Diego Battiste

¿Qué son las cláusulas de “descuelgue” que el gobierno quiere que se utilicen más?

En siete rondas de Consejo de Salarios el porcentaje de mesas que lo incluyó nunca superó el 10%

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03 de marzo de 2020 a las 05:01

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Hubo dos momentos en un discurso de asunción que duró  casi 24 minutos en los que el nuevo ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, fue interrumpido por el aplauso de la mayoría de los presentes este lunes en la sala de actos de la sede ministerial.

El primero fue cuando garantizó a sindicatos y cámaras empresariales que el ministerio que dirigirá será “ecuánime, justo y equilibrado para ser merecedor de la confianza de las partes”. Y el segundo fue cuando anunció la creación de un protocolo para definir la flexibilidad frente a los laudos de los Consejos de Salarios.

Mieres afirmó que contar con flexibilidad para definir los llamados “descuelgues” salariales es “imprescindible” para lograr que las empresas y los trabajadores más débiles puedan mantener su actividad y puestos de trabajo “evitando males mayores”.

Este tipo de cláusulas permite a cualquier empresa o grupo de empresas del rubro de determinada mesa de negociación, mediante un mecanismo acordado por las partes, dejar de regirse por la decisión del Consejo de Salarios.

Las estadísticas oficiales muestran que la inclusión de este mecanismo en los convenios ha venido ganando espacio en las últimas tres rondas aunque en porcentajes muy bajos respecto al total de las mesas de negociación. De acuerdo con cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo,  en la última ronda la incorporó apenas el 8,5% de las mesas, es decir 19 casos en un universo de 223.

En algunas de ellas la cláusula estableció que si una empresa tiene problemas y lo prueba podría no cumplir el convenio y negociar por separado. Y en otros directamente se dejó fuera de la aplicación del convenio madre a empresas específicas.  En la penúltima ronda (2015) solo el 6% de las mesas introdujo este tipo de cláusulas y 3,9% en la quinta ronda (2012).

Por ejemplo, el convenio colectivo de la industria química estableció en 2018 “que aquellas empresas que puedan demostrar fehacientemente, con la documentación acreditante, que de cumplir con los aumentos previstos en el convenio ponen en riesgo los puestos de trabajo de sus empleados, podrán solicitar citar al Consejo de Salarios respectivo. Si de la documentación aportada surgen los extremos invocados, el Consejo podrá por unanimidad habilitar el descuelgue”, según dice el texto del acuerdo. Ocurre lo mismo en un convenio del grupo transporte y almacenamiento.

Si bien es algo que está habilitado para incorporar a la negociación, hasta ahora se ha considerado muy poco. En el pasado tampoco los gobiernos del Frente Amplio lo promovieron en la batería de lineamientos sugeridos para las diferentes rondas que se sucedieron desde 2005.

Según explica un reporte reciente del departamento de Psicología Social y Trabajo de la Universidad Católica (UCU), el movimiento sindical considera que cuanto más se separen los sectores para negociar, menos es la capacidad de presión de los trabajadores y por lo tanto la posibilidad de incorporar mejoras en las remuneraciones.

Hace dos años atrás el tema fue incluido en la negociación de la industria láctea a propuesta de la gremial del sector que solicitó contemplar esta salida para las empresas Claldy, Calcar, Coleme y Pili. Así luego de largas conversaciones cada una de las cuatro industrias terminó negociando con su gremio su propia fórmula de ajuste salarial por fuera del acuerdo macro.

El anuncio de Mieres fue acompañado de un análisis en los que repasó indicadores de actividad, empleo y seguro de paro para ilustrar el deterioro del mercado de trabajo, en las que marcó especial preocupación por el desempleo juvenil.

Entre las principales líneas de acción de su cartera figura el mantenimiento de la negociación colectiva en base a los Consejos de Salarios por ramas de actividad. Los ministerios de  Economía y de Trabajo resolverán en pocas semanas qué tipo de lineamientos guiarán los ajustes salariales en el sector privado. Entre 227 grupos que tienen convenios vigentes, hay 149 que vencerán dentro de los primeros seis meses de gobierno. 

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