Hace un año cuando la casa de Cristina Kirchner se encontraba colmada de militantes tras el alegato del fiscal Diego Lucini quien la acusó de corrupción y asociación ilícita, Fernando Sabag Montiel se inflitró entre la gente, se acercó a la vicepresindenta, sin que la custodia actuara y gatillo sobre su rostro y sin que la bala saliera de la recamara de la Bersa semiautomática calibre 32.
Así aparecía a la luz pública los que después conoceríamos como la banda de Los Copitos, un grupo de marginados profundamente anti K que actuaban especialmente en grupos de Telegram, Whatsapp y redes sociales.
Junto a Sabag Montiel fueron apresados su novia, Brenda Uliarte, como coautora, y Nicolás Carrizo, como partícipe secundario por supuestamente coordinar el atentado, pues de su teléfono móvil habrían salido comunicaciones vinculadas al ataque.
Lo único concreto, que se pudo certificar hasta ahora en la Justicia, es que Los Copitos simulaban ser vendedores de algodón de azúcar antes del ataque, y a quiénes se lo vio en diferentes videos de los días previos al atentado en los alrededores de la casa de Cristina en el barrio de Recoleta o en las marchas de los militantes.
En el fallo de imputación a Los Copitos la jueza federal María Eugenia Capuchetti señaló que hubo "planificación y acuerdo previo de ambos". Agregó que "ambos se complotaron para que el día 1° de setiembre a las 20:00 para atacar en las calles Juncal y Uruguay del barrio Recoleta en Buenos Aires".
Hasta aquí la convivencia entre la querella de la vicepresidenta y de la jueza Capuchetti era normal y sin sobresaltos, los conflictos surgieron cuando se comenzó a impulsar la investigación sobre la autoría intelectual y política del intento de atentado.
Las querellas, liderada por los abogados Juan Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, apuntaron contra un grupo de ultraderacha conocido como Recolución Federal y al diputado Gerardo Milman.
La agrupación de ultraderecha que fue protagonista de varios hechos de violencia política, entre otros al actual candidato Sergio Massa, y se mostró en marchas opositoras con guillotinas y antorcha.
El expediene es investigado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en una causa paralela donde tuvo detenidos, y después liberados, a los principales dirigentes eran su líder, Jonathan Ezequiel Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa.
"Según la actividad constatada en torno a la agrupación autodenominada Revolución Federal, era manifiesta e incluso publicitada la voluntad de perseguir y ejecutar actos de violencia en torno a integrantes del Poder Ejecutivo de la Nación", dice el fallo al que accedió entonces El Observador.
Sin embargo ,hasta el día de hoy, no se pudo demostrar vínculos entre Los Copitos y Revolución Federal y menos aún la relación con el atentado. Lo cierto que los abogados querellantes pidieron hace menos de una semana investigar a Delfina Wagner una panelista de TV de ultraderecha como posible vínculo.
La querella acusa a Wagner de ser el nexo entre Los Copitos y Revolución Federal. En su escrito, presentado el pasado 4 de agosto, afirman que Wagner declaró en un programa de la señal televisiva LN+ que, actualmente, vive en la casa de la vecina de Cristina Kirchner en su departamento de Juncal y Uruguay, Ximena de Tezanos Pinto.
"Delfina Wagner es una activista de ultraderecha con contactos directos con personas vinculadas con esta causa y con personas de la agrupación Revolución Federal", indica la presentación de los abogados de Cristina Kirchner.
El diputado de Junto por el Cambio, Gerardo Milman quedó en medio de la investigación luego que un testigo afirmara haber oído en las inmediaciones del Congreso a dos asesoras del legislador, Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, hicieron mención a un comentario que se lo adjudicó a Milman: “Cuando la maten yo voy a estar en la costa”.
Lo cierto es que se pudo constatar, a través de las cámaras de seguridad, la presencia ese día de Bohdziewicz y Gómez Mónaco junto al diputado, pero no se puedo saber a ciencia cierta el contenido de esa charla. La Justicia tardó en peritar los celulares de las asesoras y cuando, finalmente lo hizo, el contenido de los mismos fueron borrados o cambiados el celular.
Es donde, a pesar del rechazo de la jueza Capuchetti, la Cámara Federal decidió que se secuestrara el telefóno de Milman.
“Teniendo fundamentalmente en cuenta la excepcionalidad que revisten las presentes actuaciones en cuanto a la magnitud por la gravedad que tiene el hecho objeto de la investigación, entendemos que no deben restringirse diligencias -en el marco de su pertinencia- que puedan admitir avanzar o excluir responsabilidades en la pesquisa”, sostuvieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Aunque aclararon que "Milman no se halle formalmente imputado en esta pesquisa" En disidencia, el tercer juez de la Sala, Mariano Llorens, se había inclinado por rechazar el secuestro y peritaje del teléfono.
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