ANII, exoneración a Alfie y almuerzo en Cancillería: las tres decisiones que revirtió el gobierno en una semana

En los albores del segundo año del período, el gobierno volvió esta semana a recurrir a la marcha atrás, y lo hizo en tres oportunidades con muy pocos días de diferencia. 

La primera involucró a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), a partir del ajuste previsto en su Plan Operativo Anual (POA) para 2021, que contemplaba una caída de 37,7% en los montos a ejecutar para investigación respecto a lo disponible en 2019, una baja de 25,3% en lo destinado a innovación, y otro 23,2% en becas y recursos humanos. 

Luego de que varios científicos –entre ellos el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, y el virólogo Gonzalo Moratorio– criticaran el recorte, el ministro de Educación Pablo Da Silveira instruyó al directorio de la ANII a que "vuelvan a abrir el presupuesto para encontrar nuevas oportunidades de financiamiento de actividades que en este momento no tienen financiamiento asegurado".

"Esperamos en pocos días hacer anuncios de nuevas medidas de trabajo que van a ser financiadas”, dijo Da Silveira el jueves 4 de marzo, día en el que se reunió con Radi para transmitirle el "compromiso" del gobierno con la ciencia, y horas después de que el presidente Lacalle Pou dijera a Telemundo que era posible "corregir" la situación. 

La segunda marcha atrás en pocos días tuvo de protagonista al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, quien renunció a una exoneración impositiva otorgada a su estudio por parte del Ministerio de Economía (MEF), luego de que el hecho tomara estado público. 

El viernes 5 se conoció una resolución del MEF, fechada el 11 de febrero, en la que se hacía lugar a la solicitud de la empresa Isaac Alfie Stochek para recibir ciertos beneficios en el marco de la ley de Promoción de Inversiones. Horas después de que se divulgara la resolución, y tras una conversación con Lacalle Pou, Alfie comunicó que renunciaría a esos beneficios.

"De común acuerdo con el presidente de la República he decidido renunciar a los beneficios tributarios", dijo Alfie a El Observador.

Sobre la resolución del MEF, Alfie dijo que "entre mediados y fines de 2019" realizó una inversión en su estudio profesional y "en diciembre de ese año, dentro de la ley y al amparo de un decreto del año 2007, como es usual y cualquiera puede hacerlo", presentó el proyecto para obtener los beneficios generales de la ley. "Resoluciones similares son comunes y se enmarcan dentro de las normas que nos rigen. La aprobación de parte de la comisión asesora llega cuando ejerzo un cargo político", afirmó.

Este lunes por la mañana, consultado al respecto, Lacalle Pou defendió la legalidad de la resolución y dijo que no se trató de una situación reñida con la ética, aunque sí "inconveniente". Consultado acerca de por qué la renuncia a la exoneración ocurrió una vez que el asunto tomó estado público, un mes después de dictada la resolución, el mandatario respondió que ese podía ser "un cuestionamiento", pero que él se enteró ese mismo viernes. "Cuando yo tomo conocimiento, hablamos y llegamos a este acuerdo", remarcó.

El lunes por la tarde, apenas horas después de que Lacalle Pou defendiera a Alfie, desde el Frente Amplio se empezó a cuestionar el gasto de $ 33 mil realizado por Cancillería en un almuerzo de 11 personas junto a la cúpula del Ministerio de Economía. 

En el marco de una reunión para coordinar políticas de inserción internacional, Cancillería contrató el servicio del restaurante La Corte, que incluía milanesas con puré, además de agua, refrescos, vino y postres. También se dispuso un gasto de $ 2.440 para arreglos florales y $ 3.019 en alquiler de manteles.

La resolución por la cual se habilitaba el pago del almuerzo estaba publicada hasta este lunes en el portal de la Agencia Reguladora de Compras Estatales. Sin embargo, luego de que surgieran críticas por parte de dirigentes frenteamplistas, el Departamento de Compras del ministerio sustituyó esa resolución por otro documento en el que se dejó "sin efecto el procedimiento". 

Fuentes de Cancillería indicaron a El Observador que Bustillo pidió al director técnico administrativo que cancelara la compra pública, y dijo que asumiría el pago de su propio bolsillo. 

En una carta dirigida al director general para Asuntos Técnico Administrativos, Hugo Caussade, y a la que accedió El Observador, Bustillo argumentó que la imputación del gasto a Cancillería fue un "error", y señaló que "oportunamente" había pedido que se le remitiesen a él las facturas. "En el día de la fecha y en razón de la noticia periodística, tomo conocimiento para mi sorpresa que por error el citado almuerzo se imputó como gasto de protocolo, siendo que el suscripto indicó oportunamente que se le remitiesen las facturas por tratarse de un almuerzo de trabajo y no protocolar, por lo que no corresponde imputarlo al erario público", escribió.

"Entiendo al respecto que aún no se recepcionaron dichas facturas, estando a la espera de las mismas para hacerlas efectivas de mi propio peculio (...) "A los efectos de efectivizar el mismo en forma inmediata solicito tenga a bien instrumentar el procedimiento que corresponda", agregó el jerarca.