Borrador de nueva constitución de Chile se centra en el medio ambiente y los derechos indígenas

Chile dio a conocer el borrador final de una nueva constitución suscitada por una ola de protestas hace dos años, presentándoles a los votantes la opción de adoptar un nuevo marco para gobernar el país centrado en los derechos ambientales e indígenas.

El documento final fue presentado en una ceremonia el lunes en la capital Santiago al presidente Gabriel Boric, quien ha apostado gran parte de su capital político en el proyecto constitucional.

“Hay algo de lo que todos tenemos que estar orgullosos”, dijo Boric al convocar un plebiscito sobre la constitución para el 4 de septiembre. “En medio de una crisis política que no se veía en nuestro país en décadas, los chilenos han optado por más democracia, no menos".

El evento fue precedido por un año de debates transmitidos en vivo desde el interior del antiguo edificio del congreso neoclásico en el centro de Santiago donde la asamblea constituyente encargada de redactar el nuevo documento realizó su labor.

Los 154 delegados, que abarcan desde maestros de escuela y científicos hasta líderes indígenas y trabajadores sociales, fueron seleccionados por el público el año pasado para deliberar sobre el futuro de Chile, durante una votación en la que la participación fue relativamente baja, del 43 por ciento.

Algunos críticos se quejan de que la asamblea es demasiado radical para representar con precisión a la sociedad chilena: dos tercios de los delegados son de izquierda, incluyendo algunos de extrema izquierda, mientras que el congreso está dividido equitativamente entre izquierda y derecha.

Para los chilenos que quieren un cambio, la reescritura es vista como la victoria más significativa de las protestas que estallaron en octubre de 2019 y desataron una ola de ira popular contra la desigualdad y los servicios públicos inadecuados en el país.

Boric, el presidente de 36 años que ha liderado el proceso, era en ese momento un congresista y uno de los firmantes de la instalación de la convención constituyente.

La convención ha llamado a su enfoque para redactar la constitución "democracia en tiempo real". Cada sugerencia, sin importar cuán poco realista fuera — como abolir la separación de poderes — fue debatida públicamente.

María Elisa Quinteros, titular de la asamblea constituyente, ha descrito el producto final como “una constitución ecológica e igualitaria con los derechos sociales en su esencia”. Pero el importante sector minero del país ya está alarmado y el apoyo entre los votantes está disminuyendo antes del referéndum de septiembre.

Los chilenos decidirán si adoptan la nueva constitución en una votación obligatoria. Si se rechaza, se mantendrá la carta actual redactada originalmente en 1980 bajo el mando del general Augusto Pinochet, aunque muy modificada desde entonces.

A diferencia de la carta actual, que enfatiza los derechos de propiedad privada, los nuevos 388 artículos transfieren ampliamente el poder al Estado en lo que respecta a la prestación de servicios y otorga derechos ambientales y sociales de gran alcance en salud, educación y vivienda.

La nueva constitución disuelve el Senado, reemplazándolo por una Cámara de Regiones en 2026, y garantiza la paridad de género en el gobierno al asignar un número igual de cargos ministeriales y estatales a hombres y mujeres. La carta también ofrece reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, que constituyen aproximadamente el 13 por ciento de la población chilena, consolidando sus derechos como comunidad.

También consagra el derecho de las personas al agua y otorga a la naturaleza misma el derecho a ser protegida y respetada, un tema que las empresas y los inversionistas han encontrado particularmente preocupante.

Chile es, por mucho, el mayor productor de cobre del mundo, y extrae más metal que los siguientes tres países combinados. También es el segundo mayor productor de litio. Si bien el Estado chileno ha desempeñado un papel importante en la industria minera, en particular a través de Codelco, de propiedad estatal, la gran mayoría de las minas son operadas por empresas privadas que cuentan con la protección de la constitución actual.

Las ambiciosas regulaciones ambientales crearían "dolores de cabeza legales que podrían prolongarse durante años", dijo Patricio Navia, politólogo chileno de la Universidad de Nueva York, y agregó que los gobiernos regionales han recibido mayores poderes en el nuevo texto, lo que complica aún más saber quién puede decidir qué es la ley en última instancia.

Entre los chilenos comunes, el apoyo a la nueva carta está disminuyendo. Encuestas recientes muestran que más votantes tienen la intención de rechazar en lugar de aprobar el documento.