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Aprobación de ley de empleo para personas con discapacidad exhibió divisiones en el FA

Cuatro legisladores no votaron un artículo que había sido modificado en el Senado

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25 de octubre de 2018 a las 05:02

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley de empleo para personas con discapacidad, en una discusión que exhibió diferencias internas del Frente Amplio, y principalmente del Partido Comunista, respecto a las modificaciones que se habían realizado una semana atrás en el Senado.

Los legisladores frenteamplistas Gerardo Núñez (PCU), Luis Puig (PVP), Alejandro Zavala (IR) y Mariela Pelegrín (Lista 6009), y Eduardo Rubio de la Unidad Popular no votaron el primer artículo, que establece que las empresas con 25 o más trabajadores “permanentes” deberán contratar al menos un 4 % de empleados discapacitados en todo nuevo ingreso de personal que se produzca a partir de la vigencia de la ley. Los diputados criticaron que se excluyera a los trabajadores zafrales, tal cual estaba establecido en el proyecto original del Poder Ejecutivo, y señalaron que esta modificación implicaba un recorte de entre 25 y 30% de las personas que podrían incorporarse. “Los argumentos planteados han sido absolutamente insuficientes y parten de errores conceptuales graves”, dijo Núñez, respecto a los cambios aprobados por sus compañeros del Senado. El diputado criticó al sector empresarial por “plantear a las personas con discapacidad como un problema más. Es como si les estuvieran haciendo un favor y ese puesto de trabajo sea medio de mentira, se desconoce que las personas con discapacidad se preparan para desarrollar su trabajo como cualquier otro”. Las modificaciones fueron defendidas por Óscar Groba del MPP, quien dijo que en las empresas privadas todos los trabajadores eran “eventuales” y se preguntó si había algún trabajador que estuviera hace 40 años en la misma fábrica.

Los diputados disconformes plantearon un artículo sustitutivo, pero su propuesta fue rechazada porque la ley debía ser sancionada antes del 27 de octubre y no había plazo para que volviera al Senado. Para compensar, la bancada del Frente Amplio acordó redactar dos nuevos proyectos de ley, con el compromiso de que sean aprobados antes de fin de año. Uno sobre los empleos zafrales (que quedaron excluidos del artículo 1) y otro que permite a los padres con hijos con discapacidad tener hasta 10 días de licencia por año para controles médicos, según explicó el coordinador de bancada Felipe Carballo.

Lío interno

Las modificaciones acordadas en el Senado generaron un cortocircuito interno en el Partido Comunista, el sector que se había embanderado con la aprobación del proyecto. El secretario general de la agrupación, el senador Juan Castillo, fue el encargado de comunicar los cambios resueltos con la oposición, lo que le valió las críticas de sus camaradas. Sin nombrarlo, el diputado comunista Gerardo Núñez rechazó que no los hayan consultado, una posición similar a la que habían sostenido previamente el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y el líder del Sunca, Óscar Andrade, que en 2015 cuando era diputado había presentado un proyecto similar. En declaraciones a Radio Uruguay, Andrade dijo que los cambios eran “absurdos” y que beneficiaban la “precarización laboral”. El sindicato de la construcción realizará este jueves un paro nacional entre las 9 y las 13 horas en rechazo a estas modificaciones. Consultado por El Observador, Castillo reconoció -en nombre de la bancada- que haber consultado "hubiese evitado las críticas" pero dijo que los senadores no tuvieron "tiempo práctico" para hacerlo, debido a la cantidad de leyes que han tenido que aprobar en el último tiempo. 

Los legisladores de la oposición aprovecharon las diferencias internas del Frente Amplio para señalarle que había cedido a la “presión empresarial”. El diputado José Luis Satdjian (PN) dijo que “los reyes de la sensibilidad social se quedaron solos en los discursos”, mientras que Fernando Amado manifestó que “todas las modificaciones responden al ombligo y reclamo de las cámaras empresariales”. Sus críticas fueron rechazadas por legisladores oficialistas como Groba, quien dijo que “ninguno” de sus compañeros “está proclive dejarse torcer el brazo por el sector empresarial”.

También criticaron que el gobierno incumpla la ley que lo obliga a contratar un 4% de personas con discapacidad, algo que fue reconocido por los legisladores frenteamplistas. “Es inexplicable que en el ámbito público tengamos un 1,3% de aplicación del 4%. En 2017 entraron 85 y deberían haber entrado 260. Esto nos tiene que interpelar”, señaló Núñez, mientras que Elizabeth Arrieta (PN), dijo que parecía “absurdo” discutir la situación en el ámbito privado. Los legisladores también reclamaron el “apuro” con que se votó el proyecto y criticaron que se hiciera sin el “debido análisis”. “(Parece) que no se puede esperar un minuto sin votar, pero tenemos la ley de 2010 y el Estado no la cumple. ¿No tendría que empezar por allí la bancada oficialista? ¿No debería empezar por exigirle a su gobierno que cumpla con la ley?”, dijo el diputado Ope Pasquet (PN).

Pese a las críticas, los legisladores opositores apoyaron gran parte del articulado, pero rechazaron el 16, que crea la Comisión Nacional de Inclusión Laboral, la cual deberá realizar un seguimiento de la aplicación de la ley por considerar que “engorda las instituciones” y propusieron que sea la Comisión Honoraria de la Discapacidad, la que realice esta tarea, ya que existe desde el año 1989 y tiene amplia representatividad.

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