¿Quién les teme a los liceos privados?

En marzo pasado, con motivo del comienzo del año escolar, la andanada sobre los liceos privados con acceso a financiamiento de empresas o individuos que destinan dinero y parte de sus impuestos a ese fin provino de las autoridades de Secundaria y de los gremios docentes. El presidente de ADES, Emiliano Mandacen, yendo contra toda evidencia acumulada por años, dijo “no enseñan nada”. Vaya uno a saber qué entiende el presidente de ADES por “enseñar”. También por esos días, la directora de Secundaria, Celsa Puente, se manifestó contraria a esos liceos. Señaló que los resultados no pueden compararse con los públicos porque en los privados hay una preselección (preselección que es mínima y hasta lógica), mientras que en los públicos no. Pero la directora Puente fue más allá y, con inusual y bienvenida franqueza, dijo que no está “de acuerdo con estas instituciones” y que le causan “preocupación”. A la que no le causó preocupación alguna, afortunadamente, fue a la ministra de Educación, María Julia Muñoz, aunque reconoció que tiene reservas en cuanto a la comparación lisa y llana de los resultados de estos liceos con los de la enseñanza pública.

La segunda andanada, a diferencia de la primera, vino esta semana a través de críticas al método de financiamiento. La senadora del MPP, Ivonne Passada, planteó la necesidad de restringir las donaciones que los privados realizan a centros de enseñanza al amparo de la ley que permite realizar aportes y deducir impuestos que van a determinadas instituciones educativas. Cercenando el apoyo privado, estas instituciones tendrán enormes dificultades para subsistir pese a que realizan un trabajo de calidad en entornos marginales y que ayudan a muchas familias.

Lo que no parece entenderse por estos sectores o actores de la izquierda, es que el Estado uruguayo está incumpliendo un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la ONU en 1948. En efecto, el artículo 26 establece el derecho de los padres en la elección de la educación de sus hijos. Dice el apartado tercero de dicho artículo que: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Y conviene subrayar que el mencionado derecho está incluido por los firmantes de la declaración entre los básicos que un Estado no puede negar o manipular.

Por tanto, el magro apoyo que reciben estos liceos por vía de aportes financieros de empresas es apenas una forma de hacer viable, en mínima escala, este derecho de la familia. Hay algunas familias de bajos recursos que pueden elegir el tipo de educación que desean para sus hijos. En lugar de molestarse por ello, lo que deberían hacer las autoridades es poner todo su esfuerzo para cumplir este derecho humano fundamental en lugar de buscar excusas al fracaso que evidencia la educación pública, con índices alarmantes de deterioro.
Por lo demás, este derecho de la Declaración de la ONU está también recogido en nuestra Constitución que, en su artículo 68 (reforzado por el 70), reconoce el derecho de los padres o tutores a “elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros e instituciones que deseen”.

Este artículo, así como el de la ONU, son hoy en Uruguay letra muerta. Quienes no poseen medios económicos no pueden elegir para sus hijos la educación que deseen. Todos sabemos que la elección no es posible ni siquiera en la enseñanza pública donde hay liceos de diferente calidad pero con elección limitada. Cumplir estos derechos debería ser la preocupación principal de las autoridades. La elección de buena educación es un derecho fundamental. Hagámoslo realidad y protejámoslo donde ya se ejerce en vez de buscar la paja en el ojo ajeno.