Laicidad

Sólo si se estudia en el contexto de nuestra historia se podrá entender su sentido. Un primer significado corresponde a la reforma de 1917. En la nueva Constitución se determinó la separación de la Iglesia Católica del Estado uruguayo. Fue el final de un largo período de tiempo en que la Iglesia desempeñó un rol institucional de primera importancia en la naciente vida independiente del país, en la educación, en las ideas filosóficas. La democracia moderna reconoce la igualdad de los derechos de todas las personas humanas, sin distinción ni excepción. El cristianismo fue el primero que enseñó la igualdad de naturaleza de todos los hombres delante de Dios, sin distinción de raza, color, clase o profesión. No ha sido por tanto la democracia griega –que aplicaba la igualdad de los hombres a una élite de nacimiento–, el modelo de la democracia moderna.

Pero ese rol de primacía fue desembocando con el tiempo en una intromisión indebida de la Iglesia en los asuntos del Estado y del Estado en los asuntos de la Iglesia. Y eso lesionaba cada vez más vivamente la legítima autonomía de cada uno.

La solución de la separación se aplicó primeramente en Francia en 1905. En la mayoría de los países, sin embargo, Iglesia y Estado continuaron unidos, y permanecen así hasta nuestros días. Es el caso de los países escandinavos. Es el caso todavía más emblemático de Inglaterra donde la Corona es la cabeza de la iglesia anglicana. En Rusia, la Iglesia ortodoxa es la iglesia oficial. Finalmente, la mayoría de los países musulmanes actuales son teocracias, en las que el islam es la ley del Estado. Paradójicamente, la independencia de Iglesia y Estado fue un fenómeno de los países llamados "católicos" y representó un progreso respecto a los demás.

La separación de Iglesia y Estado, en Uruguay, no fue sin embargo una solución pacífica. Se produjo dentro de un clima de agresión del Estado a la Iglesia y a la religión en general. Comienza aproximadamente en un gobierno blanco, en 1859, y se prolonga más allá de 1917, al menos hasta el primer tercio del siglo XX, con mayor o menor virulencia según los gobiernos. O sea que la aprobación de la Constitución del 17 fue un acuerdo dentro de un paréntesis de tal estado de cosas. Este tramo de nuestra historia, de casi 80 años, también es parte del significado de la laicidad pero de connotación negativa.

La libertad de expresión es lo que falta a la laicidad de hoy, para que pueda expresarse en el ámbito público, como sucede en materia política, económica, periodística. Un ejemplo de lo que decimos se puede apreciar en Estados Unidos. En la asunción de Donald Trump, tres pastores religiosos hicieron uso de la palabra y dirigió cada uno sus oraciones. Y eso no causó sorpresa en el pueblo americano, al contrario, sonó lógico. ¿Por qué? Es que ese país se originó a partir de una concepción distinta. Sus fundadores huían de las guerras de religión europeas y del principio consagrado en la paz de Westfalia, de que la religión del pueblo debía ser la del rey, sin más opción. Una unión de Iglesia y Estado que, decíamos, los países protestantes conservan hasta la actualidad. Como reacción a esa violencia, la futura Federación de Estados americanos creó una Constitución en la que expresamente se protegía la libertad religiosa de la influencia del Estado. Éste debía respetar todos los credos porque era su condición de existencia.

El art. 5 de la Constitución es válido actualmente: el Estado no debe sostener religión alguna. Pero la no confesionalidad no es irreligiosidad. El derecho de cada uno a la religión y a su libre expresión en el ámbito público es uno más de los derechos del ciudadano, que el Estado debe reconocer y salvaguardar. Debe asumir el compromiso de que cada ciudadano pueda sostener y manifestar su credo religioso. Se introdujo, pues, en nuestra Constitución, un elemento ideológico antirreligioso, que es necesario remover para devolver al concepto "no-confesional" su sentido original. Es coherente además con la verdadera laicidad, que el Estado también esté libre de toda ideología. Que se avance en esta materia, garantizará el mejor cumplimiento del texto constitucional y se ganará en libertad.