El gobierno de Javier Milei endureció en las últimas semanas los requisitos para entrar y permanecer en Argentina, tanto para los turistas como para otro tipo de visitantes. La publicación del decreto de necesidad y urgencia, conocido como la reforma migratoria de Milei, estableció una serie de cambios respecto a la normativa anterior.
Los dos principales aspectos que podrían afectar el tránsito de uruguayos hacia Argentina están relacionados a la necesidad de contar con un seguro de salud obligatorio y la exigencia de no contar con antecedentes penales que "pudieran motivar el rechazo de la solicitud" de ingreso al país.
Aunque el decreto 366/2025 ya fue publicado en el boletín oficial –por lo tanto está vigente–, fuentes consultadas por El Observador advirtieron que resta que sea reglamentado para conocer los detalles sobre la aplicación y el control de la nueva normativa.
Los cambios, sin embargo, despertaron la inquietud de uruguayos. El cónsul de Argentina en Uruguay, Matías Piris, señaló que se dispararon las consultas a la embajada en las últimas horas.
Y aunque desde las agencias de viaje se transmitió que el decreto argentino empezaría a controlarse desde el 1° de julio, Piris aclaró que no hay una fecha establecida y que la implementación será determinada por la reglamentación.
El decreto en cuestión modifica varios artículos de la Ley de Migraciones de Argentina.
En el caso de la asistencia social o atención sanitaria de extranjeros, el nuevo texto establece que "en los establecimientos que brinden atención sanitaria administrados por el Estado Nacional solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la prestación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio, de conformidad con las condiciones que establezca el Ministerio de Salud".
Sin embargo, establece –como ya regía con la normativa anterior– que la asistencia no se le podrá negar a ningún extranjero que esté ante una situación de emergencia.
"El decreto habla que ante casos extremos no se va a negar la salud a nadie, sin importar la condición", apuntó Piris. E insistió en que falta la regulación. "Nosotros la información que tenemos es que no está reglamentado", sostuvo y agregó que la Cancillería no transmitió fechas.
Por otra parte, otras fuentes gubernamentales aclararon que no se empezará a exigir seguro para entrar al país el 1° de julio, pero que sí podría suceder que a partir de esa fecha los extranjeros que tengan que recurrir a un hospital del Estado Nacional sean cobrados por la atención recibida.
Por esa razón, recomendaron viajar con un seguro de salud contratado.
Lo mismo hizo el cónsul, quien sostuvo que la sugerencia ante las consultas es viajar a Argentina con un seguro médico o algún tipo de cobertura básica para evitar problemas.
Respecto a los antecedentes penales, el decreto establece como una causa de impedimento de ingreso y de permanencia de extranjero la "omisión de informar sobre la existencia de antecedentes penales, condenas o requerimentos judiciales".
Tampoco está claro cómo será la implementación de este punto. Las fuentes consultadas aseguraron que se ajustarán los controles, aunque la forma quedará establecida en la reglamentación.
Motivos de seguridad
La fundamentación del decreto aprobado por Milei alega razones de seguridad y de cambios en el escenario global, que hacen necesario actualizar las normas dictadas por los constituyentes argentinos en tiempos de poblar el país y fomentar la inmigración.
Ahora, las autoridades señalan que hay "nuevos desafíos en materia política, económica, cultural y social". Y que las crisis en el mundo desencadenan "movimientos migratorios con mayor frecuencia" que antes, por lo que se da una "afluencia masiva de migrantes", entre los que se encuentran extranjeros que llegan al país de forma ilegal.
La situación, entonces, "requiere de medidas urgentes" porque el esfuerzo hecho hasta el momento "resulta insuficiente" para "desincentivar el ingreso o la permanencia irregular de extranjeros" en Argentina.
También alude a la "política de deportaciones" del gobierno estadounidense de Donald Trump, que lleva a que más de 138 mil sudamericanos sean expulsados, lo que constituye ua "señal de alerta" para Argentina.
