Actual jerarca de la Cotryba insiste en penalizar al maltrato animal

Es que el organismo puede sancionar con multas de hasta 500 UR e incluso confiscar animales en caso de constatar un maltrato, pero en última instancia no configura un delito, lo que limita el poder de intervención del Estado en estas situaciones.

Delgado asumió en mayo al frente de la Cotryba y describe el fenómeno como "impresionante". "No hay un solo día de la semana en que no lleguen denuncias", asegura a El Observador, y añade que la principal vía de ingreso es la página web del organismo, seguido por denuncias policiales.

"Para llegar a una requisa por maltrato, se puede lograr, pero es un trámite bastante largo y complejo", reconoce Delgado. "Yo no puedo venir y hacer lo que yo quiera con tu animal. De ahí surge todo lo demás. No puedo hacer nada con tu perro si no me das el permiso para que yo lo haga", explica.

El proceso implica una visita al lugar de los hechos para recopilar información, elevar un expediente a Jurídica del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), requiere del visto bueno de un veterinario y dar con una protectora de animales que pueda recibirlo.

Delgado —que administra las denuncias recibidas— indica que la mayoría son por maltrato animal, en general en los ámbitos urbanos. Sostiene que la segunda causa principal es el ataque a ganado en campaña. A modo de ejemplo, si una jauría de perros ataca a una vaca, corresponde a la Cotryba detectar si los animales tienen un tenedor responsable (o dueño) detrás. 

Consultada repetidas veces sobre cifras concretas en torno a la cantidad de denuncias y sanciones, Delgado afirmó que no puede cuantificar de forma certera en tanto no se consolide un nuevo sistema denuncias implementado desde el último mes, que se basa en unificar varios indicadores de un mismo caso en un solo expediente. No obstante, contesta: "No tenemos en este momento en el Código Penal que el maltrato animal sea delito. Ahí tenés la respuesta". 

Maltrato animal como delito

La iniciativa tuvo varios antecedentes. Uno de ellos fue a mediados de 2019, en vísperas de las elecciones nacionales, cuando el entonces diputado colorado por Maldonado, y actual ministro de Turismo, Germán Cardoso, presentó un proyecto de ley para incorporar los daños a la "salud e integridad" de animales domésticos (perros y gatos) al Código Penal, con penas de tres a seis meses de prisión. 

En octubre de este año, el diputado nacionalista Pablo Viana presentó un proyecto de ley para agregar una sección al código referida a "Delitos contra el bienestar animal". El texto establece un delito de crueldad animal, que apunta contra quien le causara de forma injustificada e intencional una enfermedad o lo lesionara.

El mismo propone fijar penas de tres a doce meses de prisión, una inhabilitación especial de dos a tres años para desempeñarse en cualquier tarea que tenga vínculo con animales y estipula distintos agravantes. Por ejemplo, si el animal muriera, la pena sería de 12 a 18 meses de prisión.

De momento, la Cotryba puede categorizar infracciones según sean "leves", "graves" y "gravísimas". Estas últimas son las que mayor sanción conllevan, con multas de 50 a 500 UR (unos $644 mil pesos según los valores actuales como máximo). Tanto las graves como las gravísimas admiten además la posibilidad de confiscar al animal. 

La directora general de Secretaría del MGAP, Fernanda Maldonado, dijo a El Observador que "no hay una posición definida" de la cartera sobre el tema. La jerarca señaló que deberán evaluarse las "cuestiones técnicas" de la iniciativa, y que la secretaría de Estado se pronunciará al respecto. 

Maldonado, bajo cuya égida funcionará el Instituto de Bienestar Animal, adelantó que el presupuesto del flamante organismo será complementario con los gobiernos departamentales y puede llegar a contar con financiamiento internacional. 

El proyecto de ley de Presupuesto establece la creación de un cargo de director ejecutivo del Instituto, que se financiará con $1.150.682 de la Dirección de Desarrollo Rural —que deja de ser tal para tornarse en una Unidad— y $144.384 de la Dirección General de Secretaría a cargo de Fernanda Maldonado.