$ 100 por voto, insultos y violencia de género: los nueve casos de ética que tratará el FA

Hay cuatro de ellos que iniciaron por denuncias de violencia de género, tal como adelantó Búsqueda y confirmó El Observador tras acceder a los documentos repartidos a la estructura.

El abordaje de este tema preocupa a la dirigencia por carecer de marco para actuar, y llevó a que semanas atrás la referente de la Comisión de Género del FA, Patricia González, informara a la Mesa Política que buscaban llegar a una "adecuación normativa" respecto al protocolo aprobado desde 2020 para contemplar este tipo de situaciones. 

Expulsiones y $100 por voto

Dos de los expedientes en carpeta –a los que la dirección acordó que se tacharan los nombres y otros datos que pudieran revelar identidades– se remontan a actuaciones de 2016 sobre las que el TCP ya se pronunció pero que el FA pidió una ampliación.

En una de ellas, la comisión de ética entiende que no tiene competencias estatutarias para pronunciarse. Se trata de la denuncia de un sector político respecto a la expulsión de ocho ediles de la Mesa Política Departamental. El TCP entiende que no puede juzgar un órgano colegiado del FA, sino que solamente a “la conducta de los adherentes”.

El otro de esa misma índole repara en la presunta compra de votos a una lista por $ 100, durante las elecciones internas del FA en julio de 2016. La denuncia relata que un militante repartía listas con un billete solapado mientras otros militantes hacían fila para votar en el comité.

Entre las negativas del denunciado y el “carácter extremadamente contradictorio” de los testimonios recogidos, el TCP terminó apuntando que hay “indicios muy preocupantes de verosimilitud”, pero que no puede “afirmar con certeza suficiente la realidad de los hechos”. 

Declaraciones "improcedentes"

El 17 de julio de 2018, Sergio Duclosson fue uno de los siete ediles frentistas que alzaron la mano para aprobar un proyecto del Grupo Cipriani para construir sobre la vieja estructura del ex Hotel San Rafael de Punta del Este, en una interna caliente entre el entonces diputado Darío Pérez y el exintendente Óscar de los Santos. Un fragmento del discurso de Duclosson para justificar su voto le acabó propiciando el pase al TCP. 

"Sé que tuvo que aguantar muchas cosas de directores de nuestro gobierno (en la intendencia del FA), tengo pruebas, pero nunca lo hice por el simple hecho de la unidad, pero hay grabaciones", sostuvo. El tribunal de ética del FA le reprochó esa actitud y alegó que "la imprecisión de esas expresiones de ningún modo elimina su carácter injurioso, sino que por el contrario lo acentúan al acumular términos que sugieren irregularidades y pruebas sin concretar ni unas ni otras".

El organismo concluyó que Duclosson había tenido una "conducta inapropiada que merece desaprobación". 

Violencia de género

A fines de 2019, el FA recibió en un sobre cerrado la denuncia de una integrante de un sector político que apuntaba contra un correligionario. La mujer relataba haberse alejado de la actividad partidaria “por temor”, y detallaba episodios en que recibió “presiones para el consumo de drogas” e incluso haber tenido que dormir en la calle. 

Por unanimidad, el TCP le recomendó que hiciera la denuncia penal, considerando que "siempre serán más adecuados" los mecanismos de la Justicia, por carecer ellos "de la idoneidad técnica y de la posibilidad coercitiva para indagar personas". 

El 1° de marzo del 2021 una Departamental frentista denunció la circulación de un audio de WhatsApp en que uno de sus integrantes "insultaba, denigraba y ninguneaba" a una compañera, en una conversación privada con otros dos militantes. La denuncia lo encuadraba como una situación de "violencia de género".

Durante las actuaciones, uno de los hombres confesaba haber reenviado el audio a esa compañera sin desearlo, al escucharlo durante una guardia en el hospital entre los "ruidos de maquinaria" sin haber percibido los agravios. Pese al contenido "a todas luces condenable" –y a las discrepancias expresadas por la denunciante al final de las actuaciones–, el TCP se limitó a sugerir unas disculpas, en tanto "las comunicaciones privadas no constituyen una esfera en la que se pueda ingresar para aplicar sanciones".

En otra denuncia por violencia de género formulada por la integrante de un sector hacia tres correligionarios, el organismo determinó que no tiene competencias al tratarse "de un problema interno del sector que no trasciende al Frente Amplio". 

Otro expediente de marzo de 2021 da cuenta de "graves hechos" que empezaron a circular por redes sociales con una denuncia penal que asociaba a un militante de la lista 52 PAIS del FA, caso que le había propiciado la suspensión de su comité.

El caso involucra desde el incumplimiento de pagos a empleados en una pizzería que él administraba, la amenaza con un arma de fuego a un concejal de la fuerza política, hasta una violación a una trabajadora mientras hacía tareas de limpieza en uno de sus locales. 

De acuerdo al expediente, la víctima logró escapar gracias al hecho de que un albañil ingresó en ese momento al lugar, lo que le permitió correr, tomarse un Uber y presentar ese mismo día la denuncia en seccional policial.

El TCP tomó el caso con las dificultades de que la denunciante había fallecido antes de las actuaciones, y sin obtener respuestas del denunciado a las citaciones. El organismo recomendó al Plenario la expulsión del hombre de toda actividad del FA. 

El último expediente involucra a un jerarca de una intendencia –el FA pidió preservar el dato de cuál es–, el cese de la denunciante de un cargo de confianza tras habérsele asegurado su continuidad –con lo que había resignado un puesto ganado en un concurso–, la falta de respuestas para presentar reclamos y la divulgación por parte de su superior de algunas valoraciones sobre su desempeño en una reunión virtual de coordinadora.

El TCP manifestó su “preocupación” por las dinámicas recabadas, reprendió al jerarca que publicitó temas privados en un encuentro y exhortó a la Departamental a realizar talleres para “reflexionar sobre la violencia en la política y la violencia basada en género”.