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Alertan de que la ley de cincuentones duplica cifra inicial de beneficiarios

Según Anafap, alcanzaría a 80.000 personas con un costo mínimo de US$ 4.000 millones

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05 de octubre de 2017 a las 05:00

El gobierno no ha dado detalles precisos sobre el impacto que tendrá en las cuentas públicas la medida que plantea para solucionar el problema de los cincuentones, y esa falta de información se refleja en las sesiones de las comisiones parlamentarias de Diputados que estudian la iniciativa de ley.

Lo que sí está claro es que el alcance del articulado es distinto al que utilizó el Banco de Previsión Social (BPS) el año pasado para estimar los costos, y comprende a un universo de trabajadores más amplio que podría cambiarse al régimen de transición y desafiliarse de las AFAP.

En diálogo con El Observador, el presidente de la Asociación Nacional de AFAP (Anafap), Sebastián Peaguda, indicó que hay entre 70 mil y 80 mil personas dentro de ese colectivo. Este escenario supondría un costo que no bajaría de US$ 4.000 millones en un horizonte de 20 años, según las proyecciones.

Peaguda explicó que el colectivo de personas que podrán optar por salir del sistema mixto se ha ampliado significativamente y no comprende solo a los afectados por la reforma de 1996 (los llamados cincuentones).

"Hay otros colectivos acá adentro a los que les puede llegar a servir hacer un cambio entre un sistema y el otro. (...) Por ejemplo, quien aporta a dos cajas dentro del BPS va a tener una causal con una jubilación en transición muy superior a la que obtendrá en el sistema mixto, que tiene un sistema de reconocimiento diferente, habiendo aportado lo mismo", dijo el martes en las Comisiones de Seguridad Social y Hacienda de Diputados.

En una línea similar, el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Ariel Davrieux, advirtió la semana pasada en el Parlamento que la solución podría tener para el Estado un costo aproximado a los US$ 4.100 millones. Hasta ahora la información del BPS en conocimiento de los legisladores fue un cálculo hecho en 2016, que estimaba un costo máximo de US$ 2.100 millones para 44 mil posibles beneficiarios del nuevo régimen.

El proyecto de ley abarca a todas las personas que tenían 50 años o más al 1º de abril de 2016, quienes podrán elegir si quieren desafiliarse del régimen de AFAP, aportar solo por el BPS y luego cobrar una jubilación única del organismo estatal.

En ese sentido, Davrieux se preguntó qué sucederá con los cuarentones o con la gente que ya tiene 51 años, pero que como nacieron después de abril no están incluidos. Según afirmó, en seis o siete años cuando se aproxime la edad de jubilación van a decir: "¿a aquellos los contemplaron y a nosotros no? (...) Si pasan a este régimen, el costo ya no va a ser US$ 4.000 millones; pueden ser US$ 7.000 millones", afirmó en la oportunidad.

Davrieux dijo que es importante tratar de cumplir con el compromiso asumido por el presidente Tabaré Vázquez para mejorar la situación de los cincuentones, pero advirtió que "no tiene que ser una solución potencialmente cara, imposible de pagar y que, además, ponga en dificultad la credibilidad financiera del país".

"En este articulado se empiezan a sumar casos que no son los de los cincuentones que salieron con las pancartas originalmente. Y el problema es que genera un aumento de costos mucho más rápido de lo previsto", afirmó Peaguda.

Por su parte, las últimas proyecciones realizadas por República AFAP muestran que el número de afiliados a esa administradora a los que podría resultarle beneficioso pasarse al régimen de transición aumentó de 30.000 a 44.230 afiliados. Eso tendría un costo neto de US$ 3.000 millones, según informaron sus representantes el martes en el Parlamento. Originalmente, las proyecciones se habían realizado para las personas de entre 51 y 59 años, los cincuentones pero finalmente el proyecto de ley contempló a todos los trabajadores mayores de 50 años al 1º de abril de 2016.

En tanto, el economista Hugo Bai, del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, mencionó otras estimaciones realizadas por el BPS, que según dijo manejan aproximadamente a unos 50 mil beneficiarios. Si se diera ese escenario, implicaría un costo anual del proyecto de US$ 54 millones, y recién a partir de 2030 pasaría a ser deficitario. Bai dijo que, aunque el proyecto tiene costo, "no parece sensato afirmar que pueda poner en dificultad la credibilidad financiera del país".

"Para tener una idea de la magnitud del proyecto, a veces conviene compararlo con otras cosas. Por ejemplo, hoy tenemos un déficit en la caja militar que, por lo que ha mencionado el Poder Ejecutivo, ronda los US$ 400 millones al año. Acá estamos hablando de un proyecto que tendría un costo de US$ 54 millones al año y que representa siete veces y medio menos que el costo que hoy tiene pagar las prestaciones de la caja militar", señaló.

También mencionó que cuando se habla del costo global del proyecto "se debería tener en cuenta" el déficit que enfrenta hoy el Banco de Seguros del Estado para pagar las jubilaciones por el régimen de ahorro individual. "Hoy, las jubilaciones que se pagan, las rentas vitalicias que paga el Banco de Seguros del Estado por el régimen AFAP, las paga a pérdida. Entonces, si estos cincuentones perjudicados se jubilaran por el sistema mixto y, por lo tanto, cobraran una renta vitalicia, se estaría pagando a pérdida", dijo.

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