos los primeros 150.000 dólares del valor de una vivienda principal para todos los gravámenes, excepto los del distrito escolar, para el año 2027, y los primeros 250.000 dólares para el año 2028, con el objetivo de eliminar por completo los impuestos a la propiedad para las viviendas principales mediante ley general posteriormente;

-Exigir a los gobiernos locales que utilicen los impuestos a la propiedad restantes exclusivamente para servicios públicos esenciales, incluyendo seguridad pública, educación y escuelas, infraestructura y recursos naturales.

-Proteger a las pequeñas empresas limitando las futuras evaluaciones de impuestos a la propiedad para las empresas.

Casa en venta. AP.webp

Con apoyo de los republicanos

Priorizando a los residentes de larga data de Florida, se exige que toda persona que establezca su residencia después del 1 de enero de 2027 mantenga dicha residencia durante cinco años antes de poder recibir la exención de impuestos a la propiedad incrementada.

El proyecto de ley no incluye la creación de un fondo que proporcionaría subvenciones estatales a los gobiernos locales para ayudar a cubrir servicios esenciales mientras se eliminan gradualmente los impuestos a la propiedad, como sí se incluía en el borrador de DeSantis.

La resolución conjunta de la Cámara de Representantes se someterá a votación el 3 de noviembre como una pregunta de sí o no sobre la aprobación de la enmienda. Necesitaría una supermayoría del 60% de los votantes para convertirse en ley. De ser aprobada, entraría en vigor el 1 de enero de 2027.

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