Amnistía Internacional denunció un “asombroso espectáculo de hipocresía y doble moral"

La guerra entre Rusia y Ucrania dejó al desnudo "la hipocresía de los Estados occidentales" que condenaron a Moscú, pero "consienten violaciones graves a los Derechos Humanos en otros lugares" del mundo, denunció Amnistía Internacional (AI) en su Informe Anual 2022, texto que califica las respuestas de los Estados en la materia como “selectivas e interesadas”.

El reporte señala que durante el año pasado "los planteamientos incoherentes también tuvieron claras consecuencias en los derechos de las mujeres", por lo que la ONG con sede en Londres enfatizó la necesidad de "garantizar la plena financiación de los mecanismos de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), de manera que se pueda investigar, hacer rendir cuentas e impartir justicia".

El reporte, que analiza la situación en 156 países, advierte que, aunque el aniversario 75º de la Declaración Universal de Derechos Humanos "debería marcar el rumbo de los Estados hacia un reconocimiento de que todas las personas tienen derechos y libertades fundamentales", los gobiernos "dieron la espalda a las mujeres, a las personas refugiadas y a otros grupos históricamente vulnerados".

"La invasión rusa a Ucrania es un ejemplo espeluznante de lo que sucede cuando los Estados creen que pueden incumplir el derecho internacional y violar los Derechos Humanos sin pagar sus consecuencias", manifestó la secretaria general de AI, Agnès Callamard, quien evaluó que el conflicto bélico entre Moscú y Kiev "alteró más un sistema multilateral, ya de por sí debilitado".

Para la organización, las sanciones a Moscú, las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) y la condena de la ONU "contrastan con la respuesta que se dio a episodios anteriores de violaciones de Derechos Humanos masivas cometidas por Rusia y otros países, así como con la lamentable respuesta que se está dando a conflictos como los de Etiopía y Myanmar".

"Este doble estándar de Occidente envalentonó a países como China, y permite a Egipto y Arabia Saudita eludir, ignorar y desviar las críticas que se les hicieron sobre sus respectivos historiales", señala el documento.

Con relación a Egipto, la ONG agregó que “miles de defensores de Derechos Humanos, periodistas, manifestantes y presuntos disidentes permanecen entre rejas y la tortura sigue practicándose de manera generalizada". Esta respuesta contrastaría así con la reacción ante otras situaciones, como en Arabia Saudita, país en donde “la gente es encarcelada por su opinión en juicios manifiestamente injustos" y “en el que se condenó a muerte a 81 hombres en un día”.

"Si la guerra deja algo claro para el futuro del mundo es la importancia de contar con un orden internacional basado en unas normas que se apliquen de manera efectiva y coherente. Todos los Estados deben intensificar sus esfuerzos para contar con un orden basado en reglas y renovado, que beneficie a todas las personas en todas partes", subrayó Callamard durante la presentación del documento.

El texto advierte sobre el hecho de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU designó a un relator especial sobre la situación en Rusia y estableció un mecanismo de investigación sobre Irán, pero votó no seguir investigando "ni debatiendo siquiera" sus propias conclusiones sobre posibles crímenes de lesa humanidad en la provincia china de Xinjiang, y suspendió una resolución sobre la situación en Filipinas.

"Los países aplicaron los Derechos Humanos dependiendo del caso, en un asombroso espectáculo de hipocresía y doble moral", argumentó AI, al tiempo que reclamó a "los Estados que hasta ahora no alzaron la voz" que "tomen cartas en el asunto y se posicionen en contra de los abusos, dondequiera que se cometan".

Sobre Rusia, AI alertó que en 2022 el gobierno "denunció judicialmente a disidentes y clausuró medios de comunicación por el mero hecho de mencionar la guerra" en Ucrania. Por otra parte, la organización lamentó que las autoridades iraníes respondieran “al levantamiento sin precedentes contra decenios de represión empleando un uso ilegítimo de la fuerza que causó centenares de muertes, entre ellas las de decenas de menores".

AI también denunció la situación en Perú. En este caso, el documento señala que las fuerzas de seguridad también "emplearon un uso ilegítimo de la fuerza, que derivó en violaciones a los Derechos Humanos, en especial contra la población indígena y campesina" ante las protestas por la crisis generada luego de la destitución de Pedro Castillo de la presidencia.

Respecto de Venezuela, los relatores de la organización recogen las denuncias del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (COFAVIC), entidad que reportó que las fuerzas de seguridad "efectuaron entre enero y septiembre del año pasado 488 presuntas ejecuciones extrajudiciales". También se hace eco de los informes de la misión de la ONU, que "destacan la manipulación del sistema judicial para proteger a policías y militares, e identifican a las cadenas de mando que vinculaban a los presuntos autores con el gobierno de Nicolás Maduro".

El relevamiento sobre la situación a nivel mundial dedica un apartado especial a las mujeres. Sobre este punto, el documento indica que "la represión de la disidencia y los planteamientos incoherentes en materia de Derechos Humanos también tuvieron claras consecuencias en los derechos" del colectivo.

El informe, por ejemplo, alerta sobre la violencia contra las mujeres en México, país en donde se registraron durante 2022 “cientos de feminicidios facilitados por la impunidad", al tiempo que enfatiza sobre la discriminación que sufren las refugiadas venezolanas en Colombia, Ecuador y Perú.

El informe destaca que, durante el año pasado, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló la garantía constitucional del derecho al aborto, que en Polonia se enjuició a activistas por ayudar a mujeres a conseguir píldoras abortivas y que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo "sigue estando penalizando en cinco países" de América, como en el caso de El Salvador.

En Afganistán, además, la organización recordó que “se constató un deterioro particularmente notorio en los derechos de las mujeres y las niñas a la educación, el trabajo y el acceso a los espacios públicos”, y que en Irán la "policía de la moral" detuvo violentamente a Mahsa Amini, quien murió bajo su custodia, lo que desencadenó protestas "en las que resultaron heridas, detenidas o muertas muchas mujeres y niñas".

Callamard denunció además que en Israel y en los "territorios palestinos ocupados, el sistema de apartheid se vio consolidado", y que "los sucesivos gobiernos israelíes tomaron medidas que obligaron a más palestinos a abandonar sus hogares y ampliaron los asentamientos ilegales". Sobre el tema, la secretaria general de AI apuntó que “en lugar de exigir el fin de ese sistema de opresión, muchos gobiernos occidentales optaron por atacar a quienes denunciaban el sistema de apartheid".

El informe también se lamenta sobre el doble estándar internacional en la cuestión de los refugiados. "Las puertas de la Unión Europea abiertas a los ucranianos que huían de la agresión rusa permanecieron cerradas para quienes escapaban de la guerra y la represión en Afganistán y Siria", puntualiza el documento.

El informe también denuncia un doble estándar por parte de los Estados Unidos, que acogió a decenas de miles ucranianos, mientras que entre septiembre de 2021 y mayo de 2022 "expulsó a más de 25.000 haitianos", tras someter a "muchos de ellos a torturas y otros malos tratos".

Ya en términos generales, los relatores de la organización señalan que los ejemplos incluidos en el informe “no hicieron sino confirmar al resto del mundo que el apoyo de Occidente a los Derechos Humanos es selectivo e interesado".

Como una forma de cambiar la situación, AI consideró “esencial fortalecer las instituciones y los sistemas internacionales que deben proteger derechos en lugar debilitarlos”, y evaluó que "la primera medida es garantizar la plena financiación de los mecanismos de Derechos Humanos de la ONU, de manera que puedan investigar, hacer rendir cuentas e impartir justicia".

El informe, además, propone una reforma en "el principal órgano de toma de decisiones de la ONU, el Consejo de Seguridad, a fin de dar voz a todos los países y a todas las situaciones que fueron tradicionalmente ignoradas, especialmente en el sur global".

A modo de conclusión, el documento finaliza señalando que los "intereses individuales" de los miembros de las instituciones globales y regionales impidieron responder "adecuadamente" a las violaciones a los Derechos Humanos, pero también a los conflictos donde miles de personas pierden la vida, como en Etiopía, Birmania y Yemen.