¿Cómo beneficia a las pequeñas empresas uruguayas la reglamentación del crowdfunding?

Si bien aún no existen plataformas uruguayas de crowdfunding, la normativa deja sentadas las bases para que estas surjan bajo un marco legal establecido y busca fomentar este tipo de financiamiento flexibilizando los procesos y los requerimientos de una oferta pública estándar para que puedan acceder a él pequeñas empresas y emprendedores.

“Hay que ver qué operadores tienen el deseo y las ganas de constituir este tipo de plataformas. En la Fundación estamos asesorando a dos proyectos independientes que están prospectando la posibilidad de conformarse como tales”, señala Sergio Delgado, director ejecutivo de Fundación da Vinci. “El concepto clave es que mueve el mercado de valores y a las partes para que se puedan encontrar”.

¿En qué consiste la reglamentación?

“El Proyecto regula la inscripción de emisores y sus valores en las plataformas de financiamiento colectivo, el funcionamiento, límites y topes de las emisiones que se realizan a través de estas y regula una nueva licencia para las empresas administradoras de las plataformas”, explican en la web de Guyer & Regules.

En tanto desde Baker Tilly Uruguay se detalla que las empresas interesadas en desarrollar este tipo de plataformas “deberán inscribirse y obtener la autorización del BCU. Se establece una serie de requisitos, por ejemplo, garantías, depósitos a la vista ante el BCU, contratación de auditores externos y profesionales independientes habilitados a emitir informes en Materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, elaboración de reglamentos que deberán ser publicados en la página web de la plataforma. Deberán llevar registros de inversores, de denuncias y sanciones, de emisores y valores, de operaciones”.

Este tipo de plataformas brindan la oportunidad a pequeños inversores de adquirir valores de las empresas y a los emprendedores que recién comienzan o a las Pymes ya conformadas a acceder al financiamiento por medio del mercado de valores, aunque la reglamentación señala algunos topes límites.

“Se define a los inversores pequeños como aquellos cuyos activos financieros sean inferiores a 1 millón de UI (U$S 110.000 aproximadamente) y se establece que la inversión por parte de un mismo inversor no podrá superar las 40 mil UI (U$S 4.500 aproximadamente) por emisión ni las 120 mil UI (unos U$S 13.500) en valores emitidos en una misma plataforma de financiamiento colectivo, ni podrán invertir en valores representativos de capital, de deuda o títulos mixtos que incorporen derivados implícitos”, señalan de Baker Tilly.

A su vez, el reglamento establece que la emisión de valores a través de las plataformas podrá realizarse por empresas residentes o no residentes que tengan ventas anuales que no superen los 75 millones de UI (sin considerar el IVA), que equivale a unos U$S 8.300.000, y que los montos emitidos por cada emisor, contando para ello todas las Plataformas en las que esté registrado, no podrán superar los 10 millones de UI (U$S 1.100.000 aproximadamente).

Aspectos positivos

Para las contadoras Adriana Soca y Gabriela Coelho de Baker Tilly, la idea de esta reglamentación es positiva y podría ser útil: “Lo que habría que evaluar en Uruguay es cómo se lleva a cabo la implementación en la práctica, dado que la reglamentación es bastante exigente, y habría que analizar si en el mercado uruguayo existen interesados en participar bajo estas condiciones”.

En la misma línea está Sergio Delgado, para quien esta forma de financiamiento democratiza la inversión y es una opción que puede resultar atractiva, pero que se podrá ver su funcionalidad real una vez que se ponga en práctica.

“Las plataformas de financiamiento colectivo tienen varias funciones importantes, además de la de financiamiento, que pasan inadvertidas, como la de ser un canal de lanzamiento de productos y servicios y también como lugar de vidriera promocional”, plantea Delgado. “Lo que deberíamos analizar en las plataformas made in Uruguay es qué tan atractivas van a ser para cumplir con esas funciones”, manifiesta.

Según Delgado, las plataformas que surjan en Uruguay más que a competir con las internacionales se complementarán y ayudarán a mover a otro tipo de emprendimientos más pequeños y con identidad local. “En estas plataformas es interesante ver la identificación de los inversores con las historias de los emprendedores”, explica Delgado, para quien en estos casos no solo opera el afán de ganancia del inversor, sino también el compromiso con el proyecto.

Para las especialistas de Baker Tilly, el desafío será “encontrar el equilibrio, por un lado, entre la protección de los inversores y sus garantías y, por el otro, la creación de un mercado de financiación de emprendimientos que se adecue a las posibilidades, volumen y necesidades de los emprendedores pequeños, siendo ágil, accesible, flexible, y esto se verá en la práctica en base a cómo se implemente la reciente reglamentación emitida por el BCU”.