Nacional > INFORME 2022-2023
El caso Astesiano emite "señales preocupantes de una crisis institucional", dice Amnistía Internacional
La organización Amnistía Internacional advirtió que en Uruguay existen "unas condiciones penitenciarias inhumanas" causadas por unas "cifras de encarcelamiento sin precedentes", en su nuevo informe sobre la situación humanitaria de 156 países en 2022 y 2023.
"Las ya duras condiciones de reclusión empeoraron durante el año", aseveró Amnistía en su informe. "El sistema penitenciario adolecía de un grave hacinamiento, y el número de personas recluidas ascendía al 120% de la capacidad prevista", agregó.
La organización citó al comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, quien declaró que "la población de las cárceles aumentaba de forma constante, y al concluir el año (2022) alcanzaba la cifra de 14.497 personas". Dentro de este número, la cantidad de mujeres en prisión "siguió creciendo hasta alcanzar las 1.034".
Según Petit, "Uruguay presentaba en 2022 la mayor tasa de encarcelamiento per cápita de América del Sur", con 411 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes.
A todo esto Amnistía añadió que se registraron 42 muertes en las distintas cárceles del Uruguay, 13 de ellas por causas no violentas "en el contexto de unas condiciones de enorme insalubridad y hacinamiento".
Los problemas del caso Astesiano
El organismo internacional también mencionó al caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano y los descubrimientos que se realizaron en el marco de la investigación en su contra.
"A partir de la acusación formal del jefe de seguridad del presidente por falsificación de pasaportes, salieron a la luz presuntos actos de espionaje contra dos senadores de la oposición, casos de vigilancia ilegal de civiles, así como supuestos actos de corrupción policial".
Para la organización, todas estas situaciones "constituían señales preocupantes de una crisis institucional", relató Amnistía.
Libertad de expresión
Amnistía puntualizó que Uruguay "descendió 26 puestos en el ranking de Reporteros sin Fronteras sobre la libertad de expresión", en el que pasó del puesto 18 al 44.
Ese informe de 2022 que mencionó la organización reportó "51 casos de amenazas a periodistas" y al menos dos periodistas que "se enfrentaban a acciones judiciales por el contenido de sus investigaciones".
"Personas que ocupaban cargos públicos, ministros y ministras, y miembros del Senado siguieron utilizando lenguaje estigmatizante con respecto a periodistas y medios de comunicación", lamentó Amnistía.
Detenidos desaparecidos
La organización recordó que "un total de 14 miembros del ejército y la policía, retirados o en actividad, fueron declarados culpables de tortura, secuestro y asesinato cometidos" durante la última dictadura cívico militar.
Sin embargo, desde el movimiento criticaron que "las autoridades no realizaron avances sustanciales en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada de ese periodo", debido a que "no se hallaron nuevas pruebas en las excavaciones y las personas sospechosas de responsabilidad penal no aportaron nuevos datos".
También enfatizaron en que si se aprueba el proyecto de arresto domiciliario para mayores de 65 años, impulsado por Cabildo Abierto, la medida podría beneficiar a 20 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad.
"Preocupaba el hecho de que el proyecto de ley sirviera de indulto para quienes habían sido declarados culpables de crímenes de derecho internacional durante el régimen militar".
Mujeres
"El número de femicidios aumentó en 2022: se registraron 24 casos, y al menos 8 niñas y niños murieron en incidentes relacionados con la violencia de género, femicidios en su mayoría", publicó Amnistía en su informe.
También denunció que no han aportado los recursos necesarios "para la creación de los juzgados multimateria".
Por otra parte, el movimiento internacional también criticó que no hubo "avances significativos" en la política contra los embarazos de mujeres menores de 15 años.
Amnistía se enfocó en que "la implementación de los programas de educación sexual integral no tenía carácter obligatorio", y que "no estaba previsto modificar los currículos de los centros de enseñanza primaria o secundaria" para incluir este punto.
"108 niñas y adolescentes menores de 15 años habían quedado embarazadas en 2021, de las cuales 50 dieron a luz y 58 abortaron. La violencia y los abusos sexuales eran las causas de la mayoría de esos embarazos", afirmó la organización citando información de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
