Cuando era niña, Soledad –nombre ficticio para preservar su identidad– tenía un coeficiente intelectual de 136, por encima de la media. Le gustaban los números, las finanzas y siempre supo que algo no andaba bien en ella, que había algo que no le terminaba de cerrar, que era demasiado analítica, buena para los detalles. Después estudió la licenciatura en dirección de empresas de la Universidad de Utah y vivió 10 años en Estados Unidos, donde trabajó en varios bancos, pero le costaba mantener el empleo porque, a veces, cometía "sincericidios".
Hasta el año pasado Soledad de 41 años no supo que era autista nivel uno. Y, cuando se enteró, empezó a buscar información en asociaciones y con especialistas. Incluso formó una comunidad de adultos autistas.
Otra vez en Uruguay le costó conseguir empleo, pese a su formación profesional y su experiencia en finanzas, por lo tanto, ahora se dedica a ser masajista. "Cuando sos autista a veces sos una persona más racional, que ciertos códigos sociales no los entendes y no los sabes manejar. Entonces, a veces pasa que podemos cometer sincericidios o decir cosas que no están socialmente correctas. Eso me ha sucedido a lo largo de todos mis trabajos", contó.
Para las personas adultas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) conseguir un empleo o mantenerlo en Uruguay no es algo sencillo, pese a que en algunos casos esa discapacidad les da, en realidad, una gran capacidad intelectual pese a que las habilidades o conductas sociales son desadaptativas.
Soledad cree que, justamente, las habilidades sociales son las que más influyen de este lado del mundo: "En Estados Unidos no sentía tanto mi discapacidad, porque nadie espera que cuando vos llegues o te vayas le des un beso. Te sentás en tu escritorio, le decís 'hola' al que te cruzaste y se acabó. En Uruguay hay otras expectativas sociales que se necesitan cumplir y si no las cumplís te miran como si fueses raro".
Gonzalo Scrigna, de 33 años, es periodista deportivo y, además de ejercer en radio Cristal de Las Piedras, es funcionario en la escuela Experimental en el barrio Malvín.
Pero, Gonzalo sabe que tener autismo y multiempleo no es lo que le ocurre a la mayoría de las personas con esa discapacidad: "Soy consciente de que las puertas no están abiertas de par en par para todas las personas con discapacidad. Por ejemplo, para entrar a Primaria me tuve que anotar en un llamado y por suerte quedé bien posicionado y pude entrar bastante rápido, pero reconozco que no están las oportunidades para todas las personas con autismo", dijo.
Tanto Soledad como Gonzalo coincidieron en que, una vez que consiguieron trabajo, pudieron ser eficientes en las tareas y que, pese la discapacidad, no tuvieron mayores problemas de relacionamiento con sus compañeros, ni tampoco sufrieron discriminación o bullying. "Si hay un cumpleaños y hay que firmar una tarjeta de cumpleaños, no sé que poner. Pero si hay que ir a buscar la torta al otro lado de la ciudad voy", ejemplificó Soledad.
Gonzalo aprovechó la entrevista para enviar un mensaje: "Aquellas personas con TEA que no tienen la misma facilidad que yo para intentar cumplir un sus sueños y derribar las barreras siempre les digo que el trastorno no es una barrera, tampoco es una enfermedad, es simplemente un trastorno".
La ley 18.651 de 2010 obligó al Estado, las intendencias, los entes autónomos y las personas de derecho público no estatales a cumplir con una cuota del 4% de los puestos vacantes para ocupar a personas con discapacidad. Y la ley 19.691 obligó a lo mismo a las empresas privadas con más de 25 empleados.
Sin embargo, ni públicos ni privados cumplen con la legislación, según lo reconoció el director Nacional de Empleo, Daniel Pérez, a El Observador.
El jerarca explicó que le pidió a su equipo técnico que se realice un estudio o investigación para "entender por qué a las empresas les cuesta tanto incorporar a las personas con discapacidad" y analizar "otro tipo de incentivos que quizás no son económicos sino culturales o de sensibilización", dijo.
Hasta el momento, si una empresa con más de 25 empleados incorpora personas nuevas, debe contemplar que el 4% del total deben ser personas con discapacidad y se le exonera una parte de los aportes patronales pero "en realidad, es muy poco dinero", consideró el jerarca del Ministerio de Trabajo.
Las empresas que no cumplen con la cuota, algo que se detecta en las inspecciones, son sancionadas. Sin embargo, en los hechos, ese proceso legal lleva "mucho tiempo" y las empresas suelen presentar pruebas como, por ejemplo, que la persona no tenía las competencias requeridas para el cargo.
Según el último registro, hay 8 mil personas en el Registro Nacional de Discapacidad, de las que solo están empleadas el 30%. "Pero esas no son todas las personas con discapacidad, son las personas que han sido registradas. Puede haber más gente que esté trabajando y no lo sabemos", dijo.
A su vez, en Uruguay tampoco hay un registro oficial de cuántas personas tienen autismo. El dato se conocerá cuando se procese por completo el censo 2023, debido a que el Instituto Nacional de Estadística incluyó esa pregunta en el formulario.
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