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¿Qué hacer con los perros sueltos?
Los perros –con o sin dueño– que atacan a los ovinos en forma solitaria o integrando jaurías son cada vez más. Si bien hay dudas sobre cómo resolver ese problema, está claro que es uno de los factores que más incidió en el achique que tuvo la majada y el negocio ovino.
Los productores, además de denunciar daños y reclamar medidas efectivas, han desarrollado estrategias, como comprar drones para vigilar sus campos y hasta camionetas para la Policía.
A la duda sobre cómo mejorar en lo productivo o sobre cómo se pueden comportar los mercados, los ovinocultores le han añadido un interrogante sin respuesta: ¿qué hacer con los perros sueltos?
Este asunto le quita el sueño al futuro ministro de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), Carlos María Uriarte, quien se ha pronunciado muchas veces sobre la necesidad de solucionar de una buena vez lo que para él y sus colegas productores es un drama, con perjuicios económicos, pero también anímicos.
El Observador dialogó con diversos actores relacionados con este tema y en todos los ámbitos las preocupaciones son las mismas y no está claro cómo proceder. Porque más allá de efectuar la denuncia, no se sabe qué hacer si se logra capturar al animal que cometió el ataque matando y/o hiriendo a los lanares.
Lo ideal sería que el perro vaya a un albergue y que alguien se haga cargo, también para que tenga el cuidado adecuado en lo sanitario y alimenticio; el tema es quién debe hacer eso.
Muchos refugios han cerrado sus puertas. Están superpoblados y no tienen medios para alimentar a más perros, para lo cual no reciben ningún tipo de apoyo económico por parte del gobierno.
En tres años la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba) ha recibido 5.500 denuncias de ataques por perros. Y un 10% corresponde a ataques a majadas. Esa cifra no contempla a todas las agresiones, porque muchas veces no se denuncian. Hay veces en las que hay una denuncia, pero no se encuentra al dueño del animal. Y en esos casos, desde el punto de vista administrativo, la Cotryba no puede hacer nada.
Cuando se tiene identificado al dueño, se aplica una multa que, dependiendo de la magnitud del daño, va de 5 a 50 unidades reajustables ($ 5.995 a $ 59.950).
Julio Pintos, gerente de la Cotryba, explicó que la institución es una comisión coordinadora para la cual “nunca se pensó que tuviera un cuerpo inspectivo nacional”, porque “sería caro e ineficiente”. Destacó que el trabajo “en territorio” es muy importante y que para eso el compromiso de las intendencias es fundamental. En general, admitió que se ha trabajado bien, pero también que “falta compromiso”.
“Lo hecho es insuficiente, se debería dotar de mayores recursos a la Cotryba y a las intendencias para poder hacer muchísimo más, ya que el problema es grave. Los recursos deben ser coordinados por Cotryba en el marco de un plan nacional, pero aplicados en territorio por municipios e intendencias”, explicó.
El resultado más visible de los tres años en los que se viene trabajando es que, por primera vez, “el Estado ha asumido la gestión de este problema” y eso fue “muy importante” porque le dio visibilidad a la problemática, indicó.
Pintos entiende que “el principal problema no son los perros, sino los dueños”, es decir, “la tenencia responsable”.
La Cotryba cuenta con una comisión de educación que trabaja en las escuelas rurales y ha realizado castraciones en conjunto con 12 intendencias departamentales. En algo más de un año se han castrado 25 mil perros.
Para Pintos es clave castrar y trabajar en el manejo de los perros. “Todos los institutos que trabajan para mejorar el rubro ovino deberían incluir en sus capacitaciones el manejo de perros en los campos productivos”, aconsejó.
Clave: una mejor educación
Silvia Ferreira, una protectora de animales, transmitió la necesidad de “responsabilizar a los dueños” para que hagan el chipeo y castren a los perros, para poder identificar al propietario. También opinó que la castración debe ser obligatoria, porque es la principal razón por la cual se forman las jaurías.
“No se debe priorizar la vida de la oveja o la vida del perro. Debe exigirse la castración. No quisiera aplicar el rifle sanitario, pero si esto no se logra controlar, no va haber otra opción”, reflexionó.
Laura Falco, psicóloga y especialista en reivindicación de conductas de animales, hizo referencia a que “no va a haber una solución si no hay voluntad política” para hacer una ley “que realmente sea efectiva y rápida”.
“Los perros deberían ser chipeados y castrados obligatoriamente con penas económicas muy fuertes (para quienes no cumplan). Si no hay educación no hay comprensión de una tenencia responsable”, expresó. Sostuvo que el animalismo “está muy fanatizado”, pero dijo que hay que “ser realista” y tener en cuenta al rifle sanitario “para solucionar cosas”, para poner un control en la reproducción de las jaurías.
“Estamos totalmente en contra del sacrificio. El tema animal se toma muy a la ligera y el problema de los perros es muy grande, y no solo en el campo”, aseguró.
Apuntó que un instituto como la Cotryba “no puede depender del MGAP”, que tiene que estar en la orbita del Ministerio de Educación y Cultura, “porque la base de una tenencia responsable es la educación”.
En la ciudad también
Pedro Scremini es un ganadero de Cerro Largo, que en julio de 2019 fue víctima de un ataque. Comentó que hay que encarar al tema de los perros sueltos en el campo y en la ciudad “de forma integral”, porque no es fácil separar los límites, dado que los pueblos del interior se tranforman rápidamente en campo. “Si queremos avanzar como país y como sociedad, hay que solucionar el tema de los perros sueltos en la ciudad también”, apuntó.
A través de un documento titulado "Los perros y la sociedad" elaborado por Scremini y firmado por varias instituciones de Cerro Largo, se denunció que las organizaciones de protección de animales no pueden contener la superpoblación canina. Y si bien se reconocen los esfuerzos de la Cotryba, se los consideró “absolutamente insuficientes”.
El documento sugiere soluciones a tomar en cuenta a la hora de legislar. Entre ellas, realizar una campaña de difusión y educación sobre obligaciones de los tenedores de perros; identificación obligatoria; una brigada que fiscalice e incaute animales sueltos; creación de refugios para perros sueltos en la vía pública; y que las organizaciones cuenten con información del animal para posibles adopciones, pero en el caso de que en un plazo de 10 días no se haya reubicado al animal se sugiere declararlo “plaga” y proceder a su sacrificio humanitario.
Se sugiere crear un registro de propietarios y un programa de reproducción controlada, así como estipular sanciones o multas ineludibles y aplicarlas “sin excepción”.
Finalmente, se expone la idea de que todo esto sea una iniciativa del legislativo nacional para que nadie eluda responsabilidades.
Castraciones masivas
