“Es necesario desindexar salarios (aunque) pueda perderse salario real”

¿Por qué tomó la decisión de dejar Deloitte después de 31 años y crear su propia empresa?
Exante es una firma de servicios profesionales que está enteramente enfocada al asesoramiento económico y financiero. Somos cuatro socios con Tamara Schandy, Priscilla Pelusso y Florencia Carriquiry, que conjunto conmigo estaban a cargo de todo el asesoramiento económico y financiero en Deloitte. La razón por la cual le planteamos en su momento a nuestros socios que queríamos separar nuestra parte del negocio es porque entendíamos que la estrategia regional de Deloitte –que tiene sentido y no cuestionamos– se nos presentaban un conjunto de restricciones que eran más o menos importantes. Por ello entendimos que la mejor forma de preservar el valor del negocio era separándolo y constituir una nueva firma con las personas que nos acompañaron en esta tarea en los últimos años. Hoy somos un equipo de 20 profesionales con 15 egresados de economía y/o contabilidad y cinco estudiantes de ciencias económicas. 

¿Cómo evalúa las señales que está dando el gobierno electo para abordar los principales desafíos que tiene la economía?
El gobierno entrante tiene claro que es imperativo aumentar la tasa de crecimiento económico de Uruguay. (Desde 2005) hasta 2014 se creció a un ritmo formidable de 5% anual en promedio. Con esta tasa crecimiento fue posible que aumentaran los salarios, el empleo, que bajara muchísimo la pobreza desde su pico de 2002 hasta actualmente un 10%, aunque esa última comparación pueda ser un poco injusta porque se estaba en plena crisis económica y estuvo transitoriamente alta. Pero si uno mira los niveles de pobreza previo a la crisis, estaban en eje del 20%-25% y ahora cayó significamente a 10%; también hubo una mejora de la desigualdad medida por el índice de Gini. Sin embargo, desde 2014 para adelante la economía uruguaya está creciendo a una tasa del 1,5% en promedio y en los últimos cinco años no hubo mejoras significativas en ninguna de esas variables: ni bajó la pobreza de un modo relevante, ni la desigualdad medida por el índice de Gini dejó de bajar en los últimos cuatro años, ni el país creó más empleo, al contrario se destruyeron puestos de trabajo. El gobierno entrante tiene claro que hay que retomar tasas de crecimiento más importantes. 

¿Cómo puede hacerlo?
Dos cosas. En primer lugar, realizar una corrección del entorno macroeconómico de los desequilibrios que se generaron en los últimos cuatro años, y también aplicar reformas estructurales. En relación a los desequilibrios macro, el nuevo gobierno hizo bien en marcar que era imperativo reducir el déficit fiscal que es insosteniblemente alto. Sería muy imprudente no introducir medidas de ajuste. El presidente Luis Lacalle Pou ganó con el mandato de hacer un ajuste fiscal y eso es muy favorable. El modo en cómo se plantea realizar ese ajuste fiscal es extremadamente desafiante porque se prometió no subir impuestos o apelar a una mayor contribución de las tarifas públicas. Con la inercia y rigidez que tiene el gasto público en Uruguay, hace que sea muy pero muy difícil lograr ese objetivo. Pero lo más importante es que el gobierno que asuma en marzo pueda construir una señal clara de que el déficit fiscal va a bajar sostenidamente y que no va demorar demasiado. Hoy hace falta un ajuste del eje de 2 puntos del PIB; eso no tiene por qué hacerse en un año solo, pero tampoco debería ocurrir en cuatro años, sino en un plazo de dos a dos años y medio. En el transcurso el mercado debería ir verificando que el camino es posible. 

Sin embargo, hay una calificadora como Fitch que nos tienen apenas con el mínimo de calificación dentro del grado inversor y con perspectiva negativa. ¿Alcanzan esos dos años para no perder el investment grade con esa agencia, considerada una de las tres grandes junto a Moody’s y Standard & Poor’s?
La respuesta corta es no sé. Nadie puede estar seguro. Es razonable asumir que todas las calificadoras le están dando cierto tiempo al gobierno. Lo que definitivamente parece ser importante es que los primeros anuncios que haga el gobierno antes del 1° de marzo, la presentación de la ley de urgencia van a ser sus primeras señales que va a tener que dar mostrando que hay un camino de ajuste fiscal y de otras correcciones que deben hacerse. La Ley de Presupuesto también será un mojón clave también. Cuando uno mira lo que dicen las agencias vemos desde Fitch que está siendo sumamente severas con Uruguay, a otras que están siendo bastante contemplativas como Standard & Poor’s. Los mercados también están tratando muy bien a Uruguay. La prima de riesgo del país es realmente bajas, pero la realidad indica que no deberíamos descansarnos en eso porque los mercados cambian muy rápidamente de opinión. Por ejemplo, en el 2001 y si bien las condiciones eran diferentes a la hoy, Uruguay pagaba una muy baja prima de interés pese a que venía de años de recesión económica y en la región había una crisis significativa. Y en el 2002, y de forma muy rápida, la percepción de los mercados cambió. Que los mercados nos estén tratando bien no es motivo para demorar la implementación de medidas de ajuste. Algunas calificadoras nos darán tiempo de una forma clara, mientras que otras como Fitch probablemente nos de menos tiempo. Es razonable que el próximo gobierno tenga una ventana de algunos meses para promover cambios en el frente fiscal.

¿Qué otros desafíos macro requieren urgencia para actuar?
Está correctamente planteado en la agenda del gobierno electo: es necesario que Uruguay recomponga su competitividad. Si uno mira cualquier indicador de competitividad cambiaria uno nota que Uruguay se quedó muy caro en dólares, obviamente que frente a nuestros vecinos (Argentina y Brasil) que están mal, pero también estamos caros frente a EEUU, Europa y otros competidores en los mercados de materias primas como Australia y Nueva Zelanda. Estamos en un mundo donde el dólar está por encima de su media histórica y en Uruguay está por debajo de eso. La consecuencia de eso es que falta rentabilidad en el sector privado, los niveles de inversión bajaron fuertemente desde los picos que tuvimos en 2014 a niveles del 16% del PIB que son de los más bajos en lo que va del siglo XXI. Uruguay necesita volver a un modelo de crecimiento con mayores niveles de inversión y con un mayor dinamismo exportador. Es notorio que hay restricciones para actuar en ese frente porque los niveles de inflación que tiene Uruguay son relativamente altos. Tenemos los salarios totalmente indexados a la inflación. Eso hace que tengamos poco espacio para corregir rápido el problema cambiario.

¿Qué debería pasar con la política de ajuste salarial?
Es el tercer elemento de la política macro que requiere un ajuste a nuestro juicio: el funcionamiento de la negociación colectiva de salarios. Los salarios resultan altos en relación a la productividad de la economía. Cuando le preguntamos a nuestros clientes nos dicen que lo que los desalienta a contratar más trabajadores sistemáticamente nos responden que la economía crece poco y con ello el volumen de negocios, pero además que la relación entre salario y productividad no es la adecuada. Las empresas necesitan cambiar esa relación y para ello requieren aumentar la productividad. Y en un contexto de bajo crecimiento económico parte del incremento de la productividad viene por el lado de reducir el nivel de empleo, que es la historia que hemos observado en los últimos cinco años. Este problema no tuvo la agenda de atención que se llevó otro tema como el ajuste fiscal, por ejemplo, donde hubo una coincidencia entre el gobierno y la coalición opositora en la necesidad de aplicarlo más allá de diferentes vías para hacerlo. Acá está bastante más difuso y tenemos un dilema, lo que los economistas llamamos un trade off entre el objetivo de preservar estos niveles de salario real –que son altos para los niveles de productividad que hay en la economía–  y el objetivo de mantener el empleo y recomponer en forma más rápida la rentabilidad de las empresas y acelerar los niveles de inversión y crecimiento de la actividad. En estas horas el futuro ministro de Trabajo (Pablo Mieres) puso sobre la mesa en forma acertada la necesidad de encontrar algunas flexibilizaciones en la forma en cómo funcionan los Consejos de Salarios; el PIT-CNT también está señalando que el objetivo de empleo es importante. 

Llevamos cinco años consecutivos de pérdida de puestos de trabajo. No hay ninguna economía que funcione sobre la base de perder empleos todos los años.

El gobierno electo transmitió públicamente que no habrá pérdida de salario real.
Es un tema difícil. En nuestra opinión, es necesario lograr una desindexación parcial de los salarios a los niveles pasados de inflación. Eso obviamente puede conducir, en el corto plazo, a alguna pérdida de salario real. La realidad es que la economía está atrapada hoy en un equilibrio de bajo crecimiento económico, baja rentabilidad empresarial e inversión, un dólar demasiado bajo. En la medida que tengamos el 100% de los salarios indexados a la inflación el proceso de corrección de precios relativos –llamase suba del dólar por encima de la inflación y el proceso de ajuste de la productividad a los salarios–, va a ser lento. Y en la medida que ese ajuste sea lento, el crecimiento económico va a demorar en volver a un modo sostenible y significativo, y la pérdida de empleos puede continuar un tiempo más y vamos a demorar en ver un escenario de reactivación del mercado laboral. Llevamos cinco años consecutivos de pérdida de puestos de trabajo. No hay ninguna economía que funcione sobre la base de perder empleos todos los años. Esto que tenemos salarios altos en cuanto en la productividad y no altos en relación al costo de vida, que esa es otra perspectiva. Es decir, cuánta gente gana salarios que son bajos en relación a lo que cuesta vivir en Uruguay donde hay mucha gente aún. Pero la cuenta que hacen las empresas al momento de contratar más personal o no es cuánto es el salario en relación a la productividad que tiene ese puesto de trabajo. Ese problema está bastante menos asumido por la sociedad en su conjunto,y por los partidos políticos tanto del gobierno electo como de la futura oposición. 

Incorporar la productividad a los salarios no ha sido una tarea sencilla, pese a la voluntad que las últimas tres administraciones de gobierno intentaron para incorporar esa variable. Uno de los argumentos que se maneja es que es “difícil” de cuantificar en varios sectores.

Tenemos que distinguir entre la información que uno puede tener y la que quisiera tener. También tenemos que distinguir el ámbito en el cual a uno le gustaría que esto se acordara y dónde se puede aplicar. En términos de información a uno le gustaría tener más información de productividad de todos los sectores de la economía. Pero tenemos una información indiscutible: llevamos cinco años de caída del empleo sin caída del PIB. Esa es una combinación, no es que estamos perdiendo empleo porque la economía está en una recesión clara. Estamos perdiendo empleo porque la economía crece poco o nada y las empresas entienden que necesitan tener menores costos salariales. No debería existir ninguna duda que a nivel promedio de la economía, el salario está alto en función de la productividad. Puede haber dudas si es en un sector u en otro, o dónde están los mayores desajuste. Hay pocos sectores que están creando empleo en Uruguay. Esa es otra cosa que también tendríamos que tener bastante claridad. Eso no quita que en el próximo quinquenio debería hacerse un esfuerzo por generar mejor información sobre la evolución de la productividad. El otro punto es en qué medida las negociaciones sobre la productividad queden incorporadas en los consejos de salarios. Eso a nuestro juicio es algo que probablemente en el contexto actual sea muy difícil de implementar porque la productividad se termina definiendo al interior de cada empresa. No es el ámbito más lógico el de la negociación salarial por rama para establecer aumentos por indicadores promedios de la productividad. No es nada trivial esa discusión. Cuando uno mira el desempeño macroeconómico de Uruguay no debería existir dudas que nos hemos quedados con salarios que están altos en relación a su productividad, y no es algo de dos o tres sectores de la economía. 

No es el ámbito más lógico el de la negociación salarial por rama para establecer aumentos por indicadores promedios de la productividad.

¿Qué pasa con las reformas estructurales?
El ajuste macroeconómico, es decir la baja del déficit fiscal, un dólar más alto, y una desindexación parcial de los salarios, tiene que venir de la mano con reformas estructurales. Ahí hay una agenda de reformas muy importantes. Está adecuadamente instalada la reforma de la seguridad social, que es imprescindible. En los últimos años quedó de manifiesto que es necesario instaurar un mejor ámbito para la regulación de las empresas públicas porque ocupan una parte importante de la economía y están ubicadas en sectores estratégicas. Es necesario que operen con mayores niveles de eficiencia para que ello se traduzca en tarifas más bajas, pero hay que cambiar la forma en cómo las regulamos. Haciendo siempre lo mismo no vamos a tener resultados diferentes. Este tema está en la agenda, veremos cómo lo aborda el próximo gobierno.

¿Qué debería esperarse del más que probable ajuste de las tarifas públicas en marzo, luego de la decisión que tomó el actual gobierno de no modificarlas en enero y la polémica que se generó al respecto?
Hay varias discusiones que se han mezclado en los últimos años. Una genuina es si las tarifas públicas son altas o bajas en Uruguay. Es muy razonable concluir que Uruguay tiene tarifas altas. La historia es distinta según la empresa. Por ejemplo, la tarifa de energía eléctrica industrial que releva SEG muestra que Uruguay tiene tarifas competitivas con la región. En cambio, la energía residencial es extraordinariamente cara en Uruguay que en muchos países de la región. En mi opinión poner el tema del costo de la tarifa como un elemento central de la competitividad hoy no resulta adecuado. En todo caso tendríamos que pensar el costo de la energía residencial, que en parte están recogiendo la utilidad que tiene UTE y en parte los costos del sistema que todavía tiene oportunidades de eficiencia importantes. En todo caso ese sobrecosto residencial es una suerte de impuesto implícito al consumo de energía, no lo es para sectores que utilizan la energía eléctrica con relativa intensidad. Cuando pensamos en la tarifa de los combustibles la ecuación es diferente. Uruguay ha oscilado mucho. Hubo años donde el sobrecosto del precio de Ancap puesto en refinería fue muy superior a la paridad de importación -más allá que hay discusiones sobre la metodología que utiliza Ursea-, y otros momentos donde ese sobrecosto fue menor. Definitivamente hay una oportunidad de eficiencia de Ancap y eso debería ser parte de la agenda del próximo gobierno. Asimismo, probablemente también exista un potencial de eficiencia muy similar a Ancap en todo lo que tiene ver con el costo de distribución y comercialización de combustibles, donde pese a que no hay monopolio la competencia es prácticamente inexistente y los costos son altos en la comparación internacional. 

¿Y el criterio para el ajuste de tarifas?
Es otra discusión. Es evidentemente que un país con una inflación de 8% anual, los costos de las empresas suben todos los años. No tiene sentido que cada mes de enero tengamos que discutir si hay que ajustar o no las tarifas. En el 2019 el dólar subió 15% y la inflación fue de 8,5%, los salarios subieron algo parecido; los costos de las empresas públicas más o menos subieron un 10%. Cualquiera que mire los balances de UTE o Ancap va a advertir que no ajustar los precios 10% después de un año tiene un impacto enorme sobre sus resultados. Sistemáticamente en los últimos cinco años se confundió una discusión relevante sobre la eficiencia o ineficiencia de las empresas públicas sobre la necesidad de bajar los costos y adecuar las tarifas precios más bajos, con la discusión de que en un país con inflación alta las empresas suben sus precios con alguna periodicidad. No había ninguna razón para no ajustar las tarifas públicas este enero, y estuvo bien que se ajustarán en enero del año anterior. La única forma de no ajustar tarifas es resignando resultados fiscales y con los números que tenemos hoy, no había ningún motivo para no ajustar en enero de 2019 al igual que este enero. Sería una muy mala decisión del gobierno entrante no ajustar las tarifas públicas, en un contexto de inflación alta y donde el tipo de cambio subió más que los precios. También nos hemos acostumbrado a pedirle a las empresas públicas que cumplan una gran multiplicidad de objetivos. Y cuando ello ocurre la probabilidad de que se cumpla con alguno de ellos es baja y se diluyen los incentivos. Si un toma el resultado de Ancap de los últimos años y ve su resultado operativo (Ebitda) se puede encontrar con pérdidas de hasta US$ 200 millones y ganancias por una cifra similar. Cuando apretaba la inflación apelamos a bajar las tarifas en términos reales y toleramos resultados insosteniblemente malos y momento donde la situación era apremiante y aumentamos más las tarifas. Eso diluye los incentivos para gestionar bien y por eso hay que cambiar la forma en cómo se regulan las empresas públicas. 

Sería una muy mala decisión del gobierno entrante no ajustar las tarifas públicas.

¿Habría que fijar un criterio  para que aporten ganancias a su accionista, en este caso el Estado?

El Poder Ejecutivo tendría que establecer en forma clara cuál es la rentabilidad que se espera de sus empresas. Es es otra discusión que tenemos en Uruguay. Se suele pensar que las empresas públicas por tener tal condición no deberían ganar dinero. Eso es un error. Las empresas para ser sostenibles con independencia ideológica que cada uno pueda tener si deberían públicas, privadas o mixtas, deben ganar dinero. Si no ganan dinero no pueden invertir y no pueden sostener su actividad. Además, el Estado tiene un enorme capital invertido en las empresas públicas con un patrimonio que supera los US$ 6.000 millones. Para el Estado ese dinero tiene dos costos posibles. En primer lugar el costo por los intereses por la deuda externa pública por un monto muy superior al patrimonio de las empresas públicas. Uno podría decir que como mínimo las empresas públicas tendrían que pagar una tasa de retorno no inferior al costo de capital que tiene el gobierno para pagar sus intereses. También hay un costo de oportunidad mucho mayor. En Uruguay falta infraestructura educativa, en recintos penitenciarios, en la erradicación de asentamientos. Por tanto, cada dólar invertido en una empresa pública que no da un retorno adecuado son dólares entre comillas “mal invertidos” porque podrían estar en otras áreas más productivas. 

¿Un retorno del 10% anual para es patrimonio del US$ 6.000 millones sería algo razonable?

Un 10% de rentabilidad es un número que razonablemente está en un piso. Pensemos al revés, si fueran empresas privadas su accionista le estaría pidiendo una rentabilidad mayor que ese 10% y a su vez si fueran en mercados eficientes y competitivos, las empresas estarían vendiendo más barato y obteniendo esa rentabilidad. Con lo cual, acostumbramos a no exigirle rentabilidad a las empresas públicas es otra forma más de acostumbrarnos a que sigan siendo ineficientes. Acá la clave es separar los roles. Por un lado el Poder Ejecutivo que fije las grandes reglas de juego, el regulador que discipline y que fije si no hay competencia cuáles deberían ser los precios, por ejemplo.

La inversión privada sigue mostrando números preocupantes. ¿Es necesario introducir nuevos ajustes al régimen actual para darle un mayor empuje? 
Sí, pero sin un mejor contexto macro los incentivos fiscales para atraer más inversión privada no van a resultar suficientes. Tener un déficit de 5% del PIB es un factor de incertidumbre para la inversión. Al final del día los inversores se están preguntando quién va a pagar ese ajuste. ¿Va a venir por el lado del gasto? ¿Cuando el gobierno gaste menos, esa reducción del gasto va a afectarme directamente o indirectamente a mi negocio? ¿Va a ver aumentos de impuestos? El gobierno electo dice que no, pero ¿será así?  Y si hay aumentos de impuestos serán tributos que van a afectar mi negocio. Tenemos que corregir el desequilibrio cambiario y desindexar los salarios. Es necesario también que exista un shock de reformas porque un ajuste macro que estoy plateando tiende a ser contractivo. Por suerte con el comienzo del proyecto de UPM -que le va a dar un impulso a la economía en 2020- con inversión pública y privada le va a dar un impulso de más o menos 1,5% este año, eso es algo significativo. Obviamente  en contra del crecimiento de la economía van a jugar la necesidad del ajuste fiscal y la una suba del dólar por encima de la inflación que tiende a retraer el consumo privado. Este ajuste macro tenga que ser acompañado por lo que los economistas denominamos los ‘espíritus animales’ que haga creer a los empresarios que Uruguay va a salir de este escenario de tan bajo crecimiento y que tiene sentido volver a pensar en proyectos de inversión para los próximos años. Por ello tiene sentido abordar varios temas a la vez como la reforma de las seguridad social, apertura de las empresas públicas o una reforma del Estado. Con todo eso haríamos bien en requilibrar los decretos que regulan el régimen general de incentivos de la inversión promovida.