La batalla cultural de Donald Trump y sus seguidores con la "ideología woke" avanza en todos los ámbitos del gobierno. Esta vez, le tocó a la Ley de Equidad Digital, establecida en 2021 y destinada a mejorar el acceso a internet de alta velocidad en comunidades con acceso limitado. Su objetivo es cerrar la brecha digital y garantizar que todas las personas y comunidades tengan acceso y capacidad para participar plenamente en la economía digital, pero el presidente la considera ilegal por incluir una perspectiva de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en su redacción.
En una publicación reciente en su red social Truth Social, Trump advirtió que el programa, incluido en la ley bipartidista de infraestructura de 1 billón de dólares que Joe Biden firmó al inicio de su mandato, era "racista" e "inconstitucional", y manifestó su intención de terminarlo de inmediato. "No más dádivas woke basadas en la raza", aseguró el jueves.
Publicación de Donald Trump sobre la ley de Equidad Digital.png
La Ley de Equidad Digital fue diseñada para ayudar a diversos grupos, incluidos veteranos, personas mayores, discapacitados y comunidades rurales. Pero Trump sostuvo que también buscar mejorar el acceso a internet para minorías étnicas y raciales, por lo que insiste en que la iniciativa es "racista", por discriminar a las personas blancas.
Sin embargo, la ley apenas menciona la raza y sólo establece que las minorías raciales podrían beneficiarse del programa, incluyendo una cláusula de no discriminación que indica que nadie puede ser excluido del programa “por motivos de raza real o percibida, color, religión, origen nacional, sexo, identidad de género, orientación sexual, edad o discapacidad”, un lenguaje tomado de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
El origen de la Ley de Equidad Digital
Propuesta en 2019 por la senadora demócrata Patty Murray, de Washington, y aprobada dos años después, la Ley de Equidad Digital creó tres programas de subvenciones que permiten a estados, tribus y otras organizaciones solicitar fondos para conectar a personas y proporcionarles las herramientas necesarias para un uso seguro y efectivo de la web. Así otorgó 60 millones de dólares en subvenciones a estados y territorios para que elaboren planes que igualen el acceso a internet, como también 2.500 millones en subvenciones para implementar esos planes.
Al aprobar esta ley, el Congreso reconoció la importancia del acceso a internet para encontrar trabajo, hacer tareas escolares, acceder a atención médica, postular a la universidad, pagar impuestos y participar plenamente en la sociedad moderna.
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Senadora Patty Murray, impulsora de la Ley de Equidad Digital.
Parte de esos fondos ya se distribuyeron en estados con planes aprobados, incluyendo estados rurales y conservadores como Indiana, Alabama, Arkansas, Iowa y Kansas. Cientos de millones adicionales fueron aprobados por la administración Biden semanas antes de que Trump asumiera el cargo, pero aún no se distribuyeron.
En una conferencia de prensa la semana pasada, la senadora Murray dijo que "es una locura que Trump esté bloqueando recursos para asegurar que los niños en distritos escolares rurales puedan obtener puntos de acceso o computadoras portátiles, solo porque no le gusta la palabra equidad”.
"La obsesión desquiciada de esta administración por imponer guerras culturales extremistas de derecha a todos nosotros no es una razón aceptable ni legal para negar a los estados el acceso a estos fondos", agregó.
La cancelación de las subvenciones a los estados casi con seguridad será impugnada en tribunales, ya que el proyecto fue aprobado por el Congreso, por lo que el poder Ejecutivo no debería poder afectar su funcionamiento. Sin embargo, el gobierno tuvo varios éxitos evitando el bloqueo de los jueces a la hora de suspender fondos relacionados con programas de equidad y diversidad.
