El gobierno le sacará US$ 10 millones que el instituto había conseguido en 2025 con una intervención de Presidencia tras la negativa de OPP
Colonización, en una nueva entrega de campos, prioriza el beneficio a las mujeres rurales.
Agustina Grenno / Presidencia de la RepúblicaEl gobierno de Yamandú Orsi decidió priorizar en esta rendición de cuentas el combate a la pobreza infantil, educación, seguridad y la atención a las personas que están en la calle.
Lo hizo siguiendo el programa de gobierno que presentó en campaña, pero en un contexto más complejo del que suponía inicialmente por la volátil situación internacional y la fragilidad de las cuentas públicas, un combo que llevó al Ministerio de Economía a apenas abrir la canilla con un incremento de US$ 31 millones del gasto.
Como explicaron las autoridades, ese monto se destinará a la puesta en marcha del sistema unificado de transferencias monetarias, mientras que los incrementos de las otras áreas –que suponen US$ 46 millones– surgen de reasignaciones en la interna del presupuesto estatal ya votado.
Uno de los principales afectados por las reasignaciones será el Instituto Nacional de Colonización, un organismo emblemático para la izquierda que será obligado a reducir en un 50% sus recursos para la compra de tierras este año ya que perderá US$ 10 millones.
“Hemos reasignado recursos de proyectos que son importantes pero no prioritarios”, dijo el presidente Orsi este jueves en un mensaje a la población grabado en la Torre Ejecutiva.
La quita fue ampliamente discutida en la interna del gobierno dado que había voces que la entendían como una señal inconveniente y a contramano del compromiso de adquirir 25 mil hectáreas en el período principalmente para la lechería, mujeres y jóvenes rurales.
Sin embargo, la posición que terminó imponiéndose fue la del equipo económico, que ya desde el año pasado viene mostrando en privado y en público sus discrepancias con esa política en este contexto.
De hecho, en 2025 el presupuesto de Colonización –que es un ente autónomo– fue votado al filo del plazo en julio tras la suspensión de varias sesiones del directorio e incluso un cuarto intermedio durante la última debido a que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) rechazaba que se pusieran recursos para la compra de tierras.
La oficina que dirige Rodrigo Arim –y es la encargada del control y seguimiento del gasto de las empresas públicas y organismos descentralizados– había planteado lineamientos restrictivos que incluían la no adjudicación de nuevo dinero para compras en 2026.
Entre los lineamientos, la OPP no le llevó a Colonización algunos compromisos de gestión propuestos, obligó a incluir beneficios financieros de rendimientos de capital sobre patrimonio y no le permitió tener cargos nuevos. También ordenó bajar el costo operativo y algunas inversiones.
El asunto se destrabó tras una llamada durante el cuarto intermedio en el directorio del vicepresidente Milton Perdomo al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, que terminó logrando que el equipo económico autorizara US$ 30 millones para este año, según reconstruyó El Observador.
De ese monto salen los US$ 10 millones que ahora se quitan.
En ese entonces, Colonización informó que la solicitud presupuestal tenía un “claro énfasis en seguir interviniendo en el mercado de tierras para fomentar el desarrollo rural y crecimiento económico del país a través de la agricultura familiar, en un contexto de incorporación de tecnología y modernización de la gestión de las colonias”.
En el primer semestre de este año, el organismo compró un campo de 900 hectáreas en Paysandú por US$ 2,6 millones y si se aprueba la quita no adquirirá más tierras en lo que queda del 2026.
El presidente de Colonización, Alejandro Henry, dijo a La Diaria que, de todos modos, no afectará el compromiso porque en 2025 compraron más del doble de lo previsto. Aseguró que fueron 11.000 las nuevas hectáreas adquiridas aunque la memoria anual del gobierno enviada al Parlamento habla de 6.658 por US$ 49,2 millones. Dentro de ellas está la polémica estancia María Dolores –4.404 hectáreas– por US$ 32,5 millones.
Tras esta adquisición, el ministro Gabriel Oddone había dicho que Colonización tenía “cosas para mejorar". Planteó que debía discutirse "qué tierras, cuándo, en qué momentos y con qué objeto" se realizan las compras. "Es un tema que nos interesa involucrarnos porque afecta los recursos públicos, creemos que es necesario conversarlo", señaló.
Actualmente, el instituto administra 547.873 hectáreas, de las cuales un 70% son en arrendamiento y 30% son propiedad de colonos pero dentro de los alcances de la ley. El área ocupada representa el 3% de la superficie agropecuaria del país y el 19% de la superficie ocupada por la producción familiar.
La política de compras de tierras fue casi nula durante la anterior administración de Luis Lacalle Pou, lo que motivó que Colonización tuviera bajos niveles de ejecución presupuestal e incluso recortes. Mientras que en 2019 (último año de Vázquez) la ejecución total fue del 96% del presupuesto, en 2020 fue de 64%, en 2021 de 48%, en 2022 de 64% y en 2023 y 2024 de 74%.
Buscando compensar la quita dispuesta, Colonización prevé lanzar una herramienta de “adelantamiento de recursos”. El plan es parte de un trabajo conducido por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, para generar un instrumento financiero que afecte a los ingresos de Colonización durante los próximos años. El instituto recauda en el entorno de US$ 22 millones por año.
La idea implica relanzar el Fondo Nacional de Colonización, un fideicomiso creado por ley en 2014 con destino a la adquisición de tierras. El instrumento preveía la firma de un fideicomiso estructurado por la CND para emitir certificados de participación o títulos por hasta US$ 100 millones.
El organismo aspira a retomar la compra de tierras a partir del 2027 y también tiene bajo consideración tomar un crédito del Banco República.