Dos de los integrantes de la barra brava de Nacional indagados por un doble homicidio ocurrido el 30 de marzo contra otros parciales tricolores declararon ante la Justicia que recibían cerca de $ 40.000 por partido de los dirigentes del club para organizar la logística de la hinchada.
"Lo que ellos dicen es que estaban pendientes de los transportes, de los arribos a los estadios, el traslado de los bombos, y que controlaban el comportamiento de sus compañeros", dijo a El Observador Enrique Viana, abogado de uno de los sospechosos que quedó en libertad este viernes aunque emplazado, por lo que por 60 días no podrá salir del país.
Consultado al respecto, el dirigente José López Rubio dijo ahora a El Observador que la directiva del club "no ha tratado el tema" todavía. "Nos expediremos cuando llegue a directiva", respondió. Y el vicepresidente del club, Alejandro Balbi, agregó: "No solo eso, sino que no nos consta que hayan dicho eso".
En esa audiencia judicial solo fue imputado con prisión uno de los hombres. La fiscal de Homicidios Mirta Morales entendió que, hasta el momento, las pruebas lo señalan como el único involucrado en el asesinato de otros dos barrabravas que aparecieron calcinados dentro de un auto en el barrio de Tres Ombúes por un conflicto vinculado al narcotráfico, según informó Sarandí. Las víctimas eran Federico Díaz, de 32 años – alias Dientes de oro– y Rafael de Ávila, de 33 – alias Rafita, 33 años–.
Por otra parte, Subrayado informó que el abogado del otro indagado fue enviado a prisión preventiva acusado por el homicidio, el doctor Pablo Casas, dijo que su cliente recibía el mismo dinero que cobraba el defendido de Viana y que también lo declaró ante las autoridades.
Consultada acerca de si decidió citar a dirigentes de Nacional por esas confesiones, la fiscal Morales sostuvo a El Observador que al momento descarta esa posibilidad porque entiende que el club no tiene nada que ver con el caso. "Por ahora la supuesta vinculación laboral con Nacional no estaría vinculada al homicidio", afirmó.
En el mismo sentido se expresó el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, quien dijo el viernes a El País que el homicidio no tenía vinculación con "el ámbito del fútbol".
Según informó El País en 2015, el entonces presidente de Nacional, Eduardo Ache, había declarado a la Justicia por otra causa que su club pagaba entre $ 30.000 y $ 40.000 a al menos dos referentes de la hinchada. "Los dos funcionarios que tenemos, Ramón y el Sapo, son a pedido del Ministerio del Interior, son dos referentes de la hinchada y se han incluido como funcionarios para ser incluidos en ese rol", dijo Ache en esa oportunidad.
Cuando la policía supo de las declaraciones de este viernes, revisaron el registro de las cámaras de identificación facial del Parque Central, informó Sarandi. Y allí encontraron que los clientes de Casas y Viana, en efecto, repartían dinero en la tribuna a otros referentes de la barra brava.
Viana, no obstante, molesto con la decisión de Morales de emplazar a su defendido cuando según dijo "no tiene ninguna prueba" de que siquiera tuviera algo que ver con el doble homicidio, sostuvo que su cliente –al igual que el de Casas–, tiene antecedentes por "delitos menores", como hurto, tentativa de hurto, receptación y encubrimiento.
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