Mientras el partido o la coalición gobernante tenía mayoría en el Parlamento –tal como pasó en la mayoría del tiempo desde la reapertura democrática– la posición de las colectividades opositoras solía ser la misma en ambas cámaras salvo contadas excepciones. Pero la situación actual, donde el gobierno tiene mayoría en el Senado pero no en Diputados, volvió más frecuente que la postura de los legisladores de un partido en la cámara baja sea distinta a la de sus correligionarios en la cámara alta.
Pasó en la discusión por el rescate a la Caja de Profesionales, pasó en el Presupuesto y puede pasar en el debate sobre el proyecto de ley de lavado de activos. Si bien se trata de una iniciativa que reúne amplio consenso a nivel general, tiene tres pasajes que son cuestionados por la oposición y no es seguro que sean aprobados.
Se trata de la eliminación de la fiscalía de lavado de activos, de bajar el límite para el uso de efectivo y de nuevas potestades para la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). Los primeros dos fueron acompañados por el Partido Colorado en la cámara alta y el tercero fue acompañado por todos los partidos.
Sin embargo, la posición en la cámara baja será distinta. Los blancos tienen decidido desde diciembre –cuando el proyecto se votó en general pero se postergó la discusión del articulado para el 23 de febrero– que no acompañarán ninguno de esos tres pasajes en Diputados mientras que los colorados aun tienen que definir una posición final aunque su actuación en comisión dio algunas pistas.
El principal punto de discordia es la eliminación de la fiscalía especializada. Los representantes colorados en la comisión no acompañaron ese artículo pero aun no tienen una postura colectiva para el plenario. Como Pedro Bordaberry y Tabaré Viera lo votaron en el Senado, es posible que Vamos Uruguay se divida y eso le permita al oficialismo aprobar ese pasaje. Unir para Crecer, que también acompañó en la cámara alta, todavía no definió qué va a hacer en el plenario. El resto de los partidos opositores están en contra.
El gobierno aseguró en más de una oportunidad que esa propuesta venía con la anuencia de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, –ampliamente respaldada por la oposición–. “Tiene un costo de $17 millones con un solo caso, estamos todos locos”, cuestionó en una comparecencia ante la comisión. En el Senado había sido un poco más ambigua ya que a través de una carta enviada por una funcionaria de Fiscalía aseguraba que la intención inicial era crear otra fiscalía de lavado pero al no tener recursos para hacerlo lo mejor era eliminarla porque tener una sola atentaba contra la aleatoriedad en la asignación de casos.
El artículo sobre nuevas potestades para la Senaclaft, en tanto, es el que tiene menos chances de salir, al menos tal como está redactado actualmente. Ese pasaje establece una serie de cometidos para la secretaría entre los que la habilita a realizar inspecciones de bienes muebles o inmuebles “detentados u ocupados” por los sujetos obligados o aquellos que hayan tenido participación “directa o indirecta” en negocios que se estén investigando.
Además, habilita a que la Senaclaft pueda “requerir y retirar documentación y/o respaldos informáticos” y solo establece la necesidad de una orden judicial para inspeccionar domicilios particulares. Y eso es lo que no convence a la oposición.
El diputado blanco Pablo Abdala redactó un sustitutivo que plantea que para el retiro de documentación y respaldos informáticos también será necesaria la autorización judicial sea donde sea y que en caso de que exista una “urgencia debidamente fundada” la Senaclaft podrá disponer del retiro de manera inmediata “debiendo comunicarlo al juez competente dentro del plazo de 24 horas a efectos del control jurisdiccional correspondiente”.
Los colorados tampoco comparten la redacción propuesta por el Ejecutivo e, incluso, tienen diferencias con la alternativa nacionalista. El diputado colorado Conrado Rodríguez explicó que no están de acuerdo con que si hay “urgencia debidamente fundada”, como plantea Abdala, la Senaclaft pueda actuar ya que entienden que siempre debe haber una intervención judicial previa.
Respecto a los cambios al uso del efectivo, la postura colorada parece mantenerse respecto a lo votado en el Senado. En comisión, donde solo hay representantes de Vamos Uruguay y no de Unir para Crecer de Andrés Ojeda, los colorados votaron por bajar el tope máximo del uso de efectivo.
Eso le valió críticas de Cabildo Abierto por dos motivos: porque le dio los votos al gobierno para generar la mayoría necesaria para aprobar ese pasaje –algo por lo que el partido liderado por Guido Manini Ríos fue cuestionado en reiteradas oportunidades– y por acompañar una modificación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada durante la administración anterior.
Es que la LUC elevó a US$ 160 mil el monto máximo de plata que se puede utilizar para operaciones en efectivo desde los US$ 6 mil que había establecido la ley de Inclusión Financiera. Sin embargo, ahora el gobierno quiere volver a bajarlo pero a US$ 32 mil.
Desde el Partido Colorado, el diputado Conrado Rodríguez ha defendido que el “monto es relativo” y que entienden que el tope fijado en la LUC es muy alto pero que están dispuestos a discutir cuál tiene que ser el número a fijar.
Otros cambios
El proyecto aprobado en diciembre en comisión de Diputados –que ya fue votado en el Senado– modifica más de 30 artículos de la ley Integral contra el Lavado de Activos de 2017. En muchos casos se trata simplemente de adecuar la redacción a los conceptos del nuevo Código del Proceso Penal –formalizado en vez de procesado o Fiscalía por juzgado– pero también introduce otros cambios.
Uno de ellos es agregar nuevos delitos como precedentes del lavado de activos, es decir como la actividad que generó los recursos que luego se buscan blanquear. Entre los delitos que se agregan están los ambientales (introducción de desechos tóxicos), el fraude en las entidades integrantes del sistema financiero nacional y los ciberdelitos cuyo monto real o estimado supere las 100 mil unidades indexadas (US$ 16 mil).
Otro de las modificaciones es la introducción de nuevos sujetos obligados no financieros, es decir de personas o empresas que están obligados por su actividad profesional a reportar operaciones sospechosas.
Los nuevos sujetos obligados son los fiduciarios no financieros salvo cuando sea una persona física o jurídica sujeta al control del Banco Central y los prestadores de servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos que trabajen para negocios que en forma “profesional y habitual” desarrollen actividades financieras en el exterior.
Los colorados evalúan plantear que entre las operaciones que requieran de una diligencia debida por los sujetos obligados también se incluyan las compra ventas con activos virtuales (tipo criptomonedas).
“También podrán aplicarse sanciones a los directivos y la alta gerencia de los sujetos obligados, las que consistirán en apercibimiento, observación, multa o inhabilitación para actuar ante la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos en forma temporaria o definitiva”, dice el texto aprobado.
Asimismo, el proyecto extiende de 5 a 10 años el plazo en el que los sujetos obligados tienen que conservar los registros y la documentación respaldante de todas las operaciones realizadas con sus clientes. La oposición pretende que sea solo para operaciones de alto riesgo.
Los cambios incluyen una extensión del tiempo –pasa de tres a cinco días– por la que los sujetos obligados –instruidos por la Unidad de Información y Análisis Financiero– pueden impedir la realización de operaciones sospechosas de “involucrar fondos cuyo origen proceda de los delitos” vinculado al lavado de activos.
