Según el experto, la idea de la minería ilegal se barajó cuando se estaba explotando oro en Rivera, a través de la minera Orosur. “Se decía que en Uruguay no había esa cantidad de oro y que se traía de Brasil para sacarlo a través de una mina que se estaba explotando, pero era todo un bolazo”, comenta. “Lo que sucedía es que Brasil no dejaba exportar oro, entonces decían que lo tenían que sacar a través de otro país, pero nunca se llegó a probar nada de eso”, agrega.
De hecho, según Chediak, la diferencia en la balanza comercial del oro “tiene una explicación, en principio legal, que es que el tráfico de oro no está prohibido en Uruguay. Es legal tanto la importación como la exportación de oro. En otros países está muy restringido, o incluso prohibido. Por eso, nosotros somos exportadores y reexportadores de oro”.
En Uruguay, las disposiciones regulatorias del Banco Central (BCU) establecen que “toda persona física o jurídica puede realizar operaciones de cambio” porque “el acceso al mercado de cambios es libre y sin requisitos de identificación”, y que “el traslado de billetes, metales preciosos y títulos valores nacionales o extranjeros, desde o hacia el exterior del país, es enteramente libre, no estando sujeto a contralor de especie alguna”.
Aunque no es solo el libre movimiento, sino que además el artículo 29 de la ley 19.574 no prevé que las personas que transportan valores por frontera deban justificar su origen.
“Como nuestro país es un país libre de circulación de dinero y de metales, yo puedo ingresar 500 mil dólares solo declarándolo. Aparte, están las normas de lavado de activos, pero el ingreso y salida es libre”, explica Sandra Libonatti, actual presidenta del SENACLAFT, en conversación con El Observador.
La experta, con más de 16 años como jefa de la Unidad de Control de Lavado de Activos del Banco Central (BCU), agrega que la comercialización de oro no lleva impuestos de IVA y que, por eso, “tampoco hay mucho incentivo de parte de la agencia tributaria de controlar la comercialización de oro. Eso colabora a que el oro circule de forma ilegal, incluso sin pasar por un sujeto obligado como puede ser una joyería”.
Las joyerías: el sujeto obligado que no acostumbra a ser revisado
“Son sujetos obligados los que comercializan oro”, explica Libonatti. En esa categoría entran las casas de cambio, que son sujeto obligado del BCU, y las joyerías, que lo son en el SENACLAFT.
“Comenzamos a finales del año pasado, 2025, con fiscalizaciones a joyerías, a las más grandes y también a las de menor porte, además de aquellos que funden oro”, explica la presidenta del organismo.
Según los datos oficiales, la cantidad de supervisiones desarrolladas durante el año en el sector galerías de arte y joyerías, del 2021 hasta el 2024 fueron 0, mientras que en 2025 fueron 3, año en el que además se registraron 5 sanciones.
“También tenemos algunos operadores que comercializan metales preciosos que están en zona franca. Eso también es un punto a considerar en la evaluación de riesgo porque eso quiere decir que no pueden operar con residentes", explica.
Pero quienes trabajan desde hace años en la compra y venta de oro coinciden en un diagnóstico: el perfil más habitual del vendedor no es el de quien busca desprenderse de una joya robada, sino el de una persona que heredó piezas familiares, atraviesa una separación o necesita obtener liquidez de forma rápida.
Tres referentes del sector de las joyerías consultados por El Observador, que aceptaron hablar en reserva y bajo condición de anonimato, señalaron que la mayor parte del oro que reciben en sus locales corresponde a joyas heredadas o a objetos que dejaron de utilizarse con el paso del tiempo.
Uno de ellos estimó que entre el 70% y el 80% de las piezas que compra tienen origen en herencias. "La mayoría son joyas de padres o abuelos que los herederos prefieren vender porque no las usan, porque ya pasaron de moda o porque es más sencillo repartir el dinero entre varios familiares que dividir las propias joyas", explicó.
Otros comerciantes evitaron poner cifras concretas porque aseguran que no llevan estadísticas sobre el motivo de cada venta, pero coincidieron en describir un patrón similar. Las alianzas matrimoniales aparecen entre los objetos más frecuentes, tanto por sucesiones como por divorcios o separaciones, junto con anillos, cadenas y otras joyas de uso cotidiano.
También señalaron que existe un grupo de personas que vende oro por necesidad económica inmediata, aunque entienden que no constituye el perfil predominante dentro del mercado formal.
Las piezas que generan dudas
Los tres referentes coincidieron en que las joyerías establecidas reciben muy pocas ofertas de piezas que generen sospechas de haber sido robadas. Según explican, quienes se dedican al hurto de joyas conocen el funcionamiento del sector formal y, justamente por eso, suelen evitarlo.
"Las personas que están en esa actividad ya saben perfectamente dónde pueden vender y dónde no. Los comercios establecidos tienen demasiados controles como para asumir ese riesgo", resumió uno de los empresarios consultados.
Otro comerciante explicó que el primer filtro suele ser la propia conversación con el vendedor. Preguntas simples sobre el origen de la pieza, cómo llegó a sus manos o por qué decidió venderla permiten detectar rápidamente relatos inconsistentes.
"Si hay algo que no nos convence, directamente no hacemos la operación. Preferimos perder una compra antes que exponernos a un problema", afirmó.
En algunos casos, cuando la situación genera dudas pero no existen elementos objetivos para denunciar un delito, optan por solicitar documentación adicional o simplemente rechazar la operación sin avanzar.
Los referentes remarcaron que la compraventa de oro en Uruguay funciona bajo un régimen de control que, según sostienen, desalienta el ingreso de piezas robadas al circuito formal.
Cada vez que un local compra una joya está obligado a identificar plenamente al vendedor mediante su documento de identidad y confeccionar una boleta de compraventa donde quedan registrados los datos personales y una descripción detallada de la pieza adquirida.
Esa información debe enviarse a la Policía a través de un parte obligatorio que se presenta por cada jornada de compras.
Además, la normativa impide comercializar inmediatamente la mercadería adquirida. Las piezas deben permanecer inmovilizadas durante aproximadamente 15 días hábiles, período durante el cual las autoridades pueden inspeccionarlas o disponer su retención si existe alguna denuncia que coincida con las características del objeto.
"Ese plazo nos obliga a asumir un riesgo, porque el precio internacional del oro puede cambiar mientras la pieza permanece inmovilizada", explicó uno de los comerciantes.
Otro agregó que, si durante ese período la Policía determina que una joya había sido denunciada como robada, el comerciante debe entregarla y pierde el dinero que pagó al momento de comprarla. "Ese riesgo hace que nadie quiera comprar algo que genere dudas", resumió.
Un mercado informal que se trasladó a las redes sociales
Los referentes del sector consideran que buena parte de la informalidad vinculada al oro ya no pasa por las joyerías tradicionales sino por canales paralelos que funcionan principalmente a través de internet.
Uno de ellos afirmó que en los últimos años proliferaron perfiles en redes sociales que ofrecen comprar oro sin contar con un local establecido ni cumplir, según sostiene, con las mismas exigencias que enfrentan los comercios habilitados.
A su juicio, ese fenómeno también generó una nueva modalidad delictiva: personas que son citadas para concretar una supuesta venta y terminan siendo víctimas de robos.
"Hoy cualquiera abre una cuenta en redes sociales, publica unas fotos generadas con Inteligencia Artificial (IA) y parece una joyería. Ahí hay una parte importante del mercado informal", sostuvo.
¿Una joyería puede servir para blanquear oro robado?
Consultados sobre si las joyerías pueden terminar funcionando como una puerta de entrada para que bienes de origen ilícito ingresen al circuito formal, las respuestas fueron mayoritariamente negativas.
Los comerciantes entienden que siempre puede existir algún caso aislado, pero consideran que el sistema de controles vigente hace muy difícil que una joyería establecida sea utilizada de forma sistemática con ese fin.
"Puede pasar alguna vez, como en cualquier actividad, pero es muy excepcional. Quien roba joyas generalmente busca otros canales donde no le pidan identificación ni deba esperar 15 días para disponer de la mercadería", explicó uno de ellos.
Otro incluso sostuvo que, por las obligaciones documentales y los controles existentes, hoy resulta más sencillo y rentable trabajar dentro del circuito formal que intentar operar por fuera de él.
Uno de los entrevistados recordó que el mercado del oro en Uruguay fue muy diferente hace algunas décadas, cuando existían menos controles sobre la importación y exportación del metal y la trazabilidad era considerablemente más limitada.
Según su visión, ese escenario cambió con la generalización de las transferencias bancarias, la reducción de las operaciones en efectivo, la obligación de documentar las transacciones y los mayores controles aduaneros.
"Antes había mucha menos trazabilidad. Hoy prácticamente todo queda registrado: quién vendió, qué pieza era, cuándo se compró y cómo se pagó. Eso cambió completamente el funcionamiento del negocio", concluyó.
