Un nuevo informe de Amnistía Internacional muestra que los trabajadores sanitarios y los activistas que defienden el acceso al aborto en el mundo siguen enfrentándose a ataques, posturas intolerantes y amenazas. Si bien en años anteriores se observaron mejoras en los estándares de Derechos Humanos, legislaciones progresistas y el acceso al aborto con medicamentos, muchas mujeres y niñas todavía enfrentan obstáculos insuperables al buscar servicios de interrupción del embarazo.
El aborto “sigue siendo penalizado y fuertemente regulado en la mayoría de los países”, según el informe. Esto afecta desproporcionadamente a las mujeres pobres y de clase trabajadora, así como a quienes residen en áreas remotas donde la atención médica es menos accesible. Independientemente de si el aborto está penalizado o no, un activista entrevistado para el informe enfatizó: “Las mujeres que tienen dinero pueden obtener servicios de aborto, las mujeres sin dinero mueren”.
En este contexto, los activistas que apoyan a las mujeres para que accedan a servicios de aborto seguro desempeñan un papel crucial en la defensa del derecho de las mujeres a la salud. Sin embargo, muchos de ellos están expuestos a diversas formas de violencia y amenazas debido a su trabajo. Desde Estados Unidos hasta Nigeria, los activistas deben contrarrestar las campañas de desinformación, la reducción del espacio para su trabajo, los ataques selectivos y la intolerancia social.
Entre ellos, los trabajadores de la salud que practican abortos en entornos donde está fuertemente regulado o prohibido corren un riesgo especial. Según datos citados en el informe, más del 28% de los trabajadores de la salud que abogaban por una mejor atención del aborto enfrentaron violencia o amenazas contra ellos mismos o sus familias. Lo mismo ocurrió con más del 20% de los trabajadores sanitarios con un perfil similar en Asia y América del Norte.
Todos los trabajadores de la salud, desde ginecólogos hasta parteras, están expuestos a diferentes formas de abuso si participan en la promoción del aborto seguro, a pesar de que este tipo de atención cae formalmente dentro de su competencia.
Sally Pairman, directora ejecutiva de la Confederación Internacional de Parteras, afirmó durante el anuncio del informe: “El deber de cuidado de una partera incluye apoyar el acceso a la atención del aborto y defender el derecho de las mujeres a tomar decisiones libremente sobre su salud reproductiva”.
Sarah Shaw, jefa de defensa de MSI Reproductive Choices, destacó: “Para muchos proveedores de salud sexual y reproductiva, este acoso y abuso se convirtió en parte del trabajo, pero no podemos permitir que esto se convierta en la nueva normalidad”.
(Con información de Amnistía Internacional y agencias)
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