La Justicia salió a la caza de más propiedades de Balcedo en Uruguay

La Fiscalía avanza en la búsqueda de inmuebles propiedad del sindicalista y empresario de medios argentino, Marcelo Balcedo, quien fue detenido en Uruguay el pasado 4 de enero a pedido de la Justicia argentina, por una causa de presunto lavado de activos y asociación ilícita. Según dijeron fuentes judiciales a El Observador, además de la chacra "El Gran Chaparral", ubicada al pie de un cerro sobre la ruta 10, en el límite entre Playa Hermosa y Playa Verde (Maldonado), y de otra casa, ubicada cerca de la costa de Playa Verde, se lograron identificar tres sociedades que presuntamente fueron utilizadas por el indagado para ocultar bienes en el país.

Hasta ahora, la casa y la chacra pudieron ser fácilmente relacionadas con el detenido porque estaban a su nombre. Sin embargo, los investigadores creen que no son las únicas que posee en el país, y que estas sociedades, que ya fueron identificadas, permitirán conocer el resto.

La Fiscalía, en conjunto con el Banco Central, la Secretaria Antilavado y la Policía del Crimen Organizado, realizan un inventario de todos los bienes y activos que el sindicalista tiene en Uruguay, al tiempo que analizan las transacciones que realizó a través de sus cuentas bancarias, para tratar de determinar si Balcedo lavó dinero en el país.

Además de los dos bienes inmuebles ya identificados, también se le pudo adjudicar la propiedad de dos vehículos: un Ferrari California y una camioneta 4x4 Dodge Ram. Estos dos autos son los únicos con chapa uruguaya encontrados en "El Gran Chaparral", y ambos están a nombre de la esposa del sindicalista, quien también aguarda en prisión mientras se define el trámite de extradición hacia Argentina.

En la propiedad también se encontraron otros 12 autos de alta gama, entre ellos un Chevrolet Camaro, un Porche Panamera Turbo y un Mercedes Benz Mclaren. Todos estos vehículos tienen chapa argentina, por lo que no pudieron ser incluidos en la investigación que lleva adelante la Justicia uruguaya.

Además de autos de lujo, el día de la detención la Policía incautó armas de fuego, municiones y US$ 500 mil en efectivo.

Asimismo, fueron incautados varios cofres de seguridad, que hasta ahora no fueron abiertos, según informaron fuentes de Fiscalía, y en los que se espera encontrar más dinero. Balcedo, que es secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), que nuclea a personal de colegios como cocineros, porteros y encargados de limpieza, entre otros, fue denunciado por la Unidad de Información Financiera de Argentina por presuntamente haber retirado de las cuentas del gremio 53 millones de pesos argentinos (unos US$ 2,8 millones).

Estos fondos presumiblemente provendrían de Los Monos, una conocida banda de narcotraficantes de

Rosario, que se mantiene activa a pesar de que sus líderes están en prisión.

La Secretaria Antilavado investigará a las inmobiliarias que le vendieron terrenos y propiedades a Balcedo para determinar si hicieron los controles que les obliga la ley a fin de reportar aquellas actividades sospechosas de lavado de activos. En 2009 el sindicalista argentino le compró a un ciudadano francés la fastuosa chacra en la cima de un cerro en la que fue detenido el pasado jueves.

Desde entonces adquirió varios terrenos en torno a la propiedad, pavimentó el camino de tierra que conducía desde la ruta hasta la puerta del predio y tiró abajo los viejos galpones de un frigorífico de la zona. Además, construyó una lujosa piscina, canchas de tenis, y pobló el lugar de animales como vacas, ovejas, cabras, liebres, llamas, carpinchos y venados.

Las inmobiliarias están obligadas a reportar operaciones sospechosas desde 2004. No cumplir con las disposiciones tendientes a combatir este delito pueden derivar en una multa, suspensión temporaria o definitiva del permiso para operar o incluso en una acción penal donde podrían ser juzgados como cómplices de lavado.

También son sujetos obligados a cumplir estas normas los escribanos (desde 2009) y las empresas constructoras (desde 2015). Algunos de ellos también podrían ser citados si se comprueba que trabajaron para Balcedo después de haber sido incluidos en la normativa.

Según supo El Observador Balcedo solía pagar a sus proveedores con grandes sumas de dinero en efectivo.

Quienes habían actuado como defensores de Balcedo y su esposa desde que fueron detenidos, Juan Fagúndez y Pablo Correa, renunciaron este lunes a esa tarea debido a diferencias contractuales con el estudio de abogados que representa al sindicalista en Argentina.

Según supo El Observador, en Argentina hay dos estudios que representan al sindicalista.

Para llevar el tema en Uruguay, uno de ellos se acercó al abogado Víctor Della Valle y el otro a Correa y Fagúndez.

Como finalmente los dos estudios no lograron ponerse de acuerdo sobre qué defensor contratarían para llevar el caso en forma definitiva, Fagúndez decidió renunciar.