Centrales sindicales de Uruguay y Argentina plantearán una defensa del derecho de huelga en la próxima conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dentro del organismo se debate hace más de una década sobre ese derecho que ahora tendrá una reivindicación más enérgica desde la representación de trabajadores.
La semana pasada se efectuó en Montevideo una reunión de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA) y contó con la participación de dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina y del PIT-CNT por Uruguay. Allí hubo una síntesis: la necesidad de realizar una defensa más férrea sobre la huelga.
En el reclamo se conjugan dos escenarios. Uno se remonta a la creación de la OIT y su normativa; otro es puntual y responde a realidades políticas regionales.
Dentro del organismo se arrastra una discusión desde principios de la década pasada cuando la Organización Internacional de Empleadores (OIE) planteó que el derecho de huelga no figuraba -a título expreso- en el acta constitutiva o declaraciones de la OIT.
La representación de trabajadores expuso entonces que si bien no estaba expresada de tal manera en documentos, sí formaba parte de la Declaración de Filadelfia de 1944 que es la actual carta de constitución de la organización. También afirmó que el derecho de huelga constaba como uno de los pilares del convenio 87 de 1948 sobre libertad sindical y derecho a organizarse.
Inés Guimaraens
El integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y secretario general de AEBU, Fernando Gambera, explicó a El Observador que años más tarde el Comité de Expertos de la OIT marcó con claridad que el derecho de huelga estaba implícito dentro de la libertad sindical.
En noviembre de 2023 cambió la constitución del Consejo de Administración (órgano de decisión política) del organismo internacional y por una mínima mayoría se acordó remitir los antecedentes al tribunal de La Haya. Allí se deberá laudar si el derecho de huelga está debidamente explicitado por la OIT.
Pero más allá de lo que se dirima en La Haya, la representación de trabajadores quiere marcar su postura clara al respecto. “Vamos a Ginebra con la defensa del derecho de huelga”, afirmó Gambera.
La posición será defendida por la Confederación Sindical Internacional (CSI) que tomará las reivindicaciones de la CSA y de organizaciones de otros continentes. En las conferencias anuales participan delegaciones gubernamentales de los países que integran la OIT y las representaciones de empleadores y de trabajadores.
La definición que se debe tomar en Europa cobra más fuerza cuando la dirigencia regional mira hacia sus países. Uno de los aspectos que pesa es el cambio de rumbo en Argentina. En el encuentro de la semana pasada, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, indicó que el actual gobierno ataca la acción sindical y el sostenimiento de las organizaciones.
Gambera dijo que la situación de Argentina será una prioridad dentro de las reivindicaciones que planteará la CSA en la 112ª Conferencia Internacional del Trabajo que se realizará en Ginebra (Suiza) en junio.
Inés Guimaraens
Desde el lado uruguayo se sostiene que es fundamental que el derecho de huelga quede claramente establecido en la OIT. Para la dirigencia sindical eso evitaría las dilatorias del sector empleador a la hora de dar determinadas discusiones con la excusa de que no está contemplado.
También contribuiría a que el organismo pueda intervenir en diferendos internos de los países miembros y evitar así mayores inconvenientes.
Además se mantiene una vieja aspiración de la central sindical: que la ocupación sea reconocida como una extensión del derecho de huelga. “Siempre lo hemos definido así y eso lo seguimos manteniendo. El debate en la OIT es más básico: si tenés derecho a la huelga o no. Y no parece ser un tema que esté en duda”, señaló Gambera.
El Comité de Libertad Sindical de la OIT indicó que las ocupaciones solo deberían estar permitidas si se desarrollan pacíficamente y garantizan la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa a ingresar en locales de su propiedad. Así también quedó establecido en el artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración (LUC) de 2020. El texto menciona que el Estado garantizará el ejercicio pacífico de la huelga, mientras tanto se respeten los otros derechos.
El Frente Amplio promovió un referéndum para derogar la LUC que finalmente no prosperó. En su programa para el próximo gobierno no refiere a la huelga, pero sí resalta la importancia del derecho a la sindicalización.
