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El plan de erradicación de asentamientos es uno de los pilares de la Rendición de Cuentas.

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Penas por hurto de cables, Registro No Llame y motos con retrovisores: los cambios que trae Año Nuevo

El próximo 1° de enero cobra vigencia la Rendición de Cuentas con varias innovaciones

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18 de diciembre de 2021 a las 05:02

El Código Penal vigente establece una pena de tres meses de prisión a seis años de penitenciaría por el delito de hurto. A partir del 1° de enero, el mínimo quedó fijado en 24 meses cuando se cometa contra bienes públicos o situados en la vía pública. Está dirigido a un objetivo específico: evitar en lo posible los 32 robos que ocurren por día en los cables del tendido eléctrico y telefónico. Por otra parte, las personas que deseen dejar de recibir promociones vía telefónica tendrán la posibilidad de inscribirse en el Registro No Llame, que girará en la órbita de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec). 

Se trata de apenas dos de las 365 innovaciones incluidas en la Rendición de Cuentas que cobrará vigencia con el nuevo año. Un articulado que recorre desde políticas de Estado hasta disposiciones que, aparantemente menores, impactarán en forma particular en muchas personas. 

La ley consta de dos medidas que pretenden marcar este período de gobierno. Una es la creación de un fideicomiso para la erradicación de asentamientos, que el Poder Ejecutivo pretende poner en marcha en el primer trimestre del año. El cambio de año no significará, en este caso, una implementación automática. 

La semana pasada hubo una reunión de coordinación en el Poder Ejecutivo en el que participaron varios ministerios. En el encuentro estuvieron el presidente Luis Lacalle Pou y los ministros Azucena Arbeleche (Economía), Irene Moreira (Vivienda) y José Luis Falero (Transporte y Obras Públicas). 

Las últimas previsiones indican que el proyecto estará operativo en abril. Dos meses después, a mitad de año, el plan comenzará a ejecutar sus primeras obras. 

Resta definir en qué zona comenzará. Para ello seguirá coordinándose a nivel de las intendencias departamentales, sobre todo en Montevideo, Canelones, Maldonado y Salto, los cuatro departamentos más afectados por esta situación. 

Las autoridades siguen sin tener, de todas formas, una cifra concreta de cuántos asentamientos irregulares hay en el país. La directora de Integración Social y Urbana, Florencia Arbeleche, optó la semana pasada por hablar de viviendas a regularizar: serán unas 50 mil, a partir de los existentes en el Censo de 2011. 

La otra medida es el Programa de Atención a la Primera Infancia. Este año, el Ministerio de Desarrollo Social recibirá $ 1.200 millones, en tanto que otros $ 900 millones irán para los Centros CAIF. El próximo año, la distribución de recursos se invertirá.  Se trata de un programa que será el centro del plan estructural del Mides para reducir los índices de pobreza del país. 

El centro del proyecto es el “bono crianza”. Estará dirigido específicamente a los niños de entre cero y cinco años que viven en los 30 mil hogares de mayor vulnerabilidad socioeconómica en el país. 

El bono consistirá en una dotación mensual de $ 2.000, que podrá destinarse al acceso de bienes y servicios por parte de estas familias. En este caso, la inversión total será de US$ 20 millones durante el próximo año. 

La distribución de los fondos, con todo, había generado ciertas rispideces en la coalición de gobierno. El Poder Ejecutivo pretendía inicialmente destinar el grueso de los recursos a la prestación en dinero. La idea molestó al líder de Batllistas, el expresidente Julio María Sanguinetti, que lo asoció públicamente a las políticas sociales implementadas durante las administraciones del Frente Ambio. Sanguinetti insistió, y logró, una mayor peso en la financiación de los Centros CAIF, ideados y puestos en práctica durante su primer período de gobierno. 

 A través de esta iniciativa será financiado también, con $ 15 millones, el Plan de Atención y Protección Integral a las Embarazadas, coordinado por Salud Pública. De la misma forma se implantará el Fondo Especial para la Maternidad. 

Remate de vehículos

A partir del 1° de enero, las personas de hasta 18 años que obtengan su cédula de identidad no necesitarán renovarla por los seis años siguientes. Hasta los 65 años, la vigencia de ese documento será por diez años. Y, desde los 68, será permanente. 

La Rendición de Cuentas incluye también varias novedades para el Ministerio del Interior. La primera es la supresión de 105 cargos en la Dirección Nacional de Educación Policial. Servirá para crear 75 cargos en el escalafón ejecutivo, destinado a tareas directas de seguridad.  También tendrá la posibilidad de vender, en subasta pública, los vehículos depositados en sus instalaciones debido a incautaciones. Según estimó el ministro Luis Alberto Heber esta semana, hay 70 mil autos abandonados en las distintas comisarías del país. En última instancia, la mitad de lo recaudado irá a la cartera y el resto se repartirá entre el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación. 

Además, todos los organismos del Estado van a tener que aportar datos antes del 1° de marzo sobre cuántas propiedades tienen, información que constituye uno de los grandes misterios de la administración.   Aquellos que se consideren prescindibles serán destinados a la enajenación. El 75% de lo recaudado irá para el Programa de Mejoramiento de Barrios. 

En lo que respecta al Ministerio de Defensa, quedará habilitado a enajenar bienes muebles, incluyendo aviones, buques o vehículos de su propiedad, y así destinar la mitad de lo producido a nuevas inversiones.  Además, la recaudación generada por los “servicios de vigilancia especial” que la Armada Nacional realice bajo el sistema 222 irán en 80% para financiar una compensación especial para el personal que realice estas tareas. 

A partir de la vigencia de la ley el gobierno deberá contar con un sistema unificado de datos a de transferencias económicas y programas de alimentación, educación, vivienda y salud que otorgue el Estado. Será a través del Sistema de Información de Protección Social, en la órbita de Presidencia. 

Vinculada con esta iniciativa aparece la creación de la Comisión de Elaboración del Padrón Demográfico Nacional. Su cometido básico será tener disponibles un mínimo de datos de la ciudadanía: nombres, apellidos, sexo, fecha y lugar de nacimiento o fallecimiento, estado civil, domicilios presentes y pasados. El sistema permitirá fijar domicilio digital, que podrá sustituir a la clásica constancia de domicilio.

Espejos retrovisores, vacunas, cartas y cargos

Para transitar por la vía pública, cualquier vehículo deberá contar con espejos retrovisores de visión indirecta. La norma incluye a motos, ciclomotores y triciclos. El 1° de enero comenzará a regir también, por lo menos formalmente, la facultad para que el Poder Ejecutivo establezca mecanismos de pago electrónicos para los peajes en las rutas nacionales, que se tornará obligatorio. De todos modos, faltará luego la reglamentación. La previsión oficial indica que el régimen comenzará a aplicarse en marzo. 

La Universidad de la República quedará por su parte en condiciones de poner en marcha el proyecto “Institutos Centrales de Investigación”, para financiar los primeros pasos para que Uruguay pueda retomar la producción local de vacunas.  Será con un partida de $ 7 millones. 

El Hospital de Clínicas, a su vez, podrá poner en marcha tres proyectos centrales:  un programa de rápida resolución de cáncer de mama, una unidad de cirugía ambulatoria y otro programa de rehabilitación física integral. 

En ASSE, cobrará vigencia el Programa para el fortalecimiento de la atención médica en el ámbito rural, para desarrollar en los lugares que carezcan de cobertura regular.  La Corte Electoral logró en esta Rendición de Cuentas una vieja aspiración: quedará exonerada del pagar por los habituales envíos de sobres y los que realiza a través de Correo a todas sus oficinas en el país. Representaban cifras significativas para un organismo con un presupuesto limitado. Ahora, solo deberá afrontar la cobertura de los costos mínimos del servicio. 

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) obtuvo, en tanto, $ 500 mil para reforzar su escaso personal. 

Discusión aparte

El año que viene el Parlamento comenzará discutir algunos proyectos desglosados de la Rendición que merecerán un análisis aparte. Uno de ellos es una reforma al Código  del Proceso Penal que permita a la Justicia considerar de “especial relevancia” determinadas  situaciones para definir la prisión domiciliaria: será el caso de mujeres embarazadas o con hijos recién nacidos, personas con una enfermedad grave, o imputados mayores a 70 años  que no representen riesgo para la sociedad. 

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