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Por recortes, algunas obras en asentamientos extenderán su finalización a 2030
"Se finalizó el proyecto ejecutivo para la erradicación del asentamiento Nuevo Amanecer - Los Reyes"- Así lo destacaba el presidente Luis Lacalle Pou, al enumerar los logros del primer año de su gobierno en el discurso que dio ante la Asamblea General el pasado 2 de marzo.
Para el Poder Ejecutivo puede significar un avance, pero por ahora nada pasa de los papeles. La primera intervención efectiva en ese emblemático asentamiento, ubicado en la zona de Camino Carrasco y Felipe Cardoso, recién se prevé para noviembre de 2023. El actual gobierno ni siquiera verá su final que será, según se prevé, diciembre de 2028. La ejecución del proyecto llevará, además, un mínimo de cuatro licitaciones. Allí viven 765 familias.
Como en otros casos, lo prolongado de la planificación está relacionado con una causa concreta: "los recursos presupuestales asignados para el quinquenio". Así por lo menos figura en respuesta que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) envió ante un pedido de informes de la diputada frenteamplista Ana Olivera (PCU) en referencia a la política de regularización de asentamientos.
La reprogramación de las obras está basada en la aplicación del decreto 90/2020, que para el ministerio significó una reducción de US$ 30 millones en el último ejercicio.
El informe había sido efectuado por Olivera en mayo de este año, y reiterado en setiembre. La respuesta, a la que accedió El Observador, llegó al despacho de la legisladora la semana pasada, aunque de forma parcial, ya que solo aportó información sobre los asentamientos ubicados en Montevideo, en el marco del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB).
Así, en aplicación de ese decreto, que tuvo efectos en el presupuesto definido para todo el período, el programa "ha visto reducidos sus financiamientos" por lo el ministerio "se vio en la necesidad de reducir algunos proyectos, reprogramar obras" o, incluso, "suspender procesos en trámite".
En la capital, el programa tiene en carpeta 21 proyectos "en función de la asignación presupuestal", según el informe firmado por la subgerenta de Evaluación y Monitoreo, Patricia Goldaracena.
Así, el proyecto La Paloma I tenía previsto su inicio en enero de este año, pero debió reprogramarse para octubre. Otro sector de ese asentamiento, Juventud 14, cuya licitación había sido abierta en octubre de 2019, fue declarada desierta, y "dada la situación financiera" no se volvió a efectuar el llamado. La obra fue aplazada para noviembre de 2023. En La Paloma II, las licitaciones ni siquiera se podrán ejecutar en este quinquenio.
En estos tres sectores viven en total unas 1.500 familias.
En lo que respecta al Parque Causeglia, sobre la cuenca baja del Arroyo Pantanoso, la obra quedó dividida en tres etapas. Las primeras dos, infraestructura y viviendas, están siendo ejecutadas y finalizarán el mes próximo. La última etapa, cuyo inicio estaba previsto para febrero de este año, quedó para mayo de 2023. Allí residen 300 familias.
En Campichuelo-Itapé, en la zona de Nuevo París, la obra había sido adjudicada a fines de noviembre de 2019, Una vez más, las "restricciones presupuestales" derivaron en su postergación. La obra tenía previsto comenzar este mes, con financiamiento de la Intendencia de Montevideo. Allí viven 53 familias, que recibirían su vivienda en marzo de 2023.
El informe del PMB detalla los planes de finalización de otros proyectos. El inicio de algunos de ellos ni siquiera será visto por el actual gobierno. Por ejemplo, las obras de infraestructura en La Paloma II tienen previsto comenzar recién en mayo de 2025 y durarán dos años.
Potra parte, los cuatro proyectos vinculados a vivienda e infraestructura en la Ribera del Arroyo Miguelete tienen fechas de inicio proyectadas entre mayo de 2025 a agosto de 2029. A su vez, los plazos de finalización van desde abril de 2027 hasta enero de 2030.
En concreto, las reprogramaciones afectarán a 2.720 de las 4.800 involucradas en todos estos planes de erradicación de viviendas irregulares, solo en Montevideo.
Olivera reiterará el pedido de informes para conocer así la situación de los asentamientos de Canelones, Maldonado y Salto abarcados por el PMB. El objetivo del plan no es un simple realojo o erradicación de asentamientos. Se trata también de otorgarle a las personas que allí residen acceso luz, agua y saneamiento, junto a la realización de una obra comunitaria, como una policlínica o un salón vecinal.
En 2020 el Programa de Mejoramiento de Barrios logró finalizar tres proyectos en Montevideo y en Artigas, que beneficiaron a 250 familias.
El Poder Ejecutivo tiene puestas sus expectativas en el Plan de Erradicación de Asentamientos a través de un fideicomiso cuya garantía de fondeo es la recaudación de dos tributos que hasta hoy van al Instituto Nacional de Colonización (INC).
En la Torre Ejecutiva están trabajando en el diseño del plan, con la expectativa de que los detalles están definidos antes que finalice este mes. Al ser parte de la Rendición de Cuentas aprobada este año en el Poder Ejecutivo, recién podrá estar vigente a partir del 1 de enero. De todas formas, su instrumentación se llevará la mayor parte de 2022. Así lo había dicho en el Parlamento el subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackembruch, en el marco de la discusión del mensaje presupuestal.
Entre otros aspectos fundamentales que quedan por definir está la magnitud de los recursos que administrará. Mientras el Ministerio de Economía y Finanzas había previsto unos U$$ 120 durante este período, Vivienda pidió hace pocas semanas que la cifra sea de US$ 200 millones. Con ese dinero, estiman en esa secretaría, se podría otorgar una solución a unos 8.000 hogares, el 15% del total que residen en asentamientos.
Hackembruch había hablado en el Parlamento de US$ 3.500.000 por asentamiento. También había estimado que, por año, podrían erricarse unos diez barrios irregulares al año, desde el momento en que comience a ejecutarse el plan hasta que finalice este período de gobierno.
De la mano de esta asignación de recursos, la cartera pretende superar los U$S 400 millones invertidos en el total del período de gobierno en prevención, relocalización y regularización de asentamientos, si se toman en cuenta recursos que ya están destinados en otros planes.
El subsecretario Hackenbruch,dijo meses atrás a El Observador que dar solución a todos los asentamientos implicaría una inversión de unos US$ 2 mil millones.
Lo que tendrá que definir el gobierno es también la forma en que se distribuirá lo generado a partir del fideicomiso a nivel terrtorial. Si la distribución del dinero se hiciera en forma proporcional a la cantidad de asentamientos, el 70% de los recursos terminaría en Montevideo y Canelones. Esta posibilidad, entienden en el ministerio, alimenta la contraposición que sobrevoló la discusión parlamentaria entre campo y ciudad. La otra posibilidad, que también se manejó en reuniones previas, es intervenir al menos un asentamiento por departamento.
