Buscan que militares en la frontera puedan actuar en coordinación con los fiscales

Tal como está planteado el texto, deben recurrir primero a la Policía si detienen a un sospechoso de delitos

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25 de junio de 2018 a las 18:05

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El proyecto de ley que permite a las Fuerzas Armadas la realización de tareas de vigilancia y apoyo a los organismos con jurisdicción y competencia en la zona fronteriza (como la Dirección Nacional de Aduanas, el Ministerio del Interior, o el Ministerio de Ganadería) –remitido al Parlamento por el Poder Ejecutivo en marzo de este año–, cuenta con el visto bueno de todos los partidos, aunque hay un detalle que estudian modificar en la Comisión de Defensa Nacional del Senado, previo a votarlo y que pase al plenario de la cámara alta. Tal como está redactado el proyecto, si realizan una detención de una persona sospechosa o que haya cometido un delito, "las Fuerzas Armadas deben comunicar de forma inmediata a la autoridad policial u organismo competente, según el caso", lo que significa que, a priori, no podrán comunicarse directamente con la Fiscalía, quien ahora dirige las investigaciones.

El senador nacionalista y presidente de la comisión de Defensa Nacional, Javier García, propuso que se modifique para que si un soldado detiene a una persona en, por ejemplo, un caso de contrabando, pueda notificar al fiscal directamente. En su forma original, ese soldado debería llamar a la Policía y que sea el policía el que se comunique con el sistema judicial. "Así como está planteado termina siendo auxiliar de la Policía, auxiliares de los auxiliares. Esto de tener que llamar a la Policía para que llame al fiscal, no evita lo que quiere evitar. Porque el fiscal o el juez van a llamar a la persona que actuó (el soldado)", explicó el senador.

A raíz de ese cambio que se pretende realizar al proyecto, García convocó este lunes a la comisión al fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien coincidió en que lo ideal sería aclarar que las Fuerzas Armadas pueden tener la potestad de ser auxiliares de la Justicia, como sucede con la Prefectura Nacional.

El proyecto establece que en una zona de 20 kilómetros de ancho de la franja fronteriza, los militares podrán realizar tareas de patrullaje, identificación de personas y control de vehículos y detención en caso de delitos flagrantes.

Al igual que lo dicho por García, el fiscal de Corte explicó que en el caso de una detención de ese tipo, el nexo directo entre Fuerzas Armadas y Fiscalía "no podría eludirse" porque el fiscal tiene que hacer el llamado "control de legalidad de la detención", es decir verificar que esa persona haya sido detenida con las debidas justificaciones y garantías, por lo que necesita la versión de los militares que lo detuvieron. "Hay que describir cuáles fueron las formas, quién lo detuvo, en qué lugar fue detenido, si la detención fuera en un caso de flagrancia. En caso de ir a juicio oral obviamente el testimonio de los funcionarios aprehensores es la principal prueba en los delitos flagrantes", expresó el fiscal de Corte.


En ese sentido, García dijo que lo que se pretende es "darle el mayor blindaje y cuidado a un soldado que actúa en la frontera y que su trato sea directamente con el fiscal, que se comunique con la Justicia". "Todo lo que se interponga en el medio le quita blindaje y capacidad de acción y lo pone en una zona de dudosa legalidad que le puede complicar", expresó en rueda de prensa.

El texto indica que los 20 kilómetros de zona fronteriza se cuentan "a partir de los límites definidos en los tratados internacionales correspondientes en cada caso" y quedan excluidos los centros poblados. Eso quiere decir que si en esta distancia de ancho que dispone la legislación hay alguna vivienda, en ese hogar no tienen ninguna potestad los militares.

A su vez, el proyecto establece que "en los casos en que el personal militar designado para las tareas definidas en los artículos precedentes se viera obligado a utilizar medios materiales de coacción, deberá hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance, según cada caso". García indicó que aguardarán que el Ministerio de Defensa se exprese sobre el punto que pretende que se modifique para pedir que se vote en la comisión.

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