¿Qué plan tiene en carpeta Vivienda para dar la batalla de los asentamientos?

En el Compromiso por el País, firmado en noviembre por los cinco partidos que integran la coalición de gobierno, el concepto de asentamiento cero ya no aparece pero sí se habla de una política activa de “regularización de asentamientos y de creación de Unidades Barriales Sostenibles”. Eso se tradujo en un primer borrador que tiene los primeros lineamientos del Plan de Emergencia Habitacional del gobierno. 

La idea del Ministerio de Vivienda es orientar todos los esfuerzos de los distintos programas vinculados al tema durante un tiempo en un lugar concreto para mejorar la situación y luego redirigir esos esfuerzos a otro asentamiento. El plan implica un incentivo a los privados a través de una renuncia fiscal, flexibilizar la Ley de Ordenamiento Territorial, sanciones a los municipios que no cumplan con su papel de policía municipal y una nueva gobernanza, entre otras cosas, y, además, requiere de la aprobación del Parlamento. 

“La idea es generar zonas con normativas territoriales más laxas, una gobernanza de los organismos estatales más ejecutiva y promover inversión de privados. No se requerirán egresos extra-presupuestales, si no la coordinación y alineación de los recursos ya asignados para utilizarlos en forma concentrada y eficiente”, dice el borrador del plan al que accedió El Observador. 

Para el subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackenbruch, la respuesta del gobierno a la pandemia por el coronavirus es un buen ejemplo de coordinación. "Se puso toda la fuerza del Estado en la resolución de un problema, que era parar la pandemia. Fuimos ejemplo, esto es lo mismo, va a tener todo el peso del Estado y la interinstitucionalidad dependiendo de un organismo. Y todo el Estado en determinado tiempo, en determinadas zonas, va a estar concentrado en la regularización (del asentamiento)”, explicó a El Observador.

Según los números que maneja el subsecretario, a la salida de la dictadura (1985) había entre 100 y 150 asentamientos y hoy llegan a 650. “Todos los gobiernos, de cualquier color, pusieron cientos de millones de dólares, en ese proceso se regularizaron entre 70 y 100”, apuntó. 

La idea es que el plan funcione durante tres años –entre 2021 y 2023- y tiene como objetivo “reconstruir, relocalizar y mejorar los asentamientos irregulares”. De la nueva gobernanza participarán, además de Vivienda a través de la nueva Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu), Desarrollo Social, el nuevo Ministerio de Ambiente y otros organismos del Estado. 

Para el subsecretario es necesario dividir los esfuerzos en dos niveles: los 650 asentamientos que ya están y la necesidad de evitar la formación de nuevos. 

Si bien no está definido, una de las ideas que se maneja, según dijo Hackenbruch, es que todas las obras que se realicen en esa zona tengan exoneración de IVA, IRPF y otros impuestos. Y en ese sentido, además de la construcción, el gobierno apuesta a que otros privados se instalen en la zona. “Además de mejorar las casas se necesita que haya trabajo o industrias cerca. De repente la instalación de una pequeña o mediana industria tenga un buen incentivo”, aseguró.

El subsecretario comparó la idea del gobierno para los asentamientos con el Plan Marshall, desarrollado por Estados Unidos en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. “Europa quedó destruida y hoy está impecable. No fue con grandes cosas sino con ideas”, dijo.

En ese marco, el Plan Juntos, creado e impulsado por el expresidente José Mujica, requerirá de la complementación público-privada. 

Causas del fracaso

El borrador del plan señala cinco causas para explicar el fracaso de las distintas políticas que se han llevado adelante para regularizar los asentamientos. La primera es la “rigidez” de la Ley de Ordenamiento Territorial  que traslada el costo al precio final de los terrenos. “Se exige lo mismo para todo el país sin tomar en cuenta las diferentes realidades locales”, dice el documento y agrega que muchas veces hay “técnicos con muy buenas intenciones” pero no se “empatiza con la realidad local”.

La segunda causa apunta contra los gobiernos departamentales ya que asegura que no han cumplido en forma eficiente con su papel de “policía territorial”. El financiamiento internacional también también es señalado como una casa. “Termina encareciendo y enlenteciendo las obras”, dice el plan. 

El enfoque de las políticas es otro de los puntos señalados. Para el nuevo gobierno hubo un “mensaje erróneo” al enfocarse en regularizar los asentamientos y no en la prevención. Esto lleva, según el documento, a que la ciudadanía entienda que esa es la forma de hacerse de una vivienda o de un terreno. 

La última causa señalada es una que afecta a todo el Estado uruguayo: la falta de coordinación entre los distintos organismos del Estado. En este caso se apunta directamente a la falta de coordinación con las intendencias.