El frustrado intento de Alberto Fernández: dar buenas noticias en un marco de tensión social creciente

El gobierno se esfuerza por desmentir los pronósticos de un inevitable ajuste, derivado de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ya el mes próximo enviará su primera misión “de auditoría” para comprobar que se estén cumpliendo las metas pactadas.

El propio Fondo reconoció que la guerra en Ucrania había cambiado en contexto en el que se había firmado el acuerdo, por lo que ya previó que habrá una “recalibración”. Pero, como ya observaron los economistas, el FMI no se está refiriendo a que hará más laxas sus exigencias en los planos monetario y fiscal, sino que el gobierno argentino deberá “recalibrar sus políticas” para llegar a esos objetivos sin caer en incumplimientos.

Ante esa situación que provoca crispación interna con los socios kirchneristas, y ante una ola inflacionaria que no da respiro —se estima que el IPC del primer trimestre acumuló 14%, con el agravante de que el rubro alimentos subió un 19%—, el gobierno intenta dar señales positivas. Hasta ahora, con escaso éxito.

El equipo del presidente Alberto Fernández ya sabía que tendría que pasar una fecha difícil: la del pasado miércoles, cuando se publicó el dato semestral de pobreza e indigencia. Es un indicador que suele provocar un shock, al poner en números la cruda situación social del país.

Pero el gobierno sabía que tenía un mínimo factor en su favor: en comparación con las mediciones anteriores -que cubrían el peor momento de la parálisis económica por la cuarentena contra el covid- habría una mejora.

De forma tal que preparó el terreno con una serie de anuncios positivos sobre la recuperación de la economía. Así, los funcionarios recordaron que en el arranque del año la industria estaba creciendo a un ritmo de 4% interanual, con 18 ramas de actividad sobre 24 que están tomando personal. Esto implicaba la creación de 52 mil nuevos empleos desde 2019 y se destacó que hay rubros, como el despacho de cemento, donde se registran niveles récord.

AFP

Luego se publicó el dato de desempleo, que con 7% tuvo su nivel más bajo en seis años. Y el día previo a la publicación del nuevo dato de pobreza, la plana mayor del gobierno, encabezada por Alberto Fernández, presentó el plan Argentina Productiva 2030. Es un programa con ambiciosas metas de incremento productivo —por ejemplo, aumentar un 120% las exportaciones y crear 100 mil nuevas empresas— cuyo objetivo principal es crear dos millones de empleos y sacar de la pobreza a nueve millones de personas.

Finalmente, el nuevo dato de pobreza -correspondiente al segundo semestre del año pasado- confirmó una leve mejoría: del 40,6% que se había registrado seis meses antes, había bajado a 37,3%. No había mucho para festejar, claro, porque esto implica que hay 17 millones de pobres, de los cuales casi 4 millones son indigentes —es decir, no ganan lo suficiente para comprar una canasta alimenticia básica—.

Sin embargo, se optó por mostrar estos números —la segunda mejora consecutiva— como la confirmación de que se va por el camino correcto. De cumplirse la proyección oficial, al término del mandato de Alberto Fernández el índice de pobreza habrá bajado a un 34%. Un número similar al que había dejado Mauricio Macri a fines de 2019, pero que el gobierno presenta como positivo porque implica que no solamente se superó la crisis de la pandemia —cuando se registró el pico de 42% de pobres— sino que ahora se está en una tendencia a la baja.

¿Ahora empieza lo peor?

El problema de las proyecciones del gobierno es que la mayoría duda de que se esté, efectivamente, en un sendero de mejora de los indicadores sociales. Más bien al contrario, la crítica más escuchada es que ese dato de pobreza será el mejor registro de la gestión Fernández, porque a partir de ahora todo volverá a empeorar.

La argumentación, naturalmente, pasa por la diferencia de velocidades entre la inflación y la evolución salarial. Prácticamente todas las semanas los economistas revisan al alza sus estimaciones de inflación, al punto de que ya se da por sentado que el año terminará con un IPC superior al 60%.

En contraste, el gobierno insiste en que, para las negociaciones salariales, se tome como referencia la cifra de 45%, que es la proyección oficial incluida por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su acuerdo con el FMI.

Y, de hecho, se acaba de anunciar un ajuste del salario mínimo -un indicador que a su vez hace de referencia a los planes de asistencia social- para una mejora escalonada, que mejore ese haber un 45% hasta diciembre.

Las críticas no se hicieron esperar: con el salario mínimo actual, un hogar donde haya dos ingresos está todavía un 9% por debajo del ingreso necesario para pasar la línea de pobreza, calculado oficialmente en 83.807 pesos argentinos —unos US$ 722, al tipo de cambio oficial—.

Y la perspectiva no es halagüeña: tomando un cálculo conservador en el que la canasta básica se encarece al mismo ritmo que el promedio inflacionario, entonces el salario mínimo se irá alejando todavía más de la línea de pobreza. Para diciembre próximo, en un hogar donde se perciban dos salarios mínimos, el ingreso estará 18% de la línea de pobreza, si el gobierno no hace una revisión que trate de compensar la erosión inflacionaria.

Para empeorar esta situación, todavía no se empezó a sentir el impacto de la suba de tarifas públicas, uno de los compromisos asumidos con el FMI, que pide una reducción de los subsidios estatales a la energía. Para el sector de menores ingresos, habrá una primera suba tarifaria inmediata de 23% a partir del mes próximo.

Los nuevos “asalariados pobres”

Pero el dato que más alarmas encendió es que la pobreza sigue siendo alta a pesar de que se registra una mejora en el empleo. Esto dejó al desnudo una situación preocupante: a diferencia de lo que ocurría tradicionalmente, que era que los pobres fueran los desocupados, ahora apareció una nueva categoría de “asalariados pobres”. Son personas que aun habiendo ingresado al mercado formal de trabajo y percibir un sueldo mensual y los beneficios de la seguridad social, no pueden cubrir el presupuesto mínimo para satisfacer sus necesidades básicas.

Esta situación llevó a que desde la propia interna gubernamental, el kirchnerismo reclamara medidas urgentes, como por ejemplo un bono salarial por decreto, que aliviara la situación de los hogares más afectados por los aumentos de alimentos.

El reclamo derivó en un nuevo motivo de pelea interna, dado que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, consideró que el bono no era necesario, dado que el mecanismo de las paritarias -las negociaciones sectoriales para ajustar los salarios- funciona correctamente y cubre al 90% de los trabajadores. Pero el ministro, además, planteó un argumento que irritó más la ya tensa pelea interna: dijo que los salarios le estaban ganando la carrera a los precios.

Como demostración del malestar interno, un colega de Moroni, el ministro del interior, Eduardo De Pedro -que responde al sector de Cristina Kirchner- admitió que había diferencias de criterios y que él estaba a favor de pensar medidas extraordinarias.

Dureza en la negociación con piqueteros

Como ruido de fondo de esa polémica, los miles de piqueteros que acamparon en la principal avenida porteña dejaron en claro que el sistema de asistencia estatal se está quedando corto ante la gravedad de la situación social. El principal plan, denominado Potenciar Trabajo, consistente en medio salario mínimo, alcanza a 1,2 millón de beneficiarios, y los piqueteros piden que se incremente tanto el monto del beneficio como la nómina de los que lo perciben.

El gobierno reaccionó con una inesperada dureza: el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta -afín al presidente Fernández- se negó a dialogar mientras hubiera cortes de calles. Pero, además, adelantó que no está dispuesto a duplicar la cantidad de beneficiarios, como piden las organizaciones piqueteras.

Hay un poderoso motivo fiscal para ello: el plan ya representa un 2% de la recaudación impositiva, y el gobierno se pregunta cómo hará para cumplir el recorte del déficit con el que se comprometió ante el FMI.

Como medida de corto plazo para descomprimir la tensión, se anunció un bono —es decir, un beneficio de única vez— por pesos argentinos 6.000, unos US$ 50 al cambio oficial, para los jubilados de la franja inferior y para los beneficiarios de planes sociales.

Pero, como todos prevén, lejos de ser una solución, esa medida es apenas el capítulo inicial de un año que se pronostica como de alta volatilidad política y social.