Argentina endurece su postura negociadora e insinúa una quita de la deuda con el FMI

Los días previos a la asunción de Alberto Fernández se hablaba de una “solución” a la uruguaya, en referencia a la negociación que en 2003 encaró el gobierno de Jorge Batlle y que implicó una reestructuración de la deuda sin efectuar quitas de capital, y donde el factor fundamental fue la obtención de mayores plazos de pago.

Pero hoy ya nadie le asigna ninguna chance de ocurrencia a ese tipo de fórmulas. El discurso del ministro Martín Guzmán se fue endureciendo de a poco, con insinuaciones de que las condiciones de reestructuración serían más duras de lo pensado, porque lo primordial es garantizar la “sostenibilidad” de la deuda.

No explicó con detalle qué es lo que haría sostenible el nuevo cronograma de pagos, pero los mercados empezaron a hacerse una idea cuando, en su reciente exposición ante el Congreso, admitió que la política fiscal será más progresiva de lo previsto. El ministro dijo que recién para  2023 –es decir, el último año de la gestión de Alberto Fernández–se prevé llegar a un equilibrio primario en materia fiscal.

Esto fue interpretado como un aviso de que habrá menos recursos para pagarle a los acreedores. Y el mercado reaccionó en consecuencia: con un nuevo desplome de los bonos y la consecuente suba en el índice de riesgo país, que ya se ubica en torno a los 2.100 puntos.

El día anterior a su comparecencia en el Congreso, Guzmán ya había provocado un shock en el mercado al anunciar un “reperfilamiento” de un bono por 100.000 millones de pesos –unos US$ 1.500 millones al tipo de cambio oficial–.

Como es potestad del gobierno posponer un pago en pesos de un título emitido bajo legislación argentina, nadie lo llamó “default”, pero la sensación de una actitud hostil quedó instalada. Desde el gobierno se quiso destacar la responsabilidad del ministro de no permitir que el bono se pagara por la vía de la emisión pura a cargo del Banco Central, lo cual habría implicado convalidar una expansión monetaria con fuerte riesgo inflacionario.

Pero los acreedores –que desde hace meses vienen reclamando, sin éxito, que los convoquen para dialogar– no parecieron valorar ese gesto. Más bien al contrario, lo entendieron como un endurecimiento en la postura oficial.

De hecho, toda la saga fue un intercambio de golpes. Primero, el gobierno propuso un canje –voluntario, naturalmente– para patear hacia adelante el vencimiento del bono, pero el nivel de aceptación fue bajísimo, menor al 10%. El argumento de los acreedores era que se les proponía un negocio ruinoso, al dejar un título que se indexaba por el valor del dólar, y tomar otro pesificado.

Luego del fracaso del canje, propuso una licitación para un nuevo bono. En este caso, a diferencia del canje, se puede presentar cualquier inversor, sin que la emisión esté limitada sólo a los tenedores de títulos anteriores. Pero la respuesta volvió a ser un “no” rotundo.
La reacción de Guzmán fue agresiva. Emitió un comunicado plagado de retórica política, con párrafos como este: “Este gobierno no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales, ni va a favorecer la especulación por sobre el bienestar de la gente”.

Los nuevos villanos del relato oficial son los grandes fondos de inversión, como Fidelity, Blackrock y Templeton, que compraron títulos de deuda argentina durante la gestión de Mauricio Macri y no muestran una actitud colaborativa a los ojos de Alberto Fernández.
El gobierno los “acusó” de pretender mantener sus condiciones originales de cobro a pesar de la crisis en que se encuentra Argentina y aún con la evidencia de que la deuda resulta impagable. La cuestión es que, ante la falta de respuesta de los acreedores, Guzmán decidió unilateralmente posponer el pago del bono hasta septiembre. Se presume que para esa fecha ya se habrán negociado los próximos vencimientos, que solo para este año superan los US$ 30.000 millones. 

Se “cristiniza” la negociación

A esa altura, el ánimo de los inversores ya era decididamente de enojo. La prueba estuvo en un nuevo desplome de las cotizaciones. Y hasta surgieron especulaciones en el sentido de si el gobierno no estaría buscando ese efecto adrede, por considerar que cuanto más baja fuera la cotización en el mercado secundario, mayor sería su posibilidad de conseguir una fuerte quita de capital.

En todo caso, se trata de una estrategia riesgosa, porque a pesar de lo complejo de la situación, todavía no se ha hecho presente un contrincante de fuste que espera agazapado: los célebres “fondos buitre”.

Este tipo de inversores, que se caracterizan por comprar bonos a precios extremadamente bajos y luego litigar con dureza en las sedes judiciales sin aceptar ninguna propuesta de canje, ya le ganaron a Argentina en los juzgados de Nueva York luego del default de 2001. Aún no entraron en esta negociación, porque el precio de los bonos argentinos –alrededor de un 50%– del valor nominal, todavía no es lo suficientemente bajo como para que entre en sus prospectos de negocio. Pero el riesgo está, y complicaría mucho a la hora de conseguir mayorías de acreedores para aceptar una reestructuración.

Lo cierto es que tanto en la City porteña como en Wall Street se escuchan quejas por la agresividad y el “poco profesionalismo” de los funcionarios argentinos, que se escudan en el secretismo y en la retórica política. Y se cristaliza la idea de que Guzmán propondrá una fuerte quita de capital, en línea con la advertencia que hizo su mentor, el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, en el reciente Foro económico de Davos.
Pero todavía faltaba la frutilla de la torta. Porque si había una fortaleza en la dura postura argentina, era que existía una especie de aval implícito del FMI. Después de la exitosa gira de Alberto Fernández por Europa, y tras el encuentro de Guzmán con Kristalina Georgieva –que escuchó al Papa Francisco alerta sobre la necesidad de que las deudas no sean pagadas con el sacrificio de los más pobres–, parecía que había un respaldo del “establishment” internacional para una negociación dura.

De hecho, hasta se especulaba con que el principal interesado en que los acreedores privados sufrieran una fuerte quita de capital era el propio FMI, porque de esa manera se incrementaban las chances de poder cobrar su propia deuda de  US$ 44.000 millones.

La llegada a Buenos Aires de la nueva misión del FMI –con nuevos funcionarios, porque los que gestionaron el préstamo para Macri fueron castigados– parecía convalidar esa actitud colaborativa. Pero el gobierno también aplicó le “mostró los tapones” al Fondo. Todo empezó con un comentario de Cristina Kirchner, que se encontraba en Cuba presentando su libro y que se preguntó por qué el FMI no podía sufrir quitas de capital.

La ahora vicepresidente dijo que no correspondía el argumento de que el estatuto del Fondo no permitía aprobar quitas, porque el organismo ya había consentido una violación a su propio estatuto al prestarle dinero a Macri con el objetivo de sostener el tipo de cambio –en realidad, la expresión de Cristina fue “para financiar una fuga de capitales”-.

Al día siguiente, el vocero del Fondo, Gerry Rice, le contestó que el FMI nunca había violado su propio estatuto. A lo que Cristina le contestó de inmediato desde su cuenta de Twitter con el mensaje “Los argentinos sabemos leer” y una captura de imagen del estatuto, resaltando el párrafo en el que dice: “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”.

Hasta ese momento, quedaba la duda sobre si la ex mandataria había tomado esa iniciativa a título personal o si su postura era también la del gobierno. Y las dudas se despejaron cuando Alberto Fernández dijo que le parecía “muy pertinente la observación de Cristina”.

“Cuando me vinieron a visitar los del Fondo, y después se reafirmó con un comunicado, yo les marqué cómo habían incumplido normas que prohíben prestar plata para cubrir corridas cambiarias”, agregó el presidente.

Semejantes frases, justo durante la visita de la misión del FMI a Buenos Aires para revisar las cuentas públicas, no dejaron lugar a dos interpretaciones: el gobierno está dispuesto no sólo a pedirle una gran quita de capital a los acreedores privados sino también al propio Fondo, algo inédito en la historia de las negociaciones de deuda.

Lo cierto es que la negociación, que había empezado con tono “market friendly” ya no tienen nada de amistosa y está plagada de gestos hostiles. Ante la versión de que el gobierno quiere que el período de gracia –es decir, sin pagar vencimientos de capital- sea como mínimo de tres años, surgió una contrapropuesta extraoficial: que Argentina muestre su buena voluntad con un pago en efectivo de US$ 10.000 millones.

La negociación todavía no empezó, pero todas las partes ya se muestran los dientes. Y el fantasma del default, que parecía lejano, vuelve a rondar.