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"Esto va más lento de lo que deseábamos; somos conscientes de que falta mucha información a la población sobre este tema", reconoció Pintos a El Observador.
El programa de inclusión obligatoria de todos los caninos en el Registro Nacional de Animales de Compañía (Renac) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, tenía por objetivo cumplir con algunos pilares básicos, como la castración, educación en la tenencia responsable, control de la reproducción y la comercialización, y la fiscalización.
De estos puntos, en el que menos se avanzó fue en el último: en las tareas de inspección y control de los perros fuera del registro. "Tenemos que acordar todavía algunas tareas territoriales, (como) quién fiscaliza", agregó, y recordó que para llevar adelante ese rol fueron creadas comisiones departamentales, integradas por las intendencias y los ministerios de Salud Pública, Ganadería e Interior, pero cuyo funcionamiento aún no logró efectividad.
"Es un proceso que necesita de una campaña de sensibilización, pero sería realmente importante que funcionara, aunque sea a nivel educativo, con intimaciones, fomentando la tenencia responsable y evitando que haya perros sueltos, por ejemplo", añadió el jerarca.
Como sea, para llevar adelante las intervenciones en forma gratuita, Cotryba ya firmó una serie de acuerdos con las intendencias de Montevideo –la semana pasada–, Canelones, San José, Flores y Paysandú, y espera hacerlo también en los próximos días con las intendencias de Tacuarembó y Río Negro.
"Una crítica hacia lo que hacíamos era que mucha gente no podía pagar por el chip, que no había políticas diferenciadas. Bueno, ahora las hay: estamos ofreciendo un servicio público, por eso exhortamos a la población para que venga", aseguró.
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Aunque no hay fechas ni lugares establecidos para este servicio, se definió que la tarea la asumirán los alcaldes, y que se escogerán zonas y barrios en función de los niveles socio económicos y los entornos sociales, como las escuelas.
Según los datos de la Renac a los que accedió El Observador, no hay departamentos que no tengan caninos registrados. De los 5.500 que ya integran la lista, el 60% son de Montevideo y Canelones, y el 40% del resto del país. Del total, sólo el 40% está castrado.
El chip, que tiene un valor aproximado de $ 500, es del tamaño de un grano de arroz, y se aplica de forma subcutánea. Cuenta con un código de 23 dígitos y funciona para asociar a cada canino con su dueño. Los chips vienen en forma individual con un aplicador de plástico descartable, todo envasado al vacío.
El debate
La obligatoriedad de colocar el chip a los perros generó debate ya que desde agrupaciones animalistas se cuestionó su uso. Varias organizaciones defensoras de los derechos de los animales proponen que en vez de que el chip sea obligatorio, lo sean las castraciones.
Sin embargo, diferentes agrupaciones representantes de los veterinarios en Uruguay aseguran que la implementación del chip es necesaria para poder hacer cumplir la ley de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales, y que internacionalmente el chip es aceptado e incluso obligatorio, como en el caso de la Unión Europea.
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