A este amplio repertorio, que ha venido exhibiendo en los más dos años de gobierno, el mandatario sumó este miércoles una nueva aunque había usado una similar meses atrás.
Habló de los cambios que el Poder Ejecutivo aceptó en la reforma jubilatoria como algo similar a “echarle agua a la leche”. “Es una buena reforma. Nosotros teníamos un litro de leche, se le fue echando agua, agua, agua, pero sigue siendo leche. Cuando sea agua no se tiene reforma”, dijo en rueda de prensa en Soriano.
El agua en la leche
Si bien el presidente concluyó que las modificaciones no alteraron el “espíritu” por lo que el producto seguía siendo el mismo, desde el primer anteproyecto ofrecido por el gobierno hasta la actualidad, la reforma jubilatoria tuvo cambios importantes en sus pilares principales, debido a cuestionamientos de los socios de la coalición, que llegaron incluso a condicionar los votos.
Lacalle Pou presentó el primer anteproyecto a fines de julio del 2022, el cual tenía como base el informe de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social.
Ese documento decía que la reforma comenzaría a aplicarse en 2027 y que la primera generación afectada serían los nacidos en 1967, quienes pasarían a jubilarse con 61 años. La intención, era que hubiera un proceso gradual hasta 2035, año en el que todas las personas pasarían a retirarse con 65 años.
Inés Guimaraens
Cabildo Abierto impulsó cambios en todo el proceso
Pero esa disposición fue rápidamente cuestionada por Cabildo Abierto y el Partido de la Gente, que plantearon que los primeros afectados fueran los nacidos en 1974, con lo que la reforma empezaría a regir en 2035.
Tras discutirlo con los técnicos, Lacalle Pou accedió parcialmente a la propuesta y estableció –tal como quedó en el proyecto que fue enviado al Parlamento– que la reforma empiece a regir en 2036 (nueve años más tarde) y que los primeros afectados fueran los nacidos en 1973 (en lugar de los de 1967), que deberían jubilarse con un mínimo de 63 años.
Esa solución, reconocida por Saldain como una consecuencia de las negociaciones políticas, creó un salto ya que quien hubiera nacido el último día de 1972 podía jubilarse tres años antes que una persona que lo hubiera hecho un día después, el 1° de enero de 1973.
El problema fue advertido en la discusión parlamentaria en el Senado, y luego en Diputados, a partir del planteo del legislador opositor Gustavo Olmos, que habló de posibles “nuevos cincuentones” aunque la coalición –debido a que había un acuerdo de no tocar este “pilar” de la reforma– no propuso modificaciones.
Ese acuerdo se mantuvo hasta que Cabildo Abierto condicionó su voto a bajar a 20 los mejores años para el cálculo del sueldo básico jubilatorio, en lugar de los 25 que instalaba el proyecto. El planteo había sido realizado cuando se discutió el anteproyecto y luego al iniciar la discusión en Diputados.
La decisión de Lacalle Pou de aceptar esa condición, hizo que los colorados plantearan que entonces era posible hacer cambios en los pilares, y este martes propusieron echarle “un poco más de agua a la leche” –en palabras del presidente–.
L. Carreño
Los colorados exigieron modificaciones para votarla
La propuesta fue “corregir” ese salto y que los nacidos en 1973 puedan jubilarse con 61 años (en 2034), los de 1974 con 62 años (en 2036) y así sucesivamente. Con este cambio, que fue aceptado, la reforma pasará a implementarse de forma completa dos años después (en 2042), dado que recién ese año cumplirán 65 años los nacidos en 1977.
El rojo de las cuentas
Pero además de modificar un pilar, algo que se creía inamovible, los cálculos del gobierno indican que los cambios alteran –en el largo plazo– la sostenibilidad financiera de la reforma, aunque la magnitud completa aún no se sabe.
Actualmente, el gasto en jubilaciones es de unos US$ 6.000 millones, lo que equivale al 10% del PBI. Si no se hace la reforma, se van a necesitar aproximadamente US$ 400 millones extra en el año 2040, una cifra que crece gradualmente hasta 2070, cuando el gasto extra se estima en US$ 1.800 millones (13% del PBI).
“Esto muestra que tenemos que actuar ahora porque el gasto crece cada vez más y se va a volver incontrolable. Tanto, que no habrá recursos para otras cosas o se tendrá que aumentar impuestos”, dice un documento interno del gobierno enviado a los líderes políticos meses atrás.
Diego Battiste
El corredactor de la reforma es Rodolfo Saldain
Saldain dijo a El Observador que con la reforma inicial se bajaba de 13 a 9,7 los puntos del PBI que el Estado gastará en jubilaciones en el “período de máxima incidencia” (sobre 2070). Ahora, con los cambios, el gasto se elevará a 10%, por lo que el porcentaje destinado será el mismo que actualmente.
Los cálculos contemplan los pedidos de Cabildo Abierto, ya que en el gobierno aún están sumando la incidencia de las propuestas del Partido Colorado.
La corrección del salto de los “nuevos cincuentones” será transitoria (solo se aplicará entre 2034 y 2042) y su costo fue estimado inicialmente en US$ 50 millones.
A su vez, deberá incorporarse la magnitud de la rebaja del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS), que tendrá efecto inmediato, ya que la idea es que comience a regir en 2024 y que tendrá otra reducción en 2025. Según los cálculos de los colorados, este cambio tendrá un impacto en la recaudación de unos US$ 47 millones a partir de 2025 (en 2024 serán US$ 23.5 millones).
Por último, también deben sumarse otros cálculos difíciles de realizar, como el efecto que tendrá habilitar a que las personas puedan jubilarse a los 63 años con 38 de aportes y a los 64 con 35 de aportes.
Más agua
Lacalle Pou también aceptó desglosar el capítulo que refiere a las inversiones de las AFAP’s en el exterior, algo pedido por Cabildo Abierto, que entiende que el riesgo que asumen al poder comprar algunos bonos en el extranjero es demasiado grande.
La idea es rechazada por los otros partidos, el equipo económico y las AFAP’s, ya que consideran que diversificar la cartera –y asumir mayores riesgos– es necesario para que tenga sentido el nuevo subfondo que crea la reforma.
También hubo cambios que facultan al Poder Ejecutivo a otorgar al personal militar combatiente y de comando una bonificación de siete años por cada cinco de servicio efectivo. Es decir que por cada cinco trabajados pueden computársele siete para la jubilación, lo que implica un suplemento de 40%.
